TSJ responde con claro retraso tres amparos para conocer paradero de presos desaparecidos
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, respondió con evidente retraso tres solicitudes de amparo que pedían acciones judiciales para dar con el paradero de personas detenidas por presuntos funcionarios de seguridad o por motivos políticos.
Pese a que las solicitudes de habeas corpus en favor de Petter Padilla, Jorgen Guanares y Alianis Araujo se introdujeron en octubre de 2025 y el 13 de febrero de este año, respectivamente, la Sala Constitucional ofreció respuesta a todas ellas el pasado 14 de abril y las remitió a tribunales de primera instancia.
Es decir, el TSJ sobrepasó con creces el lapso de 96 horas previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal para dar respuesta a estos recursos. La ONG Acceso a la Justicia, en un análisis publicado en 2025, determinó que la Sala Constitucional tardaba un promedio de dos años para responder las solicitudes que, en su mayoría, eran negadas. Provea también ha señalado a los tribunales por negarse consistentemente a no recibir este tipo de recursos.
En el caso de Petter Padilla, de 41 años y nacionalidad ecuatoriana, su hermano Gallo denunció en la acción de habeas corpus (de fecha 28 de octubre) que presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) están involucrados en el hecho.
La familia de Petter Padilla ha interpuesto denuncias y recursos ante la Fiscalía de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, el Ministerio Público y Fiscalía General venezolana, en ese entonces a cargo de Tarek William Saab; la Fiscalía Delegada en San Antonio del Táchira; la Defensoría Delegada del estado Táchira; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Policía de Migración; Guardia Nacional y la Dgcim. No han obtenido respuestas.
La magistrada Jannette Córdova declinó la competencia a los juzgados de primera instancia en funciones de Control penal del estado Táchira, extensión San Antonio.
Respecto a la situación de Jorgen Guanares, su madre María Delgado interpuso el pasado 13 de febrero un habeas corpus para dar con su paradero. El fotógrafo, de 35 años, fue aprehendido por funcionarios desconocidos «en su vivienda» el 13 de diciembre de 2025 en Sabana Grande, Caracas.
Al analizar el amparo, la magistrada Michel Velásquez determinó que el mismo pretende restituir el derecho a la libertad personal «frente a una presunta detención arbitraria imputada a un órgano policial». En ese sentido, decidió que no es competente para el asunto y, por tanto, deben responder los tribunales de primera instancia del estado Táchira.
Sobre el caso de Alianis Araujo, su solicitud fue ingresada a la Sala Constitucional del TSJ el pasado 13 de febrero. Su madre, Fanny Lozada, solicitó que se restituyera su libertad inmediata debido a su detención arbitraria, desaparición forzada y las torturas a las que fue sometida tanto ella como varios familiares, se permitiera verificar su estado físico y mental además de contactar a su familia y la asistencia de abogado de confianza.
Araujo fue detenida por su supuesta vinculación con el caso «Plaza Venezuela», como denominaron las autoridades a la presunta colocación de explosivos en dicho lugar. Días antes de ingresar esa solicitud, Fanny Lozada denunció públicamente las irregularidades del caso durante una actividad en la UCV. Tras sufrir una descompensación, le fue notificada que su hija –hasta entonces desaparecida– se encontraba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques (Miranda).
La magistrada Michel Velásquez se declaró incompetente para resolver la solicitud y declinó la competencia a un juzgado de primera instancia en funciones de control de Caracas, escogido mediante distribución del Circuito Judicial Penal. Tampoco se refirió a las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas denuncias, pese a lo establecido en la legislación venezolana sobre actuaciones de oficio ante estas violaciones de derechos humanos.
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