Gobierno de Maduro cierra oficina de Alto Comisionado de la ONU: 72 horas tiene personal para salir del país
El canciller de Venezuela, Yván Gil, desde desde la sede de la Casa Amarilla, este jueves anunció el cese de las actividades en la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, misma que fue instalada el pasado 20 de septiembre de 2019, en colaboración para observar los «avances» en materia de derechos humanos en el país.
Gil, hizo énfasis en que los 13 funcionarios que laboran en dicha oficina, tienen un lapso de 72 horas para salir de Venezuela «hasta que rectifiquen sus recientes declaraciones».
“Esta oficina ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano” por parte de la oposición venezolana, dijo Gil.
Asimismo solicitó a realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, y dijo que la medida corresponde a «una decisión administrativa porque esa oficina se ha desviado de su mandato«.
Esta suspensión solo afectaría al convenio realizado entre el Gobierno venezolano y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, «vamos a seguir con la cooperación y seguiremos avanzando y potenciando la protección de los DDHH y actuando con las instancias internacionales que trabajan en DDHH».
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa rechazó la medida con un pronunciamiento a través de la red social X.
«Rechazamos y denunciamos la decisión del gobierno de expulsar a los representantes de la Oacnudh de Venezuela. La misión de la ONU ha estado en el país desde el 2019 y su salida aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de DDHH y disminuye la observancia».
La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada –a través de la firma de un memorando de cooperación– en el año 2019, tras una visita de la entonces comisionada Michelle Bachelet, con el objetivo de revisar en el terreno las denuncias sobre violaciones a DDHH, así como brindar asistencia técnica al Estado para mejorar la situación en este sentido.
La cooperación entre esta instancia de la ONU y el gobierno venezolano se reafirmó el año pasado, tras la visita del Alto Comisionado Volker Türk, que denunció entonces la ocurrencia de nuevas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad, así como la necesidad de que se liberen a todos los presos políticos y se realicen investigaciones reales sobre torturas.
Tras la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel, la Oacnudh indicó que podría tratarse de una desaparición forzada. Sin embargo, la mañana de este jueves se tomó nota de su lugar de detención y se solicitó que se respeten «las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa» de la presidenta de Control Ciudadano.
Con información de Notitarde/TalCual/800Noticias