Juez británico decide si entrega oro a Maduro o espera elecciones
Según datos del World Gold Council, Venezuela posee un total de 161,2 toneladas de oro y el gobierno de Maduro las solicita para enfrentar el coronavirus. Un tribunal de la Alta Corte de Londres examinó esta cuestión durante cuatro días en el marco de una querella del Banco Central de Venezuela (BCV) contra el Banco de Inglaterra (BoE) para recuperar más de 30 toneladas de oro, valoradas en mil millones de dólares.
En el último día de vistas, el abogado Andrew Fulton, que representa los intereses de Juan Guaidó, argumentó que «no es el papel (…) de la justicia inglesa interferir en los asuntos internos de un Estado extranjero soberano», y poner en duda las decisiones tomadas por Guaidó, tras reconocerlo como «presidente constitucional interino» en febrero de 2019.
El gobierno de Boris Johnson repitió en una carta lo dicho por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, en 2019: que reconoce a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles».
El abogado del gobierno de Venezuela, Nick Vineall, dijo que “esos no son argumentos políticos, y aunque algunos de ellos (…) plantean cuestiones de interpretación de la Constitución de Venezuela, bajo la ley venezolana eso no es una cuestión política sino jurídica».
Efectivamente, consultado por el tribunal, el gobierno de Boris Johnson repitió en una carta lo dicho por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, en 2019, pero Vineall dice que eso fue un acto «meramente político» que no le otorga ningún poder, algo que además se hizo “de manera un poco ambigua», según reconoció a la AFP Diego Moya-Ocampos, experto sobre las Américas para el grupo londinense de análisis de riesgos IHS Markit.
«La corte debe decidir si tiene implicaciones suficientes como para que él válidamente nombrase una junta directiva del banco central», agrega.
Tras «invalidar» al presidente del BCV Calixto Ortega, en julio de 2019, Guaidó nombró su propia dirección de la institución, una decisión que poco después fue anulada por la Corte Suprema de Venezuela, a manos del chavismo, pero Fulton argumentó que la Corte Suprema venezolana es «una marioneta del régimen corrupto» de Maduro.
Sin embargo, el juez Teare se preguntó si «¿un acto de Estado ilegal sigue sin embargo siendo un acto de Estado?». De todas formas, a juicio de Moya-Ocampos, «es muy poco probable que la corte vaya a autorizar la transferencia de los activos hacia la administración de Maduro». Los lingotes podrían simplemente permanecer en las cámaras acorazadas de Londres hasta que se celebren elecciones transparentes.
En los últimos años, «ha venido vendiendo parte de esas reservas de forma poco transparente y ese dinero no se ha utilizado para financiar ayuda humanitaria, ni tampoco ha entrado a las arcas del tesoro venezolano», afirma el analista.
Y asegura que existe en Londres «un gran temor por el daño reputacional para el Banco de Inglaterra, para las cortes británicas y para el Reino Unido como tal porque, evidentemente, estamos hablando de mucho dinero que sencillamente no va a ser destinado a ayuda humanitaria».
El régimen de Maduro asegura necesitar los fondos para luchar contra la pandemia de covid-19, pero lo cierto es que lleva más de año y medio intentando repatriar estos lingotes.
En opinión Moya-Ocampos, «el tema del coronavirus es simplemente un pretexto».
La dictadura aseguró haber negociado que el dinero se trasfiera directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de medicamentos y suministros médicos.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD sólo confirmó que Caracas le hizo la propuesta y que el organismo está dispuesto a «explorarla» en el marco de un eventual acuerdo entre el BCV y el BoE.
El resultado de este juicio puede sentar un precedente para otros fondos venezolanos bloqueados en el extranjero, señala Moya-Ocampos.
La junta del BCV nombrada por Guaidó pidió al BoE que no entregue el dinero para evitar que sirva al enriquecimiento personal de figuras del régimen y la represión de la población civil.
Con información de Diario Las Américas y AFP.