Provea: Torturas aumentaron 500% en los primeros 9 meses de 2019
Un estudio realizado por Provea entre los meses de enero y
septiembre, contabilizó a nivel nacional un total de 34 casos de
tortura, que incluyeron a 554 víctimas, un aumento de 508,25% en el
número de afectados respecto a todo el año 2018.
Coordinador de Provea Rafael Uzcátegui
Es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas.
La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,55% (546) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,90% (5) pertenecen al género femenino. En el restante 0,54% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 18 y los 50 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; patadas e insultos.
Del total de víctimas contabilizadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 408 (73,64%) fueron personas privadas de libertad vinculadas a la comisión de delitos comunes; 124 (22,38%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro, y otras 22 personas (3,97%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
En siete casos registrados por Provea entre enero y septiembre de 2019 las víctimas superan la decena.
En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116 víctimas de torturas, todas, militares detenidos y acusados de conspiración, terrorismo y traición a la patria, y torturados en la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, al noreste de Caracas.
Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el CICPC es señalado como responsable, 130 en un caso que involucra a Custodios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP) y otras 30 víctimas en un caso que involucra a la Guardia Nacional Bolivariana.
Con información de Noticiero Digital