Anuncio de excarcelaciones reavivan recelo y esperanza en familias de presos políticos
Una «medida humanitaria» para 300 personas detenidas por motivos políticos fue anunciada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el martes 19 de mayo. Los familiares recibieron el anuncio con recelo, una esperanza menguada y la solicitud de que las excarcelaciones, ahora sí, abarquen a los más de 700 presos políticos que, afirmaron, todavía están tras las rejas.
«No son 300, son más de 700», expresaron familiares este miércoles en una manifestación para exigir la destitución del ministro Julio García Zerpa. También se movilizaron en honor a Víctor Quero Navas, muerto bajo custodia del Estado, y su madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció diez días después de recibir una confirmación oficial sobre su deceso, que aún no ha sido esclarecido.
Dos organizaciones manejan que entre 457 y 654 personas permanecen detenidas por razones políticas en todo el país. En el interín se produjeron las liberaciones bajo medidas cautelares de la adolescente Samantha Hernández, Merys Torres de Sequea, 21 trabajadores de Pdvsa o los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos.
«Queremos pensar que de verdad van a cumplir, pero tienen que haber hechos para poder recobrar la confianza. No tenemos confianza en las instituciones del Estado, menos en sus personeros del régimen que además son los principales torturadores del país», expresó Andreina Baduel, cuyo hermano Josnars Baduel podría incluirse dentro de esa lista de excarcelados si se toma en cuenta que necesita cuatro operaciones por secuelas de las torturas al momento de su detención.
Sobre el «gesto» que pidió «apreciar» Jorge Rodríguez, la activista le respondió que es «una burla».
«Si alguien tiene que pedirle perdón a este país es señor, que ha propiciado la tortura y además ha revictimizado a quienes tenemos años denunciando. Eso no es ningún favor, es un derecho que liberen inmediatamente a todos los presos políticos porque ellos saben perfectamente que basta con revisar cualquiera de esos expedientes para que se sepa que están viciados de nulidad absoluta y todo el poder del Estado se usó para criminalizar la disidencia», sentenció.
Francis Quiñónez, madre del sargento Jonathan Franco Quiñonez, indicó que, al igual que su hijo, los otros 31 militares y civiles condenados por la operación Gedeón que se encuentran en el Fuerte Guaicaipuro deben ser excarcelados. Recordó que el grupo estuvo en desaparición forzada por seis meses antes de encontrarlos en esa prisión, en condiciones que calificó como «inhumanas».
«Si no pasa lo del 3 de enero, con nuestros hijos hubiera pasado lo que pasó con Víctor Quero Navas porque los estaban matando lentamente, ni los cuerpos los hubiéramos encontrado», afirmó.
Quiñónez dijo que no saben si han tenido atención médica. «Aquí la medida humanitaria debe ser para todos. Todos están enfermos, todos están mal, todos fueron torturados. No hay ningún preso político al que ellos no hayan mandado a dar su ‘tratamiento’ (…) Su mente está dañada, quién recupera eso».
Exigió a las autoridades, en especial al Ministerio de Servicio Penitenciario, que entregue las listas de excarcelados.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos registró, hasta el mediodía, «más de 30» excarcelaciones. También contabilizan a 42 personas con graves patologías que deben ser atendidas de inmediato. Tal es el caso de Oliver Laufer, a quien la CIDH le aprobó medidas cautelares recientemente, o de Franklin Durán, quien es paciente oncológico y el tribunal no le ha aprobado ninguna de sus solicitudes para atención médica especializada.
Yaniré Calderon, familiar de Durán, pidió a las autoridades que, al igual que todos los presos políticos, le sea otorgada la «medida humanitaria» anunciada por Jorge Rodríguez.
«Sus tres niños lo esperan a él en casa. En diciembre fue la visita de niños y no lo reconocieron debido a los kilos y las condiciones físicas en las que se encuentra. Para un padre es muy duro escuchar de sus hijos ‘¿tú eres mi papá? ¿Mamá, tú estás segura que él es mi papá?’ (…) ya no sabemos a dónde acudir», expresó Calderón.
Excarcelaciones bajo el «momento político»
Exactamente hace cuatro meses y 11 días, el presidente del parlamento anunció un «importante número de liberaciones» como un «gesto» del Ejecutivo bajo el «nuevo momento político» tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque de fuerzas militares estadounidenses.
El anuncio causó entonces la movilización y vigilia de decenas de familiares a los principales centro de reclusión: Sebin Helicoide, Internado Judicial El Rodeo I, Complejo Penitenciario de Yare y los comandos de la PNB en Boleíta (zona 7) y La Quebradita.
Las excarcelaciones se produjeron a cuenta gotas, sin un listado oficial o criterios claros para la selección de los beneficiados, resaltaron los familiares y organizaciones de derechos humanos. La promesa y posterior aprobación de una Ley de Amnistía también trajo un poco de esperanza, especialmente a aquellos que no estaban vinculados a operaciones militares.
Según las autoridades, 8.616 personas recibieron la amnistía y se les otorgó libertad plena, entre ellas 314 que se encontraban privadas de libertad. Los familiares siguen en vigilia cada noche frente al Sebin Helicoide y mantienen carpas frente al Rodeo I en espera de unas liberaciones que no terminan de llegar.
Al cierre de esta nota, se reportaron las excarcelaciones de Carlos Martínez, Sergio Mata y Carlos Rojas, quienes llevaban 10 meses recluidos en la cárcel Fénix Tocuyito (estado Carabobo); al igual que Óscar Leiva, Felipe Leiva, Óscar Leiva M., Wilmer Leiva, Carlos Soto, Luis Corvo, Diego Núñez y Daniel López. Este grupo estaba detenido en la sede de la PNB en La Yaguara, Caracas, acusados de los presuntos cargos de terrorismo y asociación para delinquir.
EXCARCELACIONES | Hoy fueron liberados Óscar Leiva, Felipe Leiva, Óscar Leiva M., Wilmer Leiva, Carlos Soto, Luis Corvo, Diego Núñez y Daniel López.
Estaban detenidos en la sede de la PNB en La Yaguara, Caracas, acusados de terrorismo y asociación para delinquir.
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