MP entrega cuarto informe para responder a requerimientos de la CPI

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El fiscal general designado por la ilegítima y disuelta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un informe de ampliación de la respuesta dirigida por la institución a la Fiscalía de la Haya.

Se trata del cuarto informe elaborado por el MP para ofrecer detalles a la Fiscalía de la CPI «información detallada de todos los procedimientos abiertos para la investigación de presuntas violaciones de Derechos Humanos», después de que el ente internacional encontrase una «base razonable» para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela durante las protestas de 2017.

Mediante un comunicado del MP, las autoridades venezolanas afirman que estos informes se han elaborado «desde el momento en que se les requirió» y que, en esta oportunidad, se presenta un listado con la actualización de las causas sobre las que se ha suministrado información en los informes anteriores.

En este sentido, explican que el documento presenta un «relato más extenso» sobre algunas causas que se llevan a cabo y sus «avances procesales», sumado a causas incoadas posterior a las manifestaciones de 2017.

También resalta «avances» en materia legislativa y de renovación de las instituciones, haciendo énfasis en cambios administrativos referentes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ya que ambos entes pasaron de estar adscritos a la vicepresidencia de la República, para ahora pasar a formar parte del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz.

Cuando se concretó este cambio de dependencias, se presumió que la decisión podría intentar burlar responsabilidades del Ejecutivo ante la CPI, debido a las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el Sebin, con especial énfasis en la muerte del concejal Fernando Albán mientras se encontraba bajo custodio del cuerpo policial en octubre de 2018.

Sin embargo, Saab denunció que el gobierno chavista «trabaja completamente a ciegas» en cuanto a la información oficial que recibe de la Fiscalía de la CPI, por lo que se ha visto en la obligación de recurrir al análisis de los informes que presumiblemente habría usado el organismo internacional como fuente en sus investigaciones.

«En la documentación aportada por parte de las autoridades venezolanas y que se encuentra ya en la Fiscalía de la CPI, se da debida cuenta sobre el estado actual de los expedientes referidos a personas concretas que se mencionan en dichos informes», acota el comunicado.

Por otra parte, destaca el compromiso que aseguran tener el MP y las autoridades venezolanas para proporcionar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional «todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad de procurar una tutela judicial efectiva» para facilitar el trabajo de la institución internacional.

Con información de TalCual

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