Reparar para no repetir: la deuda del Estado con las víctimas de la represión
No hay manera de devolver lo perdido. Esa sentencia acompaña cualquier expectativa de cambio en una Venezuela colgada en la historia. Aunque desde la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 el país parece mirar hacia el futuro, las víctimas del régimen consideran que la posibilidad de una transición aún no disipa la sombra de los crímenes que marcaron sus vidas.
“¿Cómo le reparas tú a la víctima la vida? Eso yo no sé repararlo”. Israel Cañizales plantea la incógnita desde la pérdida de su hijo Armando, asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana el 3 de mayo de 2017, durante las protestas, y desde una certeza que acompaña a muchas familias venezolanas: ninguna compensación puede devolver una vida ni borrar el daño de la violencia ejercida desde el poder.
Zugeimar Armas también recuerda ese año fatídico. “El daño que ha causado este gobierno, no es posible repararlo, no hay manera de devolverle la vida a mi hijo. Han pasado 9 años y el daño psicológico y sentimental sigue intacto”, asegura la madre de Neomar Lander Armas, quien murió el 7 de junio de 2017, a los 17 años, en manos de los cuerpos de seguridad.
En una eventual transición política, como el escenario que se plantea actualmente desde las mesas de diálogo entre chavismo y oposición, el desafío de reparar a las víctimas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no se limitaría a reconocer a los familiares de personas asesinadas en protestas, operativos policiales o ejecuciones extrajudiciales. El universo es más amplio y heterogéneo. Incluye sobrevivientes de tortura y tratos crueles; presos políticos y personas sometidas a procesos judiciales arbitrarios; perseguidos por razones políticas; personas obligadas al exilio; ciudadanos a quienes se les impidió entrar o salir del país; y víctimas de desaparición forzada. También comprende a quienes perdieron viviendas, tierras, empresas, bienes o documentos por decisiones estatales arbitrarias, expropiaciones, confiscaciones o prácticas de persecución administrativa.
La noción de víctima alcanza, además, a familiares que han debido buscar durante años verdad y justicia, a personas afectadas por la actuación de cuerpos de seguridad o cuyos derechos fueron vulnerados por el deterioro de servicios esenciales bajo responsabilidad del Estado.
Los Cañizales son una de las miles de familias con la herida abierta. Israel insiste en que el debate actual no puede centrarse en un solo grupo: “No pueden utilizar nada más el caso de los presos políticos como bandera para restituir la situación de Venezuela, cuando todavía hay mucho sufrimiento. El dolor de la muerte de un hijo nunca se va, lo acompaña a uno por el resto de la vida”.
La realidad apunta a que, durante el mandato de Maduro, las víctimas mortales en manifestaciones superaron los 300, según registros históricos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Provea; y 10.853 personas fueron asesinadas por policías y militares entre 2013 y 2025, en distintas circunstancias. Foro Penal contabilizó 19.256 arrestos totales por motivos políticos desde 2014 hasta el 26 de octubre de 2026, cuando todavía permanecían encarcelados 322 presos políticos. Provea también contabilizó 1.652 víctimas de tortura y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes entre 2013 y 2023.
2026 comenzó con el chavismo aprobando una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, publicada el 19 de febrero en Gaceta Oficial. Pero el documento solo rescató la extinción de causas penales, disciplinarias y civiles, anulación de condenas y levantamiento de medidas de coerción vinculadas a quienes permanecían en las cárceles por motivos políticos. No estableció un programa para todas las víctimas del gran espectro; más allá de que fuera el primer paso para la liberación de los presos.
Asimismo, tras tres rondas de diálogo entre las delegaciones encabezadas por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, sigue pendiente acordar garantías de reparación para las víctimas. Según el bloque opositor que participa en las conversaciones, consultado por El Nacional, el chavismo aún no cede en la definición de los criterios para identificar a las víctimas y determinar los casos de violaciones de derechos humanos que deberían ser reconocidos y atendidos.
Sobre esto, la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, opina: «Los venezolanos hemos esperado 26 años por la justicia. Y creo que es una cosa que debemos encarar y proponer desde el principio, desde los primeros meses del cambio. Es importantísimo para que haya paz y justicia en Venezuela».
