Grupo de falconianos refugiado en Andalucía sin asilo en España

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Tulio Enrique Mendoza, ex síndico municipal de Acosta, permanece junto a otros venezolanos, varios falconianos como él entre ellos, en España como parte de la diáspora venezolana que se fue a Europa. Esperan asilo tratan de adaptarse. De su caso se ocupo el Diario ABC de España en un reportaje publicado esta semana por la periodista Francis Silva y que reproducimos a continuación parcialmente.

Tulio Mendoza y Salvador Guarecuco, exiliados venezolanos, en la Faculad de Derecho de Málaga forman parte del exilio venezolano refugiado en Andalucía, sin asilo en España.

Mas de 12.000 personas esperan en la región una resolución que el Gobierno está negando.
Tulio Enrique Mendoza quiso ser alcalde de Acosta, un municipio de cerca de 20.000 habitantes al norte de Venezuela bañado por el mar Caribe. ¿Su problema? Que era el candidato de Voluntad Popular, el partido político fundado por Leopoldo López, uno de los principales opositores del régimen de Nicolás Maduro, actualmente refugiado en la embajada española en Caracas.

No lo consiguió, pero este abogado de 46 años, grandulón y de carácter afable, continuó con su carrera política coordinando para su formación diferentes citas en las que incluso doblaron el pulso a los jerifaltes del regimen venezolano. Era demasiado, y pronto empezó a verse envuelto en demasiados problemas. A sus clientes se lo dejaban claro:«si sigue defendiéndote éste, sigues en la cárcel». Y la cosa pasó a mayores cuando después de una discusión con un militar terminó con un golpe en la cabeza que creyó que termina con su vida.

Persistir en su país se volvió tarea imposible. En diciembre de 2017 pasó a Colombia por una de las «trochas» (pasos fronterizos clandestinos) y voló hasta Barajas.

Allí tuvo mas problemas. Dos horas retenido en las que la policía no paraba de preguntarle el motivo de su huida a España.Tras una corta estancia en Burgos —«demasiado frío, hermano»—reside desde marzo de 2018 en Málaga, esperando como muchos de sus compatriotas una respuesta del Ministerio del Interior a su petición de asilo.

Sabe que lo tiene difícil. A su amigo Salvador Guarecuco, también refugiado en la capital de la Costa del Sol después de «desertar» de la persecución política en Venezuela, le acaban de denegar esa demanda. Lo mismo que le ha pasado a cerca de 40.000 de sus compatriotas el año pasado, el ejercicio en el que se disparó el éxodo de venezolanos llegados a España huyendo de una miseria cada vez más acuciante o la represión.

«España está lavando la cara a Maduro al rechazar las peticiones de asilo con una fórmula general de copia y pega a peticiones que vienen debidamente justificadas de forma individualizada, como pide la legislación», se queja Guarecuco a ABC. «Es como si el Gobierno dijera que en Venezuela no se están vulnerando los derechos humanos».

Abogado como Mendoza, tuvo que dejar su país después de ser acusado por el régimen de traición a la patria y vilipendio y obstrucción a la Justicia. Su pecado, además de haber aspirado a una plaza de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, formar parte del Observatorio Penal Venezolano, una organización no gubernamental que trata de vigilar el lamentable respeto al estado de Derecho que se da en el país americano.

Fuera del limbo
El Gobierno, al menos, sí ha dado un paso para sacar a los miles de venezolanos que llegan cada año al país del limbo jurídico en el que se encontraban. Está denegando el asilo, pero por contra concede, casi en la totalidad de las peticiones, un permiso de residencia por razones humanitarias que dura dos años, con posibilidad de prórroga, gracias al que pueden vivir y trabajar en nuestro país.

Se trata, sin embargo, de una medida agridulce que no contenta a todos los exiliados. Además de la razón ideológica de base —no se reconoce que hayan tenido que emigrar por persecución política ante un temor «razonable» a que su vida o libertad corran peligro—, existe otro problema más relacionado con la supervivencia.

Guarecuco ha conseguido trabajo. después de cursar un master. Está empleado como asesor ejecutivo y de formación en una agencia privada del sector de transportes. Sigue colaborando con asociaciones de ayuda al pueblo venezolano. Mendoza, por su parte, relata que «pincha» en la hostelería para poder seguir costeándose los estudios que realiza en la Facultad de Derecho para conseguir el grado y que su carrera anterior pueda ser homologada.

Pero no todos tienen suerte, en un mercado de trabajo no siempre fácil. Y al no serles concedido el asilo, no pueden acceder al programa de derechos que recoge la legislación internacional.

Ello implica en última instancia determinadas ayudas económicas por parte del Estado, como recuerda Samuel Linares, coordinador de Cruz Roja en Málaga, quien califica ese programa como«contuntende», pero cifra en sólo un 5% las peticiones de asilo o protección internacional que están siendo concedidas.

Derivados a las ONG
Entonces, ¿qué hacen? Linares explica que los exiliados son derivados por parte del Ministerio a los programas que hacen organizaciones como la que dirige. «Se elabora un plan individualizado en función de la vulnerabilidad que presente cada uno de ellos o de sus condiciones familiares».

A partir de aquí, se les da respuesta en material social, psicosocial, orientación laboral y educación social. Así, se colabora con ellos en la escolarización de sus niños y se les ayuda para que puedan acceder a las tarjetas sanitarias o iniciarse en planes de empleo para su inserción laboral, entre otras cuestiones. Linares prefiere no hacer un retrato general del migrante que abandona Venezuela «Hay situaciones de necesidad muy acuciantes y otras que vienen con mayores posibilidades de recursos», aduce.

Desentendido el Gobierno ya de ellos al menos hasta que tenga que concederles la prórroga al permiso de residencia, a los venezolanos no les queda otra que acudir a otras administraciones para que les ayuden en los casos de mayor precariedad. ¿Y cuál tienen más cerca? Los ayuntamientos.

Ruth Sarabia, concejal de Participación e Inmigración del Ayuntamiento de Málaga, plantea el problema que esto supone, pues el Consistorio termina costeando ayudas que, por su naturaleza, podrían competer al Estado. No se esconde, en cualquier caso. Málaga tiene firmado un convenio con las tres entidades que están habilitadas para trabajar con refugiados —Cear, Cruz Roja y Accem—. Cada año destina al mismo 16.500 euros para formarles y ayudarles a buscar trabajo.

Eso, mientras estén aquí. Porque ni Guarecuco ni Mendoza tienen dudas:en cuanto sea posible, volverán a Venezuela a reconstruir su país. Mientras, Tulio lanza una advertencia:«Veo que los chavales españoles no se dan cuenta de que lo que ha pasado en Venezuela puede estar iniciándose aquí». Y se lo dejo muy claro. Sean ustedes protagonistas de su futuro»

Francisco chirinos CNP 9966/ABC

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