Procurador de Guaidó: Debe haber transparencia en el manejo de las finanzas públicas

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José Ignacio Hernández, quien fue nombrado como Procurador especial de la República por la Asamblea Nacional, detalla por qué se maneja con secreto la cantidad específica de recursos a los que tiene acceso el gobierno interino de Juan Guaidó, que reconocen más de 50 países, y lo que se ha «protegido». Habla del principio de transparencia, de supuestos peligros por los acreedores heredados del chavismo y encara señalamientos hechos sobre el manejo y disposición de esos millones de dólares. Una conversación detallada en Palabra Hecha Podcast con Víctor Amaya, de la cual puede leer extractos a continuación

-En Colombia, el senador José David Name pidió al gobierno del presidente Iván Duque intervenir la empresa Monómeros, por supuestos manejos turbios. ¿Algún comentario sobre ello?

-Es una noticia que tiene que ser tomada en cuenta con toda la seriedad del caso. La Asamblea Nacional, con la potestad que le transfiere el artículo 187 de la Constitución de Centro de gobierno creado por el presidente Juan Guaidó, son las instancias pertinentes para tomar esta denuncia e iniciar las investigaciones que correspondan. Es importante recordar que Monómeros es una filial de Pequiven, domiciliada en Colombia, y que por lo tanto escapa, en cuanto a su asistencia legal, de los ámbitos de mi competencia, que se circunscriben directamente a la administración pública venezolana.

-Cuando se habla de Colombia se recuerdan también las denuncias sobre manejos turbios de la ayuda humanitaria el año pasado. Se anunciaron investigaciones. ¿Qué ha pasado con ellas?

-Yo participé en un par de reuniones informativas al respecto, donde me limité a señalar que, si bien no había elementos de violación del derecho venezolano por la naturaleza especial de esa ayuda, sí era una denuncia que tenía que ser tratada con todo el rigor del caso, de la mano de las autoridades colombianas. Eso ha seguido su curso, principalmente en manos de las autoridades colombianas. Lamentablemente, yo no manejo directamente la información de las autoridades colombianas y por tanto no tengo a la mano los resultados de esas investigaciones.

-Se anunció una transferencia de fondos del Banco Central de Venezuela de las cuentas de un banco privado a unas cuentas de la Reserva Federal de Nueva York. ¿De cuánto dinero estamos hablando y cuál es el beneficio de esa operación?

-Hay algunos detalles que todavía no puedo revelar porque hay asuntos legales que se están resolviendo y hay convenios de confidencialidad suscritos en la materia. Dejando a salvo esa advertencia, el BCV intentó recuperar 340 millones de dólares de dos contratos de oro, y ese dinero había quedado represado en una institución bancaria privada, no como consecuencia de las sanciones sino como resultado de todos los litigios y riesgos que los acreedores representan para Venezuela. Tras una cuidadosa operación se logró que el Departamento del Tesoro ordenara transferir esos recursos a una cuenta bloqueada del banco de la Reserva Federal de Nueva York, lo cual otorga una protección debida a esos activos.

-Habla de covenios de confidencialidad, ¿de qué aspectos no se puede dar más información?

-Bueno, el monto. Con la institución bancaria privada todavía hay algunos aspectos legales que estamos cerrando y es normal que cuando hay una disputa de este estilo, se celebre un convenio de confidencialidad para evitar divulgar fallas. Entonces, lo que yo no pudiera decirte es el nombre de la institución bancaria privada y los detalles legales técnicos que estamos discutiendo para cerrar la ocasión. El punto importante es que los recursos están sanos y salvos en una cuenta bloqueada, y eso responde a una exitosa estrategia diseñada por la junta administradora del BCV, en el marco de la autonomía que reconoce la Constitución y las leyes.

-¿Ese dinero va a quedar a disposición del gobierno interino, va a poder ser usado?

-No. Hay dos razones por las cuales la respuesta es no. La primera porque el propietario es el Banco Central de Venezuela, no es la República y, por lo tanto, cualquier arreglo que se quiere hacer para que esos recursos puedan orientarse a cubrir gastos de la República, como por ejemplo los gatos amparados en la Ley de fondo especial para la liberación de Venezuela, requiere el correspondiente acuerdo administrativo entre el BCV y la República; una vez ese acuerdo se  realice, por supuesto hace falta que la AN, en el marco de esta ley, autorice la disposición de esos recursos Y, por último, se requerirá una licencia. Como pueden entender, hay tres pasos a cumplir.

-Cuando se habla de los dineros que se han ido recuperando y protegiendo, no está claro ni siquiera cuánto es la cantidad, ni cuánto está disponible para uso. ¿Han podido determinar cuánto dinero es?

-Sí, fíjate, hay un punto preliminar, y yo lo quiero recalcar. Tú no puedes hablar de activos si no hablas de pasivos. Venezuela tiene pasivos que se calculan en el orden de 140 mil millones de dólares y reclamaciones litigiosas de acreedores por el orden de 15 mil millones de dólares, eso te dice que los activos de Venezuela están en riesgo inminente, al menos por la cantidad de 15 mil millones de dólares. Cuando tú tienes este tipo de acreedores, algunos de los cuales son agresivos, no puedes andar divulgando a los cuatro vientos dónde tienes los activos. Porque si yo vengo y te digo, de acuerdo con el principio de transparencia, Pdvsa tiene tantos millones de dólares en una cuenta bancaria en Alemania, por ejemplo, al día siguiente vamos a tener demandas de los acreedores. De hecho, tenemos demandas de los acreedores. Entonces esto es un tema que tiene que manejarse con gran responsabilidad. Pero habiendo dicho eso, sí he escuchado por ahí que el gobierno interino del presidente Guaidó maneja 12 mil millones de dólares, y eso es completamente desacertado, errado, responden a datos que son completamente tergiversados y para nada se parecen a la realidad de los hechos.

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