La ONU rechazó que el régimen chavista ataque a defensores de DDHH en Venezuela

Comparte

Los ataques a activistas, periodistas y otras personas que han ayudado a las Naciones Unidas a destapar casos de abusos en los derechos humanos continúan en todo el mundo, y también en países latinoamericanos como México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia o Nicaragua, destacó hoy un informe de la ONU.

El informe anual fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la subsecretaria general de la ONU Ilze Brands Kehris, y recoge denuncias de represalias contra al menos 240 colaboradores con la ONU en 45 países, entre ellos seis citados en Latinoamérica.

El expediente más voluminoso en la región es el de Venezuela, donde el informe constató “múltiples denuncias de intimidación y represalias contra defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil que cooperaron con Naciones Unidas”.

Estos colaboradores son a menudo tachados de “criminales”, “mercenarios”, “terroristas” y “enemigos del Estado” en lugares de internet ligados al régimen de Venezuela, e incluso se les ha calificado en esos términos en foros de la ONU, lamentó Brands Kehris.

El documento también subraya que las condiciones de algunos detenidos en Venezuela han empeorado en los 12 meses estudiados a raíz de que cooperaran con la ONU, caso del capitán de la Armada Luis de la Sotta, privado de libertad desde hace más de tres años.

Destaca por otro lado la detención arbitraria este año -aunque fueron posteriormente liberados- de cinco miembros de la ONG Azul Positivo, de ayuda a personas con VIH/sida.

El informe continuó el seguimiento del conocido caso de la jueza venezolana Lourdes Afiuni, privada durante años de libertad desde que en 2009 ordenara la libertad del banquero venezolano Eligio Cedeño por recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas.

Los tribunales dieron la libertad condicional a la jueza en 2019, aunque en noviembre de 2020 rechazaron la apelación de ésta a su más reciente condena a cinco años de prisión, pese a las aparentes irregularidades del proceso.

El caso de Afiuni, subraya el informe, “es emblemático y ha generado un extendido miedo entre los jueces del país a dictar sentencias contrarias a la voluntad del Gobierno”.

EFE.