El bloqueo, por Douglas Játem Villa
Tiempo falconiano
Nicolás Maduro plantea una supuesta situación de guerra para agregar una ley que le permita incrementar sus “poderes y atribuciones” gubernamentales, y en consecuencia poder afectar y disminuir, según considere necesario, las libertades y demás derechos de los ciudadanos venezolanos, para defender y preservar debidamente al país. Se debe impedir que esta ley no empeore las condiciones que posibilitaron que se cometieran las violaciones de derechos humanos denunciadas recientemente, en el conocido informe al respecto presentado a la ONU.
Esto hace necesario responder algunas preguntas. Contra quién está en guerra el gobierno?. No es contra la oposición venezolana, la cual ni es guerrerista, ni tiene las armas necesarias para guerrear. No es contra algún gobierno extranjero, dado que los únicos militares foráneos que pueden estar en Venezuela son cubanos y, quizás, los de algún otro gobierno amigo del gobierno, como rusos, iraníes y otros. El gobierno seguramente indicará a Estados Unidos, dadas las diferencias públicas y notorias con el gobierno de este país, especialmente en materia de la vigencia de la libertad, los derechos humanos, el narcotráfico, y otras materias, pero la realidad no muestra la existencia siquiera de un fusil “yanqui” en territorio venezolano.
Sin embargo, el gobierno del país del norte si denuncia y hace responsable, como lo hacen los gobiernos de más de otros 50 países, al gobierno venezolano por su muy condenable comportamiento en los asuntos vitales ya referidos. Se pregunta uno, ¿estará Venezuela en guerra contra tantos países?. Ni el mismo Maduro ha llegado a insinuar eso. Entonces surge otra pregunta relativa a qué más poder necesita el gobierno venezolano para imponer más restricciones a la simple vida y existencia de rutina del pueblo venezolano, ya agobiado por las severas limitaciones derivadas de un arbitrario “combate gubernamental” de la pandemia Covid 19,el cual ha recibido cuestionamientos técnicos y científicos dignos de ser atendidos. ¿Necesita más poder para cumplir su responsabilidad de posibilitar unas condiciones elementales de vida al venezolano, para que cuente con un ingreso y un abastecimiento natural y elemental de gasolina, agua, electricidad, gas, medicamentos y otros bienes y servicios esenciales?
El gobierno procura culpar a otros, como a las sanciones del gobierno estadounidense, con fundamente técnico y legal, de la destrucción de PDVSA y de la industria petrolera en general, aunque ellos saben mejor que nadie la verdad, saben que la causa ha sido la corrupción y la incapacidad de su gestión, como lo demuestran ellos mismos al pretender que el único culpable es Rafael Ramírez y su “combo”. Así como se encuentra la culpa, la incapacidad, la corrupción del gobierno en PDVSA, se registra esa misma realidad en todo el ámbito de la gestión gubernamental, o quizás se deba indicar la ausencia de gestión. Otra pregunta es qué puede, o quiere hacer el gobierno, para combatir el desastre, para librar la guerra que si debe pelear?.La respuesta es nada porque su único interés, el supremo, es conservar Miraflores. Pero el derecho y reclamo legítimo, constitucional y democrático del pueblo de Venezuela, es su bienestar y su felicidad. Y los conquistaremos.