Para las víctimas, reparar comienza por admitir que los hechos ocurrieron y que hubo responsables. Pero la memoria debe trascender a las familias: “La memoria tiene que quedar como el acervo que debe permanecer en un país”, advierte Cañizales.
¿Qué es una víctima y qué es la reparación?
La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, aprobada por Naciones Unidas en 1985, define a las víctimas como aquellos quienes hayan sufrido, individual o colectivamente, daños físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. El reconocimiento no depende de que el responsable haya sido identificado, detenido o condenado.
Los principios y directrices básicos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005, mediante la Resolución 60/147, recogen que esta definición también incluye a familiares inmediatos, personas a cargo de la víctima directa y quienes hayan sufrido daños al intervenir para asistir o impedir la vulneración.
La directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sujú, expone que “la reparación a las víctimas se lleva a cabo a través de mecanismos distintos de la justicia transicional, por ejemplo, para dignificar a las víctimas. Esto es el reconocimiento de que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos, y hay que propiciar que ellas sean reivindicadas”.
Reparar a una víctima no significa borrar lo ocurrido ni poner precio a una vida. En el derecho internacional, supone reconocer el daño, restablecer los derechos vulnerados hasta donde sea posible y ofrecer respuestas materiales, médicas, psicológicas y simbólicas, junto con medidas para impedir que los abusos se repitan. En este mismo documento, la ONU distingue cinco componentes para la reparación: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Se trata de medidas que deben responder a la naturaleza y gravedad del daño. El documento también reconoce que, según las circunstancias, los familiares y las personas a cargo de la víctima directa pueden ser víctimas con derecho a reparación.
Aplicado a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante los gobiernos de Chávez y Maduro, el marco exige respuestas distintas. La restitución puede abarcar la devolución de bienes arbitrariamente sustraídos, la recuperación de documentos de identidad, el restablecimiento de la libertad de circulación o el regreso seguro al hogar. La indemnización busca compensar perjuicios económicamente evaluables; mientras que la rehabilitación incluye atención médica, psicológica, jurídica y social. Ninguna de esas medidas, por separado, agota la obligación de reparar.
Para muchos, el miedo es al olvido. Por ello, las medidas de satisfacción comprenden el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de desaparecidos, reconocer públicamente los hechos, dignificar a las víctimas, disculpas públicas, homenajes y preservación de la memoria. Las garantías de no repetición miran hacia las instituciones, como fortalecer la independencia judicial, el control de los cuerpos de seguridad y la revisión de normas y prácticas que facilitaron los abusos.
Zugeimar Armas recuerda con contundencia que “este tipo de crímenes no prescriben«. “La única forma de reparar el daño es con la justicia y para nadie es un secreto que con este gobierno no hay manera de hacer justicia”, dice.
En este sentido, Israel Cañizales opina que “no se puede evadir la responsabilidad de recordar lo que pasó. Por los medios que sean”.
“Se ha dicho hasta cansancio eso de que quien no conoce su historia la vuelve a repetir, la gente cree que es una expresión ridícula y manoseada, pero esa es la pura verdad”.
El padre de Armando recuerda que, tras el Holocausto perpetrado por el régimen nazi, Alemania desarrolló iniciativas para preservar los nombres y las historias de las víctimas. Entre ellas figuran las placas del proyecto Stolpersteine, instaladas frente a sus últimas residencias libremente elegidas. Para él, esos recordatorios muestran la importancia de que la memoria ocupe un lugar en la vida cotidiana.
Su relato pasa de esos espacios de memoria a los cuerpos de los sobrevivientes. Evoca las marcas que algunos conservaron en los brazos, los números que las autoridades nazis tatuaron a prisioneros de Auschwitz. “¿Dónde tenemos la marca de los venezolanos?”, pregunta. Y responde que algunos la llevan en el alma. Sin embargo, teme que esa huella se borre del recuerdo colectivo. “Porque si hay algo que caracteriza lamentablemente a muchos de los venezolanos es que tienen memoria corta”.
