Trabajadores de la salud son obligados a laborar en condiciones inseguras según informe del MSV

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Mientras en el mundo los trabajadores sanitarios son objeto de aplausos y reconocimiento por su labor heroica, en Venezuela son obligados por el Estado venezolano a trabajar en condiciones inseguras, poco saludables y sin reconocimiento de sus derechos humanos laborales.

Esta aseveración forma parte del informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela para septiembre de 2021, elaborado por el Monitor Sindical Venezuela después de estudiar las condiciones de 59 hospitales.

El informe fue dado a conocer por el presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, Julio García, acompañado por el secretario general de Fetrasalud, Pablo Zambrano.

El documento también plasma que en la actualidad, todas las áreas de atención y jornadas de trabajo de los centros de salud, muestran importantes déficits de personal.

La asistencia del personal a las áreas de emergencia, aislamiento y hospitalización es incompleta. A todas asiste menos de un tercio del personal, siendo especialmente graves las de emergencia y hospitalización cuya inasistencia es 83% y 88% respectivamente.

En las de aislamiento, este porcentaje es un poco menor al 70% pero, igualmente, es crítico.

El cumplimiento de todas las jornadas de trabajo es incompleto. En el que el porcentaje de cumplimiento en forma completa es mayor (turno de la mañana) no alcanza la mitad (44%) de los centros monitoreados. En el resto, las cifras de jornadas incompletas superan holgadamente dos tercios de los centros encuestados: tarde (71%), noche (64%) y domingos y días feriados (74%).

Las principales limitaciones de la asistencia del personal de la salud a los centros encuestados, son derivadas de ineficientes políticas públicas en materia de servicios públicos y de tipo macroeconómicas.

En el 76% de ellos, la falta de dinero en efectivo (39%) y ausencia de transporte público (37%) , son identificadas como las principales dificultades para asistir a los centros de salud. Tan sólo un 15% de ellos cuenta con transporte suministrado por la institución, pese a que esto, en medio de la pandemia, debería ser una prioridad del Estado para resguardar la salud del trabajador y de la población.

En la mayoría de los centros de salud, el personal en general y el de primera línea en el enfrentamiento de la pandemia, no cuentan con incentivos laborales. Además, el incumplimiento de compromisos contractuales por parte del Estado venezolano es una práctica extendida por el país.

En el 53% de los centros monitoreados, los trabajadores señalan que no cuentan con ningún tipo de incentivo laboral. La ausencia de incentivos adicionales, es aún más crítica para el personal que trabaja en primera línea, expuesto en forma permanente a ser contagiado.

En el 64% de los centros encuestados, los trabajadores de primera línea señalaron que no reciben incentivos laborales. En el 81% de los centros monitoreados, el personal manifestó que se le incumple con algún tipo de compromiso laboral y/o existen deudas pendientes.

Entre los compromisos más señalados están la dotación de uniformes (42%) y los permisos y descansos (38%). En la mayoría de los centros se incumple con los requerimientos indispensables para garantizar un ambiente seguro y saludable para los trabajadores, predomina el riesgo laboral, el abuso y acoso de las autoridades.

No existe vigilancia de las enfermedades comunes y ocupacionales (86%). No se cumple con lo establecido en la normativa sanitaria 090 del MPPS de responsabilidad social ante la pandemia de la COVID-19 en cuanto a la población vulnerable que en los centros de salud debe ser aislada.

Según el informe los trabajadores son sometidos a extensas y riesgosas jornadas de trabajo, con creciente demanda de atención motivada por la pandemia y déficit de personal y no se les garantiza la hidratación.

En el 81% de los centros monitoreados no cuentan con agua para beber. Pese a la elevada exposición al contagio del personal de salud y contrariamente a lo recomendado en estos casos, en el 68% de los centros de salud encuestados, el personal no recibió capacitación sobre medidas de protección.

El cuido del personal sanitario no es política de Estado. El Estado no garantiza pruebas diagnósticas para COVID-19 para el personal que labora en los centros de salud, pese a que su alto grado de exposición. Esto ocurre en el 81% de los centros encuestados.

Del diagnóstico oportuno depende en buena medida la efectividad del tratamiento y cortar la cadena de contagio. El hostigamiento, la arbitrariedad y el acoso contra los trabajadores es una práctica dominante en el total de centros encuestados. Se persigue y limita la libertad sindical y el derecho a la protesta de los trabajadores.

En el 81% de los centros, los trabajadores reciben amenazas de despido; en el 65% se desarrollan campañas antisindicales y en el 75% los trabajadores sufren repercusiones si participan en actos de protesta.

En síntesis, de un lado, a los trabajadores se les imponen condiciones laborales signadas por el incumplimiento patronal y el desarrollo de su trabajo en permanente riesgo laboral, y de otro, se les reprime la exigibilidad de sus derechos humanos laborales a través del acoso y abuso de autoridad.

Con información de El Carabobeño