Procurador de Guaidó: Debe haber transparencia en el manejo de las finanzas públicas
José Ignacio Hernández, quien fue nombrado como Procurador
especial de la República por la Asamblea Nacional, detalla por qué se maneja
con secreto la cantidad específica de recursos a los que tiene acceso el
gobierno interino de Juan Guaidó, que reconocen más de 50 países, y lo que se
ha «protegido». Habla del principio de transparencia, de supuestos peligros por
los acreedores heredados del chavismo y encara señalamientos hechos sobre el
manejo y disposición de esos millones de dólares. Una conversación detallada en
Palabra Hecha Podcast con Víctor Amaya, de la cual puede leer extractos a
continuación
-En Colombia, el
senador José David Name pidió al gobierno del presidente Iván Duque intervenir
la empresa Monómeros, por supuestos manejos turbios. ¿Algún comentario sobre
ello?
-Es una noticia que tiene que ser tomada en cuenta con toda
la seriedad del caso. La Asamblea Nacional, con la potestad que le transfiere
el artículo 187 de la Constitución de Centro de gobierno creado por el
presidente Juan Guaidó, son las instancias pertinentes para tomar esta denuncia
e iniciar las investigaciones que correspondan. Es importante recordar que
Monómeros es una filial de Pequiven, domiciliada en Colombia, y que por lo
tanto escapa, en cuanto a su asistencia legal, de los ámbitos de mi competencia,
que se circunscriben directamente a la administración pública venezolana.
-Cuando se habla de
Colombia se recuerdan también las denuncias sobre manejos turbios de la ayuda
humanitaria el año pasado. Se anunciaron investigaciones. ¿Qué ha pasado con
ellas?
-Yo participé en un par de reuniones informativas al
respecto, donde me limité a señalar que, si bien no había elementos de
violación del derecho venezolano por la naturaleza especial de esa ayuda, sí
era una denuncia que tenía que ser tratada con todo el rigor del caso, de la
mano de las autoridades colombianas. Eso ha seguido su curso, principalmente en
manos de las autoridades colombianas. Lamentablemente, yo no manejo
directamente la información de las autoridades colombianas y por tanto no tengo
a la mano los resultados de esas investigaciones.
-Se anunció una
transferencia de fondos del Banco Central de Venezuela de las cuentas de un
banco privado a unas cuentas de la Reserva Federal de Nueva York. ¿De cuánto
dinero estamos hablando y cuál es el beneficio de esa operación?
-Hay algunos detalles que todavía no puedo revelar porque
hay asuntos legales que se están resolviendo y hay convenios de
confidencialidad suscritos en la materia. Dejando a salvo esa advertencia, el
BCV intentó recuperar 340 millones de dólares de dos contratos de oro, y ese dinero
había quedado represado en una institución bancaria privada, no como
consecuencia de las sanciones sino como resultado de todos los litigios y
riesgos que los acreedores representan para Venezuela. Tras una cuidadosa
operación se logró que el Departamento del Tesoro ordenara transferir esos
recursos a una cuenta bloqueada del banco de la Reserva Federal de Nueva York,
lo cual otorga una protección debida a esos activos.
-Habla de covenios de
confidencialidad, ¿de qué aspectos no se puede dar más información?
-Bueno, el monto. Con la institución bancaria privada
todavía hay algunos aspectos legales que estamos cerrando y es normal que
cuando hay una disputa de este estilo, se celebre un convenio de
confidencialidad para evitar divulgar fallas. Entonces, lo que yo no pudiera
decirte es el nombre de la institución bancaria privada y los detalles legales
técnicos que estamos discutiendo para cerrar la ocasión. El punto importante es
que los recursos están sanos y salvos en una cuenta bloqueada, y eso responde a
una exitosa estrategia diseñada por la junta administradora del BCV, en el
marco de la autonomía que reconoce la Constitución y las leyes.
-¿Ese dinero va a
quedar a disposición del gobierno interino, va a poder ser usado?
-No. Hay dos razones por las cuales la respuesta es no. La
primera porque el propietario es el Banco Central de Venezuela, no es la
República y, por lo tanto, cualquier arreglo que se quiere hacer para que esos
recursos puedan orientarse a cubrir gastos de la República, como por ejemplo
los gatos amparados en la Ley de fondo especial para la liberación de
Venezuela, requiere el correspondiente acuerdo administrativo entre el BCV y la
República; una vez ese acuerdo se
realice, por supuesto hace falta que la AN, en el marco de esta ley,
autorice la disposición de esos recursos Y, por último, se requerirá una
licencia. Como pueden entender, hay tres pasos a cumplir.
-Cuando se habla de
los dineros que se han ido recuperando y protegiendo, no está claro ni siquiera
cuánto es la cantidad, ni cuánto está disponible para uso. ¿Han podido
determinar cuánto dinero es?
-Sí, fíjate, hay un punto preliminar, y yo lo quiero recalcar. Tú no puedes hablar de activos si no hablas de pasivos. Venezuela tiene pasivos que se calculan en el orden de 140 mil millones de dólares y reclamaciones litigiosas de acreedores por el orden de 15 mil millones de dólares, eso te dice que los activos de Venezuela están en riesgo inminente, al menos por la cantidad de 15 mil millones de dólares. Cuando tú tienes este tipo de acreedores, algunos de los cuales son agresivos, no puedes andar divulgando a los cuatro vientos dónde tienes los activos. Porque si yo vengo y te digo, de acuerdo con el principio de transparencia, Pdvsa tiene tantos millones de dólares en una cuenta bancaria en Alemania, por ejemplo, al día siguiente vamos a tener demandas de los acreedores. De hecho, tenemos demandas de los acreedores. Entonces esto es un tema que tiene que manejarse con gran responsabilidad. Pero habiendo dicho eso, sí he escuchado por ahí que el gobierno interino del presidente Guaidó maneja 12 mil millones de dólares, y eso es completamente desacertado, errado, responden a datos que son completamente tergiversados y para nada se parecen a la realidad de los hechos.
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