Damián Alifa: “El gobierno puede usar la pandemia para el control biopolítico”

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El sociólogo Damián Alifa advierte que el gobierno de Nicolás Maduro puede emplear la emergencia por el covid-19 para incrementar  el control biopolítico de la población y la tendencia hacia la judicialización de los adversarios.

En entrevista con TalCual, el analista contextualiza a la pandemia en medio de la debilidad institucional, la crisis por el colapso de los servicios públicos, un cuadro económico precario, y una creciente tensión social del país.

Dentro de ese panorama, Damián Alifa cree que tanto el oficialismo como la oposición, que lidera el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó (juramentado como presidente interino y reconocido por casi 60 países), podrían usar la emergencia a conveniencia.

“Desde el punto de vista político, ambos sectores intentarán usar la pandemia como una suerte de teatro de operaciones. El Gobierno para avanzar en las dinámicas de control social al control biopolítico de la sociedad y legitimar decisiones de centralización, y de concentración del poder, a partir de la amenaza de un virus. Y,  por otro lado, la oposición pudiera estar esperando que la situación de la pandemia desate  el malestar social o tense las tensiones de la sociedad”, subraya.

-Ese control del Gobierno se ha visto, en los últimos días, con una mayor persecución hacia la disidencia . Al mismo tiempo, hay varios detenidos e imputados por delitos de la Ley contra el Odio. ¿El Gobierno podría aumentar el autoritarismo durante la emergencia?

-La tendencia general ha sido la concentración de poder, en muchos países, con la excusa del combate de la pandemia, las medidas epidemiológicas y el control social. Esto ha generado una suerte de Estado policial. En el caso de los países con instituciones más precarias, o muy debilitadas, como el caso de Venezuela, esto termina  convirtiéndose en una oportunidad para los sectores más radicales cobrarle al bando contrario, al que no tiene poder, su posición frente al gobierno. Entonces, ciertamente, es muy probable que haya una tendencia a la judicialización de la política, mayor control y represión contra los opositores, así como hacia los medios de comunicación. Aunque ya existía, en el caso del gobierno actual, puede haber un esfuerzo mayor de concentración del poder, pero ahora ese esfuerzo, en teoría, estaría legitimado por las medidas que recomiendan para detener la propagación del covid-19.

¿La situación del país, agravada por la pandemia,  podría vislumbrar un incremento de la conflictividad social?

-En el caso de Venezuela hay que hablar en dos planos, en un primer lugar en el plano del discurso político que sí se ha radicalizado. El pulso por el poder, la pugna por el poder, las estrategias se han vuelto más vehementes por los bandos enfrentados. Sin embargo, esto no se ha traducido en mayor conflictividad social, hasta los momentos. Algunos estudios socioecomocionales atribuyen eso a las tendencias predominantes de sentimientos o emociones vinculadas a la frustración, la depresión y no a la irritabilidad. Estas últimas son las emociones colectivas que generan levantamiento, tumultos, protestas, confrontaciones. En ese sentido, podríamos decir que en la sociedad hay una despolarización, un proceso de descongelamiento de los polos. Sin embargo, los discursos políticos se han radicalizado cada vez más. Ahora bien, si llegase a ver un incremento de la conflictividad social, no lo veo vinculado a la perspectiva política, no vinculado a consignas políticas, sino más bien a  reinvindicaciones básicas como el tema del  colapso de los servicios, la escasez de gasolina y el alto costo de la vida que por allí podrían configurarse algunos procesos de conflictividad social.

-En ese contexto, la tensión social pareciera subir de nivel

-La conflictividad tiene una contra variable y dependerá de la posibilidad real o no de que el Gobierno administre cada una de esas crisis, la crisis del colapso de los servicios y también todos los esquemas de lo que ellos llaman la protección social. Es decir, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),  los bonos y cualquier otro tipo de ayuda de dispositivo biopolítico que permitan mantener el orden social, paliar algunos de estos problemas para aplacar cualquier tipo de emociones vinculadas a la conflictividad social. Este es un proceso muy tenso como lo fue también el apagón general del 2019. Son momentos de tensión en los que juega, por un lado,  los problemas estructurales que tiene la crisis multidimensional de Venezuela, y por otro lado, la capacidad y el margen de maniobra del Gobierno para administrar y paliar esta crisis, para administrar territorialmente los problemas de la sociedad.

-¿Cree que la pandemia ha develado, una vez más la ineficaz respuesta del Estado ante la crisis?

– Yo creo que lo que revela la crisis es la experiencia difícil del confinamiento social en medio del colapso de los servicios que es responsabilidad del Gobierno, el alto costo de la vida para los trabajadores que  no tienen ingresos regulares o que tenían ingresos extras y que ahora no pueden tenerlo por culpa de la situación de distanciamiento social y la cuarentena, y por supuesto la precariedad de nuestro sistema sanitario que es una situación bastante dramática. Pero, además, está la situación de los médicos, cuánto ganan, las enfermeras, los camilleros, el estado y la infraestructura de nuestros hospitales, de nuestras salas de emergencia y de las camas. Sin lugar a dudas,  queda crudamente revelado en la situación que vivimos. Ahora lo que hay que asumir como una realidad es que la medida de cuarentena temprana que tomó Nicolás Maduro es una medida correcta, sean cuales sean las condiciones sobre el cálculo político, en el que se basó esa decisión. Uno pudiera indicar cuestionar la aplicación de tests masivos, si se están haciendo o no, la falta de transparencia de  los datos, pero hay que reconocer la medida de cuarentena temprana. como la adecuada.

-¿Qué tan factible es la propuesta de transición para Venezuela presentada por Estados Unidos?

– La propuesta del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de negociación política o de gobierno de transición hay que entenderla de la mano con la llamada lista Bar que se basa en el señalamiento, que hizo el Departamento de Justicia, como narcotraficante a cinco figuras muy importantes del chavismo y a otras del segundo y tercer anillo del poder y que, de alguna manera, es el telón de fondo de la negociación de Pompeo.  El gobierno de la administración de Donald Trump propone al chavismo unos términos de rendición que, en el marco de la correlación de fuerzas internas y externas que hay, los cuales no creo sean factible. No creo que la cúpula del chavismo acceda a la negociación y todavía no queda claro cuál sería el desencadenante de una ruptura del bloque dominante. Veo difícil, en este momento, que esos sean esos los términos para que haya una negociación política y cuando se pide entregar a Maduro.

-¿En ese contexto, cuáles deberían ser los términos para iniciar una transición en el país?

– No se trata de la salida del poder ahora. Sin la reconstrucción del pacto social y de un esquema de coexistencia entre las fuerzas opositoras y chavistas, en una nueva concepción de ganar-ganar,  creo que es imposible que el chavismo acepte los términos planteados por Estados Unidos. Una negociación implica una nueva concepción del poder, dentro de la Constitución, que además permita un proceso de elecciones abordadas con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).  Pasa además por acuerdo entre las potencias y países involucrados. Es un problema también de un pulso geopolítico que involucra a Estados Unidos, China, Rusia y Cuba, figuras importantes en el marco de la alineación para un proceso de negociación.

Con información de Tal Cual

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