El bloqueo, por Douglas Játem Villa

Tiempo falconiano

Nicolás Maduro plantea una supuesta situación
de guerra para agregar una ley que le permita incrementar sus “poderes y
atribuciones” gubernamentales, y en consecuencia poder afectar y disminuir,
según considere necesario, las libertades y demás derechos de los ciudadanos
venezolanos, para defender y preservar debidamente al país. Se debe impedir que
esta ley no empeore las condiciones que posibilitaron que se cometieran las
violaciones de derechos humanos denunciadas recientemente, en el conocido informe
al respecto presentado a la ONU.

Esto hace necesario responder algunas
preguntas. Contra quién está en guerra el gobierno?. No es contra la oposición
venezolana, la cual ni es guerrerista, ni tiene las armas necesarias para
guerrear. No es contra algún gobierno extranjero, dado que los únicos militares
foráneos que pueden estar en Venezuela son cubanos y, quizás, los de algún otro
gobierno amigo del gobierno, como rusos, iraníes y otros. El gobierno seguramente
indicará a Estados Unidos, dadas las diferencias públicas y notorias con el
gobierno de este país, especialmente en materia de la vigencia de la libertad,
los derechos humanos, el narcotráfico, y otras materias, pero la realidad no
muestra la existencia siquiera de un fusil “yanqui” en territorio venezolano.

Sin embargo, el gobierno del país del norte si
denuncia y hace responsable, como lo hacen los gobiernos de más de otros 50
países, al gobierno venezolano por su muy condenable comportamiento en los
asuntos vitales ya referidos. Se pregunta uno, ¿estará Venezuela en guerra
contra tantos países?. Ni el mismo Maduro ha llegado a insinuar eso. Entonces
surge otra pregunta relativa a qué más poder necesita el gobierno venezolano
para imponer más restricciones a la simple vida y existencia de rutina del
pueblo venezolano, ya agobiado por las severas limitaciones derivadas de un
arbitrario “combate gubernamental” de la pandemia Covid 19,el cual ha recibido
cuestionamientos técnicos y científicos dignos de ser atendidos. ¿Necesita más
poder para cumplir su responsabilidad de posibilitar unas condiciones
elementales de vida al venezolano, para que cuente con un ingreso y un
abastecimiento natural y elemental de gasolina, agua, electricidad, gas,
medicamentos y otros bienes y servicios esenciales?

El gobierno procura culpar a otros, como a las
sanciones del gobierno estadounidense, con fundamente técnico y legal, de la
destrucción de PDVSA y de la industria petrolera en general, aunque ellos saben
mejor que nadie la verdad, saben que la causa ha sido la corrupción y la
incapacidad de su gestión, como lo demuestran ellos mismos al pretender que el
único culpable es Rafael Ramírez y su “combo”. Así como se encuentra la culpa,
la incapacidad, la corrupción del gobierno en PDVSA, se registra esa misma
realidad en todo el ámbito de la gestión gubernamental, o quizás se deba
indicar la ausencia de gestión. Otra pregunta es qué puede, o quiere hacer el
gobierno, para combatir el desastre, para librar la guerra que si debe
pelear?.La respuesta es nada porque su único interés, el supremo, es conservar
Miraflores. Pero el derecho y reclamo legítimo, constitucional y democrático del
pueblo de Venezuela, es su bienestar y su felicidad. Y los conquistaremos.