Magaly Vásquez pide frenar la discrecionalidad ministerial en nueva ley universitaria
Magaly Vásquez, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dijo en entrevista para El Ucabista que la nueva Ley de Universidades debe garantizar la autonomía universitaria y establecer reglas claras que no queden expuestas a la discrecionalidad de la administración de turno.
Vásquez explicó que la legislación vigente, con más de 50 años de antigüedad, regula escasamente la educación universitaria privada y remite principalmente a la autorregulación.
Aunque reconoció que el marco normativo amerita una actualización, insistió en que el centro de cualquier reforma debe ser brindar seguridad jurídica y fijar estándares de calidad en infraestructura y perfil docente.
«Esto no puede depender del funcionario en funciones, sino de reglas claras aplicables a todas las instituciones por igual», aseveró la doctora en Derecho, quien advirtió que la operatividad y el desarrollo académico del sector privado requieren estabilidad para evitar la parálisis institucional.
Vásquez citó el caso de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la UCAB, cuya aprobación tardó 12 años. Detalló que la pérdida progresiva de competencias de los núcleos técnicos de autoridades, que antes evaluaban técnicamente los proyectos y emitían informes especializados, dejó los procesos a merced de interpretaciones y exigencias no contempladas en las normas formales.
Igualmente, la abogada urgió a adecuar la legislación a los nuevos formatos pedagógicos, elevando a rango de ley figuras como la educación a distancia, la regulación de posgrados, los esquemas de doble titulación y la acreditación de competencias.
Según explicó, la alta rotación del personal administrativo suele generar ambigüedades en la interpretación de estas modalidades cuando solo están reguladas por normas sublegales o resoluciones.
Vásquez también advirtió sobre los riesgos de aprobar normativas apresuradas sin la debida discusión técnica con las universidades. «Lo crucial no es la prisa política, hacer leyes de forma apresurada para enviar el mensaje de que las cosas van a cambiar solo genera mayor frustración cuando la realidad sigue igual», señaló.
Estimó que un trabajo legislativo serio sobre un borrador oficial requeriría entre tres y seis meses, periodo que debe incluir análisis de impacto económico y una consulta pública abierta. Aunque la UCAB aún no ha sido convocada formalmente a mesas de trabajo, confirmó que los canales de diálogo técnico y académico se mantienen abiertos con el Ministerio de Eduación Superior.
Más allá de los aspectos legales, Vásquez enfatizó que la universidad privada no puede analizarse como una isla desvinculada de la crisis que atraviesa la educación superior pública. En ese sentido, ratificó el respaldo de la UCAB a las reivindicaciones salariales y presupuestarias de las instituciones públicas. A su juicio, en la medida en que estas funcionen mejor, entonces mejorará todo el sector.
«En el contexto nacional, la UCAB se ubica entre las instituciones con mejores condiciones de remuneración docente. Pero quisiéramos contar con un número mayor de profesores a dedicación exclusiva e investigadores. Eso requiere inversiones financieras que no se pueden trasladar íntegramente al costo de la matrícula, pues la universidad se volvería inaccesible. Contar con incentivos o un respiro financiero permitiría destinar más recursos a la investigación. A pesar de los condicionantes económicos, mantenemos nuestro compromiso firme con la misión educadora», detalló.
La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, anunció la activación de mesas de trabajo y el diseño de metodologías de consulta para el debate de la nueva Ley de Universidades, luego de que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobara por unanimidad la discusión el pasado 5 de octubre.
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