«Cerrar un ciclo de impunidad»: la petición del Foro Penal en audiencia por el 11 de abril
La organización Foro Penal pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la masacre del 11 de abril de 2002 y, con esta decisión, «cerrar el ciclo de violencia y de impunidad» en torno a estos hechos.
Tras 24 años de los sucesos, la Corte IDH realizó este miércoles 14 una audiencia pública sobre la responsabilidad del Estado venezolano en diversas violaciones a los derechos humanos por la represión de la marcha de ese abril, convocada por gremios laborales y diversos sectores en rechazo al despido público de centenares de trabajadores de la estatal Pdvsa.
Alfredo Romero y Gonzalo Himiob presentaron los alegatos finales del Foro Penal en representación de un grupo de víctimas, y señalaron que ha habido «impunidad total» sobre estos hechos.
Romero recordó que el 11 de abril de 2002 murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas de bala. Sostuvo que ese día «marcó el comienzo de una estrategia de utilización de la represión política para controlar el poder político».
Según el abogado, estos hechos no fueron aislados o espontáneos, sino parte de un plan que se definió en una reunión celebrada el 7 de abril de 2002. Citó los testimonios consignados en el expediente del general de división Manuel Rosendo, entonces jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan); del entonces comandante del Ejército, general Efraín Vázquez Velazco; y del capitán Michael O’Brien.
En esa reunión, dijo Romero, se planificó que «en forma activa, agresiva y contundente» se contrarrestaría a los manifestantes que intentaran llegar al palacio presidencial de Miraflores.
También citó la declaración del capitán O’Brien, quien afirmó haber escuchado al entonces ministro de Defensa, José Vicente Rangel, llamar por teléfono al alcalde de Caracas, Freddy Bernal, para ordenarle que enviara a los Círculos Bolivarianos contra la manifestación.
Desde entonces, expresó el presidente del Foro Penal, en el país se repitieron los mismos patrones de represión estatal con ayuda de grupos civiles armados, conocidos como colectivos, lo que derivó en la muerte de más de 250 personas en las protestas anti gubernamentales de los años 2004, 2007, 2014 y 2017, así como torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Por su parte, el abogado Gonzalo Himiob resaltó que la responsabilidad del Estado debe examinarse desde tres perspectivas: por acción, por omisión y por la violación de garantías y protección judicial.
Sobre la acción, dijo que el 7 de abril altos funcionarios se reunieron para aprobar acciones destinadas a enfrentar violentamente la marcha y que se ordenó usar a los Círculos Bolivarianos «de manera activa, agresiva y contundente». Afirmó que, posteriormente, el entonces presidente Hugo Chávez «reconoció haber provocado esa crisis» y que había sido «necesaria».
Sobre la omisión, recordó que la Guardia Nacional tenía obligaciones de proteger a las personas y de aplicar una progresión en el uso de la fuerza. Sin embargo, se usaron armas de alto calibre contra manifestantes desarmados o los funcionarios permanecieron inactivos ante civiles armados.
Himiob señaló que «al día de hoy la situación es de impunidad absoluta». Recordó que nunca se creó la Comisión de la Verdad que se reclamó y que el propio Estado informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 79 investigaciones relacionadas con los hechos, de las cuales 67 (84,81%) terminaron sin cerrar la fase preparatoria y en 78 (98,73%) no se identificó ni se sancionó a nadie.
Las causas que sí llegaron a sentencia, puntualizó, no buscaron la justicia ni la verdad, sino «consolidar una narrativa» que presentara a los manifestantes pacíficos como criminales y traidores. «Se condenó a inocentes, se absolvió a culpables, todo a costa de la verdad».
La impunidad de este caso, reiteró el vicepresidente del Foro Penal, «no es un efecto desconectado de la violencia inicial» sino de una política del propio Estado que garantizó «impunidad total».
Asimismo, dijo el defensor de derechos humanos, «la justicia puede tardar, pero lo que es inaceptable es que la justicia no llegue. Más de dos décadas de impunidad y de ausencia absoluta del Estado de derecho nos han hecho muchísimo daño».
Por esto, reiteró el representante del Foro Penal, la Corte IDH «tiene ahora la oportunidad histórica de cerrar el ciclo de violencia y de impunidad, y de devolver a los venezolanos y a los ciudadanos del mundo la esperanza, la fe en la ley y la confianza en el Estado de Derecho. No la dejen pasar».
Además, la organización planteó los problemas que tuvieron para incluir en su momento a otras víctimas dentro de la acusación en contra del Estado venezolano, como familiares a los que no pudieron contactar porque manifestaron «temor» o de los cuales se perdió la pista al irse del país. Pese a esto, sí pidieron la inclusión dentro de los afectados a personas como Alexis Bordones y Malvina Pesate.
En la audiencia sobre el caso «Trujillo y otros vs Venezuela», los jueces escucharon los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las declaraciones de dos víctimas, una testigo de las manifestaciones y un perito que habló sobre las decisiones del Ejecutivo.
La representación del Estado venezolano no participó de la audiencia, pese a que la Corte IDH envió la invitación para juramentar a su representado y enviar sus alegatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró la responsabilidad internacional de Venezuela en la violación sobre el derecho a la vida y libertades personales de al menos una decena de personas. Hasta el 13 de noviembre se podrán presentar las observaciones y alegatos finales por escrito antes de que los magistrados anuncien su decisión.
TalCual