Nacional

Sociedad civil exige transparencia en designación de fiscal general y defensor del pueblo

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11 organizaciones de la sociedad civil enviaron un comunicado conjunto para pedir transparencia en la selección de los titulares de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

La misiva, dirigida a la Asamblea Nacional, alerta que el proceso se está llevando a cabo sin los estándares mínimos de participación ciudadana, imparcialidad y rendición de cuentas. Por lo tanto, existe el riesgo de que se designen personas carentes de independencia, idoneidad y probidad para ejercer cargos que cumplen funciones esenciales para la protección de los derechos humanos.

Las ONG firmantes también critican que los integrantes del Comité de Evaluación no incluya representantes de diversos sectores de la sociedad, tal como lo requieren la Constitución y la Ley del Poder Ciudadano.

«Esta conformación anula la pluralidad e independencia del proceso, así como las garantías de participación ciudadana, pues sugiere que la eventual designación de las nuevas autoridades podría responder a lealtades políticas antes que, a criterios de mérito profesional», advierte el comunicado.

Tampoco hay claridad en cuanto a las reglas que rigen el proceso de selección. Las organizaciones recordaron que, hasta ahora, la ciudadanía desconoce el reglamento, el cronograma (aprobado el 27 de febrero de 2026), y el baremo para evaluar las credenciales de las personas aspirantes. En consecuencia, se limita la posibilidad de un escrutinio público efectivo, al igual que restringe la participación informada de la ciudadanía.

Las ONG hicieron un llamado para que se garantice que el proceso cumpla con lo establecido en la Constitución y los estándares internacionales en materia de designación de autoridades.

Igualmente, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los mecanismos pertinentes de Naciones Unidas y a los Estados de la región a monitorear este proceso de designación, por su «impacto directo en la recuperación de la independencia institucional, el acceso a la justicia, y la protección de los derechos humanos en Venezuela».

Con información de TalCual