Defensa de acusados por Pdvsa Cripto pide audiencia pública y observadores
La defensa de los acusados por el caso Pdvsa Cripto exige a las autoridades que el juicio «se haga público y transparente». El abogado Jeset García, representante de Joselit García, exintendente de Sunacrip, solicitó: «De manera enfática y reiterada la participación de observadores de la Defensoría del Pueblo y de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos».
Durante una rueda de prensa este viernes 5 de junio, en las afueras del Palacio de Justicia, Ramírez detalló que piden que a las audiencias se les permita el ingreso de relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mediante un comunicado, suscrito por 10 abogados, defensores de los otros acusados por esta trama, también reiteró su llamado a que se efectúe un proceso «transparente e imparcial», así como que se realice el traslado efectivo de los señalados y que se permita el ingreso del público, «incluidas las representaciones consulares que han estado presentes en la continuación del acto sin que se les permita el acceso».
«No pedimos trato especial ni diferenciado, solo que triunfe la verdad y la justicia», añadió el abogado García y enfatizó que en este juicio, además del destino de sus representados estña «la supervivencia de la seguridad jurídica».
El jurista enumeró una serie de irregularidades en el juicio de Pdvsa Cripto como estar detenidos por más de tres años «sin que haya sentencia alguna», desacato a la autoridad pretendiendo realizar el juicio oral vía telemática; pese a que, señala, que el juicio comenzó de forma presencial y lleva más d 16 audiencias en esa modalidad, audiencias diferidas, negación a traslado de los acusados al Palacio de Justicia ante la negativa del director del Rodeo I.
Por otra parte, denunció el traslado de varios procesados desde El Helicoide «sin solicitud previa del tribunal», acto que dice evidencia «la falta de autonomía de los tribunales penales frente a organismos de seguridad e investigación». Agregó que se niega el acceso a las actas y entrevistas a los asistidos.
Las personas que permanecían detenidas en El Helicoide y fueron trasladas a El Rodeo I son las siguientes: Roger Perdomo, Rafael Perdomo, Manuel Meneses, Jesús Méndez, Felipe Contreras, Pedro Maldonado, hermanos Almeida, Daniel Prieto y Jairo Lino.
Los llevados a Yare II son: Yamil Martínez, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Juan Carlos Moreno, Renny Barrientos, Rajiv Mosqueda, Jesús Ramírez, Leonardo Torres, Kristofer Barrios, Pedro Herrera, Mario Aquino, José Lima, Edgar Sánchez, Isacc Salazar, Johan Sequera, Néstor Astudillo, Carlos Moreno, Tulio Medina y Salem Hassoun Atrach.
«Consideramos (que es) un juicio de naturaleza plenamente política contra quienes ocupaban altos cargos públicos del Estado», precisó el abogado García.
En ese sentido, el defensor alertó a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos «sobre la integridad física y psicológica de estos ciudadanos, quienes, según hemos documentado, habrían sido objetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su reclusión y traslado». Asimismo, indicó que no hay atención médica oportuna, «pese al mal estado de salud».
Los defensores exigieron que «se dicten de forma inmediata las medidas de protección que correspondan» ante la gravedad de los hechos denunciados.
El abogado Jeset García enfatizó que el juicio en contra de estos acusados «carece de validez». Expuso que este proceso acumula una serie de violaciones procesales «que anulan el derecho a la defensa y un proceso justo».
Por el caso Pdvsa Cripto había 64 personas acusadas, cinco murieron estando encarcelados y uno está fugado. En total, son 58 personas que deben presentarse en cada audiencia.
Torturas contra antiguos propietarios de Bancamiga
Marianna Parra, esposa de Carmelo de Grazia y familiar de Daniel y Lein De Grazia, antiguos propietarios de Bancamiga. Recordó que son seis personas las que están detenidas relacionadas a esta entidad bancaria. Dice que de forma «injusta» e indicó que en el caso se han cometido diversas irregularidades.
«Fueron secuestrados por cinco meses y no tuvimos conocimiento de cómo se encontraban. Al mes empezaron a llegar cartas y por cuatro meses y medio fue la única vía de comunicación con ellos», detalló.
Parra denunció que durante ese tiempo sus familiares «fueron aislados y sometidos a torturas». Indicó que los interrogatorios que se les hizo eran solo para conocer dónde tenían sus bienes «y nada relacionado» con el caso Pdvsa Cripto. «Esto ha sido simplemente un robo», enfatizó.
A juicio de la esposa de Carmelo de Grazia en el manejo de este caso «no hay interés en hacer justicia». Afirmó que no están negados a que las autoridades investiguen y «se diga al país lo que realmente está pasando».
Inistió en que sus familaires son sometidos a tratos injustos «solamente para robarles sus bienes». Pidió que los responsables «salgan a la luz».
Marianna Parra también pidió que el juicio sea público y condenó que en el casos se mezclen funcionarios públicos con empresarios y hasta con los choferes: «Si quieres hacer justicia, no puedes imponerle los mismos delitos a todos, lo hemos solicitado y no (lo han aprobado)».
«Si la Fiscalía tiene las pruebas, ¿por qué no muestran y sostienen todo el juicio?», se interrogó Parra.
Igualmente, dijo que la supuesta prueba contra los hermanos de Grazia es una nota en un portal donde se les acusa de «controlar el precio del dólar» y de «cobrar altas comisiones. Está perfectamente auditable y demostrable lo que se cobraba a Pdvsa».
Marianna Parra denunció que su esposo fue torturado en una cámara de frío: «Fue puesto en la máxima de Boleíta en un lugar llamado ‘La Tumba’. Lo ponen en un tanque de agua y le dejan un espacio pequeño y luego lo pasan al frío. Te dan poca comida para mantenerte con hambre. Él creía que era una cava porque las paredes estaban frías y estaba delirando. No sabe cuánto tiempo estuvo allí».
El caso Pdvsa Cripto está a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo.
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