Venta fraudulenta de inmueble puede traer demandas en Tucacas
La venta fraudulenta de un inmueble ubicado en el edificio turístico Jack Club de Tucacas, que fue la gota que rebasó el vaso para la intervención por parte del Saren, del Registro Inmobiliario de los Municipios Silva, Palmasola y Monseñor Iturriza de la costa oriental falconiana, puede traer acciones
legales contra la tribu que realizó la transacción.
Una fuente que dijo conocer la trama, aclaró que este caso «no es el único chanchullo que ocurría en el Registro, pero sí el que prendió la mecha porque la víctima, un personaje que se fue del país pero mantiene contactos en el alto gobierno, informó a sus amigos del poder lo que estaba ocurriendo con su apartamento de playa y activó el operativo, o lo hizo activar, que dio con la intervención de la dependencia pública».
La fuente comentó que esta venta fraudulenta, que finalmente hubo de ser echada para atrás por la condición de amigo del gobierno de la víctima, describe cómo funciona el chanchullo con la venta y compra de inmuebles y terrenos en Tucacas. Un tema por demás, nada nuevo en la zona.
La novela
La historia de esta novela comienza con una demanda que por un caso particular introdujo, hace años, en contra del primer dueño del apartamento, el hombre que ahora desde el exterior pudo evitar ser despojado del mismo inmueble.
Esa demanda la perdió el demandado y en ese proceso el demandante se quedó con el apartamento. El nuevo dueño se fue del país y estando en el exterior un amigo le avisó que su apartamento estaba ocupado creyendo que era el viajero quien había decidido vender su propiedad.
Ocurrió que en ausencia del emigrante, desde una agencia inmobiliaria realizan la venta del referido inmueble a un comerciante de la zona quien pagó el valor exigido para adquirir el apartamento.
No está claro si el primer dueño del inmueble firmó el documento de venta, toda vez que conservaba en su poder el documento original de cuando él adquirió el apartamento «de paquete».
Lo cierto, asegura la fuente, es que allí entró en acción un abogado-gestor, «con experiencia en este tipo de acciones y con conexiones políticas y jurídicas y lograron realizar la venta fraudulenta».
La actuación del dueño legal del inmueble hizo que la tribu abogadil y de «agentes inmobiliarios» tuvieran que devolverle su dinero al comerciante estafado al que le habían «vendido» ese apartamento ajeno.
Posible demanda
Aunque el caso aceleró la intervención del Registro de Tucacas, se conoció que un grupo de abogados estudia demandar por daños a quienes fraguaron la venta fraudulenta.
En cuanto a la investigación que se conoció realizaba en el Registro el Saren, se desconoce si concluyó o sigue su curso.
Otras fuentes que dijeron conocer del caso opinaron que «es probable que eso se quede así, como ha pasado en casos anteriores donde se ha impuesto el billete».
Hay varias interrogantes en este caso cuyas respuestas a veces aparecen de forma espontáne en las esquinas de Tucacas donde los contertulios ofrecen sus versiones a a través de «radio bemba».
De forma oficial ningún vocero del Saren a suministrado información.
Francisco Chirinos
CNP 9966