Provea: Torturas aumentaron 500% en los primeros 9 meses de 2019
Un estudio realizado por Provea entre los meses de enero y
septiembre, contabilizó a nivel nacional un total de 34 casos de
tortura, que incluyeron a 554 víctimas, un aumento de 508,25% en el
número de afectados respecto a todo el año 2018.

Coordinador de Provea Rafael Uzcátegui
Es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de
monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a
las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad
oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución
de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas
para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un
sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor
de casos de torturas.
La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y
pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este
delito. El 98,55% (546) de las víctimas individualizadas fueron de
género masculino, mientras que el 0,90% (5) pertenecen al género
femenino. En el restante 0,54% (3) de las víctimas no pudo identificarse
el género. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 18 y los 50
años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas
consistieron en golpes; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión;
patadas e insultos.
Del total de víctimas contabilizadas por Provea entre los meses de
enero y septiembre, 408 (73,64%) fueron personas privadas de libertad
vinculadas a la comisión de delitos comunes; 124 (22,38%) militares
detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra
la dictadura de Nicolás Maduro, y otras 22 personas (3,97%) fueron
civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a
la manifestación pacífica.
En siete casos registrados por Provea entre enero y septiembre de 2019 las víctimas superan la decena.
En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116 víctimas de
torturas, todas, militares detenidos y acusados de conspiración,
terrorismo y traición a la patria, y torturados en la sede del organismo
en el sector Boleíta Norte, al noreste de Caracas.
Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el CICPC es señalado como responsable, 130 en un caso que involucra a Custodios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP) y otras 30 víctimas en un caso que involucra a la Guardia Nacional Bolivariana.
Con información de Noticiero Digital