Traslado de presos de Dgcim, Sebin y FAES pretender lavarle la cara al régimen ante la CPI

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Especialistas en derechos humanos conversaron este 28 de mayo en un foro llamado «Traslado arbitrario de presos políticos a cárceles de delitos comunes», en el cual concluyeron que con esta decisión el régimen de Nicolás Maduro busca quedar bien ante la comunidad internacional y especialmente ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Para Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, el decreto N° 4.610, que ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) transferir el ejercicio de las funciones de custodia de sus presos al Ministerio Penitenciario es «una barbaridad, una aberración», pues recuerda que las cárceles venezolanas son de las más peligrosas del mundo.

«Esto se debe a la estrategia de la dictadura para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional», afirma sin titubeos la abogada Solórzano.

Para ella, la mejor muestra de esto son los recientes pronunciamientos del fiscal impuesto por la constituyente, Tarek William Saab, y las actuaciones del Ministerio Público tras admitir la responsabilidad de funcionarios del Estado en los asesinatos de Fernando Albán, el capitán Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete.

De la misma manera, la diputada Adriana Pichardo, presidenta del Observatorio de Derechos Humanos, expone que los traslados de presos buscan «lavarle la cara a los jerarcas del régimen, a la cadena de mando que está denunciada ante la CPI por cometer crímenes de lesa humanidad» y enfatiza que se trata de una «violación gravísima a los DDHH».

Sin embargo, Pichardo enfatiza que el traslado de los presos a última hora no va a borrar las violaciones a los DDHH y las torturas cometidas.

De acuerdo con los datos del Observatorio de DDHH, hasta la fecha 15 presos políticos han sido trasladados entre el Rodeo II, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

En este sentido, Delsa Solórzano expone que con estos traslados no se está mejorando la condición del preso ni que se vaya por buen camino, pues asegura que con esta decisión «se le estaría entregando la custodia de los presos políticos a las pandillas criminales que dirigen las cárceles en nuestro país». Sostiene que la única forma de ir en la dirección correcta es con la liberación de estas personas.

El Observatorio de DDHH contabiliza 363 presos políticos; de los cuales, 80% están bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Servicio Bolivariano Inteligencia Nacional (Sebin), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).  El mismo porcentaje no tiene sentencia firme que les dé una condena para estar en cárceles comunes.

Pésimas condiciones

Harold Guerrero, Abogado, defensor de DHHH, y Coordinador del Sector Justicia, recuerda que en las cárceles existe hacinamiento en más de 180%, que no existen garantías ni mucho menos protección para presos políticos. Además, expone las precarias condiciones de estos centros de reclusión.

«Deficiencia en los servicios básicos como son salud: hay tuberculosis, covid-19, mala alimentación y otras enfermedades. El régimen no dice cuántos presos contagiados con covid-19, aunque los hay», afirma.

De la misma manera, el abogado Guerrero dice que con estos traslados se están violando algunos pactos y tratados internacionales, así como leyes propias: la Convención Interamericana de DDHH, las Reglas Mandela y la Constitución.

Harold Guerrero agrega que el sitio de reclusión de estos detenidos debe ser fijado por el juez que lleva la causa y no por un decreto.

La Mañana

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