Denuncian «despido ilegal» de 140 trabajadores de Educación en Falcón
Ciento cuarenta trabajadores del sector Educación del estado Falcón fueron excluidos de nómina y de sus beneficios sociales, como el Ipasme, a través de un procedimiento viciado, infame e ilegal que solicitamos sea investigado por la Defensoría del Pueblo.
Así lo denunció el profesor de Yaracal, Humberto Chirino, quien dijo tener un hijo entre los afectados por la arbitraria medida, por lo que pide una investigación exhaustiva al Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa Territorial del estado Falcón (CDCE).
Chirino recordó que los derechos laborales son irrenunciables por lo que «denunciamos ante la Defensoría la ausencia del debido proceso en el despido masivo que llevó a cabo el Ministerio de Educación excusándose en un instrumento que consideramos inquisidor y de paso ilegal como lo es el Registro de Asignación de Cargos (RAC)».
Este mecanismo informático no está contemplado en el marco jurídico para egresar masivamente al personal. Denunciamos el atentado a nuestros derechos humanos al dejarnos desasistidos, no sólo del sustento sino de los beneficios como el acceso al IPASME y otros beneficios, explicó el docente de Yaracal.
Exigimos una investigación exhaustiva al CDCE Territorial de Falcón por las diferentes irregularidades administrativas que conllevaron a este desastre laboral que perjudicó a más de 140 trabajadores del Ministerio de Educación en Falcón, reiteró.
«Además hubo malos tratos, cosa contraria a la Ley Orgánica de Celeridad de Trámites Administrativos (Artículo. 8) derecho a un trato respetuoso por parte de funcionarios públicos».
Chirino junto a los afectados exigen la inmediata reactivación en nómina, «ya que la mayoría de los afectados estamos amparados por la inamovilidad laboral por tener enfermedades comprobables».
Defender nuestros derechos no es un delito, sentenció el educador.
Hizo un llamado al ministro Héctor Rodríguez para que envíe una comisión especial que visite los 25 municipios del estado Falcón y se confronte a los directores de los planteles educativos donde ocurrieron estos hechos, con los trabajadores afectados cara a cara.
«Así, de una vez por todas se les solucione el problema y sean restituidos sus salarios caídos y los bonos que han dejado de percibir hace más de un año y, de esta manera, se haga justicia», estimó Chirino.
Francisco Chirinos
CNP 9966