Sindicatos aseguran que el Gobierno quiere desestabilizarlos al indagar en sus finanzas
La emisión de la circular proveniente por parte del Ministerio de Trabajo el pasado 28 de marzo, que exige a las organizaciones sindicales comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales la información financiera mediante la cual operan, ha generado opiniones encontradas y desacuerdos entre los líderes sindicales de algunos gremios, quienes consideran que dicha petición viola la libertad sindical.
Aunque el artículo 388 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que «las organizaciones sindicales están obligadas a comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales dentro de los 30 días siguientes, las modificaciones introducidas en los estatutos y acompañar copias auténticas de los documentos correspondientes y que se debe la nómina completa de sus afiliados y afiliadas», para algunas organizaciones sindicales dicha petición es una manera de presionarlas en plena ola de protestas para exigir mejoras salariales.
Una de las primeras en pronunciarse en contra de dicha exigencia fue Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), quien desde su cuenta de Twitter cuestionó dicha solicitud
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital afirma que, con esto, el Estado venezolano «mantiene la violación consecutiva que ha venido realizando al convenio 87 (establecido por la OIT), que establece la libertad sindical (…) Vemos cómo el Estado continúa su actuación injerencista cuando establece este tipo de mecanismos (…) no tiene por qué controlar las finanzas de una organización».
Expuso que la Memoria y Cuenta de las gestiones realizadas y giro económico, en el caso del Colegio de Enfermería, se da a sus miembros durante una asamblea. «Cuando vemos estas solicitudes que se hacen a través del Ministerio de Trabajo, nos preguntamos: ¿para qué?», cuestiona.
«Nosotros, desde el Colegio de Enfermería, consideramos que tenemos que mantener las recomendaciones que en el año 2019 hizo la OIT, que dice que las organizaciones sindicales y gremiales no podemos ser objeto de ninguna intervención por parte de Estado (…) Creemos y estamos conscientes de que la única responsabilidad que tenemos es rendirles cuentas a nuestros agremiados y estos, constituidos en asamblea, son los que pueden hacer observaciones para aprobar o improbar un giro económico», sostiene.
Contreras insiste en que los sindicatos no necesitan aprobación por parte del «patrono» para poder ejercer sus funciones para representar a los trabajadores al momento de discutir el contrato colectivo.
Con ella está de acuerdo Evencio Chacón, dirigente sindical de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela (Fetratel) quien resalta que «el Ministerio de Trabajo se ocupa de lo que no debe.
Explica que, en el caso del sector público, a los trabajadores les hacen descuento sindical, pero a los sindicatos «o no les pagan la cuota sindical o lo hacen meses después, por lo que cuando las organizaciones reciben la contribución de los trabajadores, que es la cuota por ser agremiados, se vuelven sal y agua producto de la devaluación, inflación y todo el desastre económico que opera en Venezuela». En consecuencia, «cuando un sindicato va a presentar la gestión del 2022, muchas de esas cuentas, en su mayoría, tienen saldos por cobrar».
Considera que lo antes expuesto es una manera de quebrar a las organizaciones sindicales. «Afortunadamente los sindicalistas venezolanos creativos y habilidosos han podido avanzar con los trabajadores y organizaciones, a pesar de que la orden es acabarlos», agregó.
Con información de TalCual