Se reducen las manifestaciones, pero se agudizan los problemas sociales de acuerdo con OVCS

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En marzo de 2020 las protestas de los venezolanos se redujeron en un 74% con respecto al mismo mes de 2019, concluye el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en su más reciente informe. La reducción de 2.038 a 580 protestas no significó mejoras estructurales que generaron un mayor bienestar para los ciudadanos pues las protestas siguieron teniendo como origen el deterioro del sistema de salud, el colapso de los servicios básicos, inflación en precios de alimentos y los bajos salarios que agravan aún más la condición de los ciudadanos con la llegada de la COVID-19.

En el panorama nacional, el estado Bolívar fue el sexto estado con más protestas (38) de las 580 manifestaciones, por detrás de Anzoátegui y Mérida (53), Distrito Capital (46), Miranda (43) y Monagas (39).

De las 580 protestas que se registraron en marzo del presente año, 226 fueron exigiendo derechos a la participación políticas, llegando a ser un 38% del universo. El 10 de marzo fue el día de mayor repunte, se debió a las actividades convocadas por partidos políticos de oposición para la implementación del “Pliego Nacional de Conflicto”. Durante 2019 esta también fue la principal causa de manifestaciones dada la juramentación como presidente encargado de Juan Guaidó y el anuncio de la fase final de la Operación Libertad.

Seguidamente estuvieron las protestas por servicios básicos con 184 en total para marzo. La principal recomendación para la prevención de la COVID-19 es lavarse bien las manos con agua y jabón, una medida difícil de cumplir en el país ya que se registraron 87 manifestaciones por fallas en el suministro en el servicio de agua.

A esta carencia le siguió 51 protestas por gas doméstico y 46 por deficiencias en el sistema eléctrico. Varias de estas ocurrieron incluso en medio de la cuarentena. El OVCS registró que un 23% de las protestas documentadas ocurrieron durante el periodo en que entró en vigencia la cuarentena colectiva. Esto significó 133 acciones de calle entre el 13 y 31 de marzo.

Durante marzo se protestó en 34 oportunidades exigiendo la normalización el suministro de combustible. Táchira con 9 movilizaciones fue el estado que más registró conflictos de este tipo. También se documentaron denuncias, largas colas, extorsiones y abuso de poder por parte de las autoridades en casi todo el país.

Las restricciones en el suministro de combustible se agravaron más durante la cuarentena y no entendió de priorizaciones: “Aunque el plan especial prevé el suministro de combustible a sectores prioritarios, tales como: salud, alimentación, transporte y seguridad, la realidad es que están restringiendo la distribución para casi todas las personas, incluidos los médicos y enfermeras”, señaló textualmente el OVCS en su informe.

Los ingresos insuficientes para costear productos básicos y la carencia de insumos motivaron a 133 reclamos por derechos laborales. 79 de gremios variados, 73 del sector estudiantil y 55 del sector salud.

El personal médico exigió la dotación de insumos y equipos de bioseguridad para prestar la debida atención durante la pandemia. Así como el cumplimiento de un plan para el suministro de combustible, como parte de los sectores prioritarios, el cese de la criminalización de la protesta debido a las amenazas y detenciones contra personal de la salud que se atrevió a denunciar y a exigir sus derechos.

Otros de los sectores afectados que tomaron protagonismo por el aislamiento colectivo impuesto han sido los trabajadores de la economía informal quienes han solicitado que se les permita trabajar, en vista de que es la única fuente de ingresos y carecen de suficientes ahorros para mantenerse. En Ciudad Guayana ocurrió específicamente en el mercado de Chirica.

Los productores y agricultores han protestado por el riesgo de perder sus cosechas ante la falta de combustible y restricción en las vías públicas, en detrimento de la seguridad alimentaria del país, la promoción al desabastecimiento y los sobreprecios en los productos disponibles.

35 de las protestas registradas en marzo fueron por derecho a la alimentación, la reducción de oferta de productos del campo, así como otros bienes y servicios, genera el incremento de precios que paga el consumidor. Aparte quienes dependen de las cajas CLAP han sufrido retraso en su entrega, disminución en el peso de los alimentos que repercute mucho más en su salud y desarrollo humano.

El OVCS en su informe insistió en que el principal problema del país es la ausencia de democracia. Señalan que, sin descuidar la emergencia sanitaria, es indispensable que las autoridades se aboquen a atender las necesidades sociales, pues su incumplimiento pone en riesgo la calidad de vida que merecen los ciudadanos para mantenerse a resguardo en casa y, como consecuencia, también podría derivar en un mayor número de protestas en un contexto de alto riesgo.

Exigen a las instituciones del Estado transparencia e inmediatez en la difusión de estadísticas e información referente a la COVID-19, así como también planes y acciones que vayan en consonancia con la garantía y el respeto de los derechos humanos de la población.

Con información de Correo del Caroní

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