WOLA alerta mayor vulnerabilidad para personas en riesgo tras expulsión de la Oacnudh

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se sumó a la lista de organizaciones que rechazaron la decisión de la administración de Nicolás Maduro de expulsar a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de suelo venezolano en un contexto de recrudecimiento de la persecución política.

La organización defensora de los derechos humanos en la región resalta el hecho de que esta decisión se tomara después de que la Oacnudh alertara sobre la desaparición forzada de Rocío San Miguel, puesto que el Ministerio Público (MP) informó sobre su detención, pero no ofreció detalles sobre su paradero ni ha permitido que la contacten sus familiares ni abogados.

En este sentido, advierten que se trata de una «intensificación notable» de la represión gubernamental caracterizada por ataques a políticos opositores, defensores de derechos humanos y la erosión de las libertades cívicas.

En este contexto, WOLA cree que la salida de la Oacnudh, que cumplía un rol importante para la documentación y monitoreo de violaciones de derechos humanos, podría incrementar la vulnerabilidad en la que se encuentran personas en situaciones de riesgo.

«La decisión de suspender su presencia crea lagunas de protección inmediatas para personas y comunidades en riesgo, ya que la situación de derechos humanos se está deteriorando aún más», destaca la organización en un comunicado.

Ante esta situación, WOLA insta a los Estados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad internacional a exigirle al gobierno chavista el restablecimiento de la presencia de la oficina de la ONU para los derechos Humanos en Venezuela.

Por otra parte, piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU trabajar por la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, instancia que investiga denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en el país, algunas de las cuales podrían trascender a crímenes de lesa humanidad.

«Su trabajo sigue siendo esencial para alertar a la comunidad internacional de los patrones de represión actuales y del riesgo de un mayor deterioro. También es clave para proporcionar a los Estados miembros de la ONU recomendaciones sobre estrategias eficaces de prevención y mitigación a la luz de intensificación de la persecución selectiva y la represión generalizada», acota el comunicado.

Esta misiva fue firmada por las siguientes 25 organizaciones que se pliegan contra la decisión del chavismo de expulsar a los funcionarios de la Oacnudh:

Amnistía Internacional
CADAL
Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Internacional de Juristas
CUBALEX
Due Process of Law Foundation
En Alta Voz
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), dentro del marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
Franciscans International
Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Global Centre for the Responsibility to Protect
Honduras Libre D19
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto internacional sobre raza, igualdad y derechos humanos (Raza e igualdad)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), dentro del marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos
Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicio Internacional para los Derechos Humanos
Washington Brazil Office
Washington Office on Latin America (WOLA)

Con información de TalCual