Confirman ocho muertos en supuesto bombardeo de la FAN a campamento del ELN Apure

Un total de ocho cuerpos han ingresado a la morgue del cementerio Luis Herrera, ubicado en San Fernando de Apure –capital del estado Apure– producto del supuesto bombardeo registrado en un campamento guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) situado en Guafillas de El Meta, municipio Pedro Camejo, en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia.

El ataque se registró el pasado viernes 30 de octubre y fue atribuido, según datos preliminares, al Ejército venezolano, y se habría realizado con drones. Sin embargo, a tres días del hecho no hay una versión oficial de lo ocurrido. Las autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez no han informado si se trató de una acción que obedece a una política orientada a combatir y expulsar de territorio venezolano a este grupo guerrillero colombiano, o si existe alguna otra explicación para este hecho.

Fuentes del municipio Pedro Camejo y la organización no gubernamental FundaRedes aseguraron que este campamento bombardeado servía de centro de acopio de sustancias estupefacientes del ELN.

Un equipo de periodistas de ARI se movilizó a las inmediaciones del cementerio y de la morgue del Hospital Pablo Acosta Ortiz (HPAO) de San Fernando de Apure para verificar las informaciones que circulaban en redes sociales respecto al presunto ingreso de varios cuerpos vinculados al presunto bombardeo.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, en las instalaciones de la morgue se encontrarían ocho cuerpos. Según relataron los trabajadores consultados, los cadáveres habrían sido ingresados entre el viernes y el sábado 31 de octubre. Y provenían de la zona donde ocurrió el supuesto ataque.

Los trabajadores manifestaron desconocer la identidad precisa o la nacionalidad de los fallecidos, así como mayores detalles sobre lo ocurrido, argumentando que el manejo de la información está restringido y bajo el control de las autoridades competentes.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas en la morgue se pudo conocer que entre los fallecidos hay dos venezolanos, dos colombianos y cuatro mexicanos. Aunque no hay detalles sobre las edades, se conoció que la mayoría eran hombres jóvenes, menores de 40 años. Así se aprecia en algunas fotos y videos del lugar de la matanza que se han filtrado, al igual que en las publicaciones de redes sociales de personas cercanas a los supuestos guerrilleros muertos.

Entre las víctimas estaría el hijo de un comisario rural, quien al parecer ejercía labores de seguridad en esta zona ubicada cerca de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo. Comisario rural es una persona civil que tiene funciones de supervisión relacionadas con la seguridad ciudadana en sectores agrícolas y responde a las estructuras comunales.

Su labor contempla el control de la movilidad en carreteras troncales y la verificación del transporte de cosechas y ganado, asegurando el cumplimiento de los permisos correspondientes. Asimismo, mantiene una constante articulación con asociaciones productoras, consejos comunales e instituciones del Estado para diagnosticar riesgos de seguridad en el campo. De igual manera, se encarga del comando de las estaciones y módulos policiales desplegados en su jurisdicción, coordinando acciones conjuntas con los órganos de seguridad, la Fuerza Armada y las autoridades ambientales.

Según los datos revelados en redes sociales y publicaciones de algunos medios y periodistas, en el lugar consiguieron documentos de identidad a nombre de: Jesús Javier Brugal Carrero (cédula de identidad: V-11.821.394) y Juan Carlos Guerrero Márquez (cédula de identidad: V-16.790.349). También se encontraron licencias de conducir venezolanas a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, por lo que se presume que estas serían las identidades de algunos de los fallecidos.

En la morgue del barrio Luis Herrera en San Fernando de Apure, custodiados por funcionarios fuertemente armados se encuentran los cuerpos de Luis Alexander Solórzano Camacho, CI: 16.148.174, Juan Carlos Guerrero Martínez, CI: 16.790.349; Jesús Javier Bruzual Camacho, CI: 11.821.926; Luis Alexander Sorzano Camacho; Juan Carlos Gutiérrez; Olimar Moraima Martínez Solórzano y Nelson Magallanes.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, los fallecidos presentan heridas en varias partes del cuerpo.

Trabajadores de la zona y personas presentes en el cementerio viejo indicaron que el flujo de información ha sido limitado por parte de las autoridades competentes, lo que dificulta la confirmación oficial de las identidades, las causas de los decesos y el número exacto de ingresos registrados durante las últimas jornadas. No obstante, fuentes extraoficiales señalan que esperaban la llegada de más cadáveres.

FundaRedes da cuenta de los decesos

La ONG FundaRedes mantiene una red de fuentes directas y actores sociales que desarrollan actividades en esta extensa región.

Juan García Escalona, coordinador de FundaRedes en el estado Apure, aseguró para la Alianza Rebelde que en el ataque también fue encontrado el cuerpo de una mujer que portaba múltiples cédulas de identidad venezolanas, documentos colombianos y credenciales norteamericanas.

Según los datos recabados en la zona, la víctima era presuntamente la esposa o compañera de un piloto que también operaba en el sitio identificada como Olinda Moraima Camacho de Solórzano. Su presencia refuerza los informes sobre la participación de personas de diversas nacionalidades dentro de estas estructuras armadas e irregulares vinculadas al narcotráfico en la frontera.

De acuerdo con el seguimiento documentado por FundaRedes, desde hace aproximadamente 30 días se venía detectando un patrullaje constante de aeronaves militares tipo K-8, las cuales despegaban desde la Base Aérea de Barquisimeto para realizar labores de reconocimiento en el estado Apure. Testigos locales confirmaron el abastecimiento de estas aeronaves en el aeropuerto Las Flecheras, en San Fernando de Apure.

«El alto mando del ELN se mantiene en la zona de La Victoria y El Nula, donde operan mandos medios encargados de los campamentos», señaló.

Informantes indígenas y pobladores de la zona, así como de sectores cercanos al estado Bolívar que limitan con Puerto Páez, reportaron que hombres armados desplazados de la mina de oro de «El Burro» se habían replegado hacia sectores como La Raya, La Culebra y Buena Vista del Meta, siendo este último el sitio exacto del campamento bombardeado.

Históricamente, la región ha albergado campamentos y centros de acopio estratégicos para grupos irregulares debido a su cercanía geográfica con Colombia. Según estimaciones de monitoreo, dichos enclaves solían albergar entre 60 y 100 hombres armados, funcionando como corredores clave para el manejo de pistas clandestinas, almacenamiento de combustible de aviación y tránsito de sustancias ilícitas provenientes tanto del Vichada como de la Guainía colombiana.

Asimismo, han advertido sobre la red de influencia de organizaciones irregulares como el ELN y las FBL en diversos municipios del estado, afectando directamente a los ejes de Capanaparo y Pedro Camejo, Achaguas, Rómulo Gallegos (Elorza) y el municipio Páez (La Victoria y El Nula).

García vinculó lo ocurrido con los procesos políticos y cambios institucionales posteriores a los eventos del 3 de enero, así como con la presencia y postura de fuerzas militares de países vecinos e internacionales.

«El despliegue de las Fuerzas Militares de Colombia en la línea fronteriza, impulsado por el gobierno colombiano, se combina con el accionar estratégico y la presencia de Estados Unidos. Fue un operativo tenaza; esta coordinación actúa como una maniobra envolvente tanto en territorio colombiano como venezolano, impulsando una transformación en la soberanía y el control del área fronteriza», concluyó García.

Hasta la publicación de este reporte no hay información oficial del Gobierno interino de Venezuela sobre este hecho.

TALCUAL