Opinión

Tiempo Falconiano

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Una vez más

A pesar de que el comportamiento prepotente, autoritario y totalitario del régimen que no toma en cuenta a la comunidad, puede hacer pensar a la ciudadanía que pierde el tiempo tratando de interactuar en la búsqueda de la solución a sus innumerables e insoportables, y muy conocidas, calamidades, se debe continuar participando en este proceso de defensa de la vida, de lucha por los derechos humanos y todos los fundamentales para la dignidad humana. A este respecto, se tiene muy presente que la Constitución es la norma suprema a la cual estamos sujetos todos los ciudadanos venezolanos y los órganos que ejercen el Poder Público, es el texto esencial en él ámbito de la república, el contrato fundamental entre los ciudadanos, la regulación de la relación entre el ciudadano y el estado. Pero, en la línea de contar con el texto constitucional vital para preservar nuestra dignidad, se repite una vez más, sin llegar al cansancio resignante, la interrogante acerca del comportamiento de los entes del estado, el gobierno principalmente, con el objeto de determinar si ello constituye el desconocimiento y la violación impune y reiterada de la Constitución, si anula su vigencia y, por esa vía, los derechos y las posibilidades de participación del ciudadano venezolano, colocando la república en una especie de condición de vacío, ante la evidente impotencia de la ciudadanía venezolana. Dentro del comportamiento referido del estado, lo cual sería una conducta inconstitucional, se puede mencionar, rápidamente, la última elección del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la declaración de la Asamblea Nacional en un supuesto pero falso desacato, la suspensión de la inmunidad parlamentaria, e incluso la detención ilegal, de varios diputados de la Asamblea Nacional; la elección de una asamblea constituyente y los actos cumplidos por ésta, incluyendo las elecciones que convocó, destacándose la supuesta elección presidencial de mayo de 2018, y la designación de funcionarios del estado, como el Fiscal General de la República; la detención ilegal de innumerables ciudadanos y la violación de sus derechos por realizar protestas legítimas relacionadas con las condiciones de vida de la población; la creación por el Presidente de la República de unos supuestos defensores de la población de las entidades federales en las cuales el régimen no gana la elección del gobernador correspondiente; algunas contrataciones por parte del gobierno y otros entes oficiales, formalizadas sin la aprobación previa y obligatoria por parte de la Asamblea Nacional, las cuales comprometen significativamente el patrimonio nacional, y otras más. En estas condiciones, en la medida en que se hayan registrado estos actos oficiales, en la medida en que todo esto sea real, se hace lógicamente necesario determinar cuál es la posición del pueblo de Venezuela frente a esta situación. Cada venezolano puede, y debe, darse su propia respuesta. Se puede ver que existen venezolanos que piensan que no existe incumplimiento de la Constitución. Se puede ver que existen otros para quienes, la ejecución de un gobierno bolivariano del siglo XX es más importante que el cumplimiento de la Constitución, y por eso no los detiene una posible violación. Existen otros que a cambio de algunos benéficos particulares tampoco les detiene la violación. Todavía existen otros que se han cansado de una situación de violación impune, y se desinteresan de este asunto. Pero se ve que una gran mayoría del pueblo de Venezuela rechaza la violación de la Constitución y el comportamiento del régimen que lo hace. En estas condiciones, se aceptaría que existe desconocimiento y violación impune de la Constitución, lo cual anula su vigencia y los derechos del ciudadano venezolano, y coloca la república en una especie de condición de vacío. Así las cosas, una vez más se tiene que preguntar qué sentido tiene la situación de Venezuela, qué existencia real tiene Venezuela como república, qué se puede tratar entre el “gobierno. Por mi parte, repito que me parece que la única opción de solución es la elección legítima de un nuevo Presidente de la República, complementada con todo lo requerido para recuperar a Venezuela en términos económicos, políticos y sociales.

Douglas Játem Villa

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