Presentarán ante la CPI informe paralelo sobre situación de DDHH en el país

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El canciller Jorge Arreaza, en compañía del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, entregaron este lunes el informe llamado «La verdad de Venezuela contra la infamia», al Nuncio Apostólico, Aldo Giordano, y al coordinador general de la ONU en el país, Peter Grohmann, con la finalidad de que sea remitido al secretario general de esa organización, António Guterres.

El informe elaborado por el gobierno busca desmontar el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y desestimar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país.

Arreaza aseguró que esta es la primera entrega del informe y dijo que tienen más información para desmontar el «adefesio» que presentó la misión de la ONU. Asimismo, indicó en las próximas semanas viajarán a la Corte Penal Internacional (CPI) para llevar el documento ante esa instancia, que adelanta una investigación sobre la materia contra en régimen venezolano.

De acuerdo con los representantes del gobierno, el informe de la Organizaciones de las Naciones Unidas fue un documento pagado por el Grupo de Lima. «Son tres expertos a quienes se les ha pagado de tres a cinco millones de dólares y ni siquiera tuvieron el interés de comunicarse con el Ministerio Público», dijo Tarek William Saab; no obstante, hay que recordar que la administración de Nicolás Maduro no le permitió el ingreso al país a los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos.

El oficialismo considera que el informe presentado por la ONU «hace política de agresión con los derechos humanos en vez de hacer política para los derechos humanos». En este sentido, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, pidió no ver los DDHH de forma parcializada porque cree que con el informe de la ONU se está usando como excusa los derechos humanos «para atacar al pueblo».

A juicio de Saab, el informe presentado por la ONU tiene la intención de «dinamitar, afectar y obstaculizar el trabajo que le ha delegado la ONU a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet»; la cual ya tiene un año trabajando en el país.

Desde la perspectiva del oficialismo, el documento de la Organización de las Naciones Unidas «es irregular desde el punto de vista metodológico» porque «recabaron información por redes sociales, nunca realizaron experticias técnicas, mucho menos, solicitaron información al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Defensoría del Pueblo y Ministerio Público», expresó Tarek William Saab.

Con información de Tal Cual

La Mañana

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