Gobierno afinca persecución y vigilancia del enemigo interno en redes sociales
El gobierno afianza la persecución y el control del enemigo interno. Aunque la detención de la disidencia no es una acción nueva del régimen de Nicolás Maduro, en los últimos días los métodos de persecución se basan en el seguimiento de los mensajes telefónicos y publicaciones en las redes sociales.
Este patrón se ha aplicado para dirigentes sindicales, trabajadores de la salud, periodistas, y otros ciudadanos. El mecanismo arrecia en tiempos de covid-19 y muchas de las detenciones han sido realizadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“La persecución del gobierno hacia cualquier ciudadano es recurrente. Pero ahora, además, se utiliza la situación del covid-19 como otro medio para que la gente no opine, y se intervienen las comunicaciones privadas. Llegamos a mayores niveles de represión, a un mayor control social y a reforzar la figura del enemigo interno como política de Estado”, advierte Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia.
Para Mairis Balza, coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos y La Ciudadanía (Codehciou), la teoría del enemigo interno es aplicada por el gobierno con la finalidad de causar terror. Al mismo tiempo, expresa, el objetivo es enviar un mensaje ejemplarizante que disuada la protesta o la expresión disidente. La persecución se ejecuta también contra quienes refieran o reproduzcan mensajes relacionados con funcionarios del entorno de Maduro.
Alí Daniels añade que otro cariz de la persecución es la aplicación de la Ley Contra el Odio. Esta norma, acota, prevé sanciones muy altas e incluso penas de prisión de hasta por 20 años.
Persecución y control
El director de Acceso a la Justicia señala que la aplicación de la figura del enemigo interno trae consigo la violación del debido proceso y del derecho a la defensa. Entre finales de marzo y principios de abril de 2020, en Bolívar, la persecución tuvo como blanco a Elio Mendoza, trabajador de la planta de pellas en Sidor, y a Tania Rodríguez, extrabajadora de Ferrominera del Orinoco.
En la lista de las más recientes persecuciones también figura la bioanalista Andrea Sayago (Trujillo), por difundir información sobre el covid-19. Asimismo, Darelis Mercedes Corales Cabeza (Portuguesa), detenida por, presuntamente, haberle enviado un mensaje de texto a la esposa de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a quien la Dgcim allanó la vivienda el 27 de marzo.
También, Poliyaracuy detuvo a una mujer que grabó información sobre un supuesto caso del coronavirus. A finales de marzo, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron al periodista Darwinson Rojas, a quien fueron a buscar a su casa tras publicar un tuit en el que indicó cifras adicionales sobre el coronavirus.
Darelis Mercedes Corales Cabeza cumple este domingo, 5 de abril, nueve días detenida. Sobre su persona pesa una imputación por delitos de odio desde el pasado 29 de marzo, cuando fue presentada por la Fiscalía… https://www.instagram.com/p/B-poldzjxBv/?igshid=1fdhsfd0lci3x …1615:06 – 6 abr. 2020Información y privacidad de Twitter Ads34 personas están hablando de esto
A Mendoza y a Rodríguez se les imputaron delitos por opinar o por reproducir mensajes. El proceso avanza sin una investigación previa y bien fundamentada.
En ese sentido, Alí Daniels puntualiza que, si se da una investigación ajustada a derecho, lo procedente es que los acusados, que no tienen ningún prontuario, sean juzgados en libertad. “Además nadie puede ser procesado por la fiel reproducción de un mensaje”, enfatiza. Otro aspecto señalado por el activista es que el gobierno persigue por la información que se emite sobre el covid-19. “El decreto de estado de alarma no prevé sanciones por su incumplimiento”, subraya.
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