La reparación, una deuda pendiente del Estado
La reparación a las víctimas parece constituir el nudo gordiano para el chavismo en las negociaciones; el punto de no retorno donde la retórica política choca contra la exigencia de justicia. De este modo, una posible transición permanece estancada en cuanto a este tema: el chavismo insiste en no reconocer el daño causado por la persecución estatal, tanto en la Ley de Amnistía como en las mesas de diálogo.
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, una propuesta rechazada por la oposición y organizaciones de derechos humanos que exigen su derogación, como señaló a la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 y representante de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, a El Nacional.
“La Ley de Amnistía y cualquier ley temporal no importa, se está usando para eximir de responsabilidades a los perpetradores de las violaciones. Pero hay una diferencia, estos crímenes son de lesa humanidad y no prescriben, toda la cadena de mando que se sabe es responsable, debe ser enjuiciada”, opina Cañizales.
En esta línea, Sujú sostiene que “hay que recordar que los crímenes estaban institucionalizados”, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Para que exista de nuevo el estado de derecho en Venezuela debe haber justicia, porque son 26 años de persecución sistemática donde han ocurrido los peores crímenes de lesa humanidad como asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, en el marco de la represión generalizada con la utilización de todos los organismos e instituciones”, expone.
“Todas las instituciones que deberían preservar los derechos humanos de los venezolanos, estaban involucradas como cómplices, como actoras, ejecutoras de estos crímenes”, denuncia al recordar a víctimas como el activista Vasco Da Costa, el capitán Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán y a los jóvenes asesinados en las calles de Venezuela.
Sujú considera que para una eventual transición y el restablecimiento de las garantías democráticas se deben incluir a las víctimas en las mesas de trabajo para escuchar sus testimonios y reconstruir la narrativa, pero ese proceso, explica, debe permitir su reconocimiento y “activar la justicia punitiva a través de los tribunales de la República o los tribunales internacionales”. «Hay que desmantelar la estructura represiva venezolana«.
La especialista en derechos humanos es escéptica con las comisiones de la verdad planteadas por algunos sectores: “estas comisiones no son punitivas, y no hay que olvidar que se deben presentar ante los tribunales a aquellos que cometieron estos crímenes horrendos”.
“Sea quien sea que agarre un nuevo gobierno está en el deber de indemnizar a los familiares, ya que nuestros seres queridos fueron asesinados por el régimen del chavismo, no se les respetó su derecho a la vida”, reclama Zugeimar Armas y recuerda que la lucha por recordar a las víctimas “ha sido un camino duro, pero se ha logrado mucho”.
“Tenemos la esperanza intacta en que habrá un cambio y se honrará la memoria de mi hijo y de todos los caídos bajo este régimen asesino”, afirma la madre de Neomar.
La Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela, Alfavic, denunció recientemente que no se les está tomando en cuenta en las mesas de diálogo. Human Rights Watch advirtió de que “el aparato represivo sigue en pie”; mientras que Amnistía Internacional reiteró esta preocupación y alertó del riesgo de que los cambios sean “superficiales”.
Por su parte, la líder de oposición y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, descartó una amnistía para los responsables de crímenes de lesa humanidad y sostuvo que esa medida contravendría la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.
Armando Cañizales, Neomar Lander, Juan Pablo Pernalete, Miguel Castillo, Bassil Da Costa, Geraldine Moreno. Sus nombres, entre tantos otros, recuerdan las vidas perdidas y las familias que siguen esperando justicia. Víctor Hugo Quero Navas, hijo de Carmen Teresa Navas, murió bajo custodia del Estado mientras su madre seguía buscándolo, sin que las autoridades le informaran de su fallecimiento. Lorent Saleh y Víctor Navarro sobrevivieron a la tortura y han dedicado parte de sus vidas a contar lo que ocurrió dentro de los centros de detención. Miguel Henrique Otero y Diego Arria forman parte de otra dimensión del daño, marcada por la persecución, el exilio y el despojo de bienes.
Son historias distintas que no caben en una sola lista ni reclaman una sola respuesta. Para quienes perdieron a sus seres queridos, la esperanza es encontrar un país dispuesto a escuchar sus nombres, esclarecer sus muertes y hacer justicia; para los sobrevivientes y perseguidos, uno donde recuperar sus derechos y vivir sin miedo.
Seis instrumentos internacionales que reconocen y desarrollan el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a ser reparadas.