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El Rodeo I: la nueva cárcel de presos políticos con reclamos de torturas y tratos crueles

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El 19 de febrero de este año se registraron los primeros traslados de presos políticos al Internado Judicial El Rodeo I, que los familiares califican como una cárcel de máxima seguridad y el «nuevo centro de torturas» del país debido a las cuestionadas condiciones de reclusión, que violan normativas internacionales. 

Las adecuaciones dentro del Internado Judicial El Rodeo en sus distintas etapas, incluyendo la primera, empezaron al menos desde junio de 2023 según información pública del Ministerio de Servicio Penitenciario. La construcción de nuevas celdas, adecuación de viejos espacios –como el patio– y de tuberías para el agua fue hecho con mano de obra reclusa. Durante los meses de julio, agosto y septiembre se recibieron visitas de la exministra Celsa Bautista para inspeccionar el avance de las construcciones. 

El Foro Penal ha confirmado el traslado de 34 personas detenidas por motivos políticos, pero no descartan que la cantidad sea mayor. Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón calculan que al menos 45 personas han sido trasladadas desde las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La mayoría de los presos –todos hombres– en El Rodeo I están vinculados a la operación Gedeón, como se denominó al intento de incursión por las costas venezolanas para deponer a Nicolás Maduro del poder. El grupo de 15, entre los que se encuentra el capitán Antonio Sequea, el primer teniente (Ej.) Jairo Bettermyth Carrillo y Josnars Adolfo Baduel, fue trasladado desde el Sebin el 4 de abril cuando se movilizó a la mayor cantidad de personas. 

Para entonces, ya se encontraban detenidos en ese lugar los sindicalistas Leonardo Azócar y Daniel Romero, el teniente coronel (Ej.) Igbert Marín Chaparro, el coronel Oswaldo García Palomo, Juan Carlos Marrufo y el general (GN) Héctor Hernández da Costa.

Dentro de El Rodeo I también hay detenidos por el caso de los drones, como se conoció al intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro en agosto de 2018;  de un plan para atacar la refinería Cardón, donde fue inculpado Ebro Leonardo Delgado; el capitán Juan Carlos Caguaripano, detenido por el asalto al fuerte Paramacay en 2017; por la operación Constitución 2018, donde se inculpó al coronel García Palomo y Alberto Salazar Cabañas; por Brazalete Blanco, donde se involucró a Alejandro González de Canales, expareja de la abogada Rocío San Miguel. 

Destaca además el caso del estudiante Wilder Vásquez, cuya condena venció en octubre de 2023 y su boleta de excarcelación no ha sido emitida por el Tribunal Octavo de Ejecución, a cargo de la jueza Yesenia Azuaje.  

¿Cómo se maneja El Rodeo I?

Oficialmente, la cárcel de El Rodeo I al igual que el resto del Internado Judicial está bajo control del Ministerio de Servicio Penitenciario, pero familiares han comentado a TalCual que es difícil precisar si los custodios forman parte de esta cartera o de un cuerpo de seguridad específico, ya que todos están vestidos de negro y encapuchados, sin insignias que los identifiquen a diferencia de otras prisiones. 

Según la presidenta del Instituto Casla, la abogada Tamara Suju, este recinto penitenciario también está a cargo de la Dgcim, un cuerpo de inteligencia militar que ha sido señalado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela como responsable de torturas, incluyendo violencia sexual, contra opositores o personas que el gobierno percibe como tal. 

Dentro de El Rodeo I no solo hay presos políticos: el exdiputado Hugbel Roa, en juicio por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, también fue trasladado a este lugar. Su madre, Ana Caruci, y una de sus hermanas han denunciado que les han pedido medicinas para la escabiosis (sarna) y otras enfermedades, que atribuyen a las condiciones del lugar. 

El 30 de mayo, Marialys Roa comentó en redes sociales que su madre pudo ver al diputado «mejor que la vez pasada donde estaba prácticamente descompensado. Aún sin hacerse valer sus derechos al abogado privado ni mucho menos a la visita del defensor público».

«Condiciones inhumanas»

Familiares de presos políticos como Andreina Baduel, hermana de Josnars Baduel, han calificado las condiciones dentro de El Rodeo I como «inhumanas» y han señalado que atentan contra el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho de cualquier persona a ser oída públicamente y a un juicio justo e independiente. 

Los familiares han denunciado que los presos están en celdas individuales de 2×2 metros, con apenas un hueco que funciona como letrina y un chorro donde reciben agua por dos minutos al día. El contacto con otros detenidos está restringido, al igual que la actividad física, la alimentación que reciben (deben comer con las manos) y la luz del sol. 

«Son como jaulas», ha dicho Andreina Baduel. Otra de sus preocupaciones es la pérdida acelerada de peso en todos los presos políticos, lo que podría agravar algunas patologías y enfermedades ya existentes.

Puso el ejemplo de su hermano, quien ha perdido entre seis y ocho kilos desde que ingresó a este anexo de máxima seguridad. Desde el 20 de mayo tiene prohibida las visitas debido a las denuncias que ha hecho la familia Baduel. 

El trato a los familiares durante las visitas también es calificado como «degradante». Se les somete a requisas exhaustivas y se les encapucha hasta llegar al lugar de la visita, donde apenas cuentan con 15 minutos y no pueden hablar de cuestiones que los custodios presentes –generalmente tres por preso– consideren «delicadas». Tampoco se pueden tocar o abrazar, pues las entrevistas se hacen con un vidrio de por medio y por teléfono.

Las condiciones de esta prisión fueron denunciadas ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, pero al cierre de esta nota los familiares no habían obtenido respuesta. Todas estas condiciones violan las Normas Mandela sobre reclusión y la Ley especial contra la Tortura en su artículo 5, donde se definen los tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

La Ley especial contra la Tortura incluso establece penas entre los tres y seis años –en el caso de los tratos inhumanos o degradantes–, y de 13 a 23 años de prisión –en caso de trato cruel– a todo aquel funcionario que haya cometido este tipo de delito o haya encubierto estas conductas, sin derecho a recibir rebaja de la pena.

Con información de TalCual