Protestas y cortes eléctricos se intensifican en Venezuela tras apagones de más de 10 horas
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.101 protestas en septiembre de 2026. De ese total, 531 estuvieron vinculadas con interrupciones del servicio eléctrico y otros reclamos sobre el sistema.
Hace una semana, Rodríguez afirmó que el alivio a la crisis llegará “pronto” y cuestionó la quema de neumáticos durante las manifestaciones. La oposición y especialistas atribuyen las fallas a casos de corrupción y a la falta de mantenimiento del sistema. El Gobierno chavista, por su parte, responsabiliza a las sanciones, factores climáticos y presuntos sabotajes.
El anuncio ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aplazó por segunda vez el debate final sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico, una iniciativa que busca abrir espacio a la inversión privada en un sector afectado por apagones tras más de una década de crisis.
El diputado chavista Pedro Carreño solicitó la postergación de la discusión tras argumentar que el Parlamento avanzó de “manera fecunda” en el análisis de parte de los más de 20 artículos previstos para la reforma.
La Asamblea prevé retomar el tratamiento del proyecto en una próxima sesión, aunque no fijó una fecha. La propuesta regula la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio venezolano y los “intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización”, de acuerdo con la lectura presentada en una sesión ordinaria.
El texto establece que busca “contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad”.
También plantea “asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas”. La iniciativa añade entre sus objetivos la construcción de un sistema eléctrico nacional “eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro”, con garantías para los derechos de los usuarios.
Con información de EFE