Recibe casa por cárcel pero duerme en el pasillo porque un funcionario invadió su casa
Habitantes de la urbanización Bello Monte, en la parroquia El Recreo de Caracas, denunciaron la situación de indefensión en la que se encuentra José Breijo, un ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años de edad. Breijo, quien permaneció recluido injustamente durante dos años en el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito) bajo acusaciones de presunto terrorismo, recibió recientemente una medida cautelar de arresto domiciliario; sin embargo, al ser trasladado a su residencia en el edificio Pascuareli, constató que su vivienda se encuentra invadida.
Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, detalló que la toma ilegal del inmueble, ubicado en la avenida Venezuela, fue ejecutada por un efectivo del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), cuerpo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Según la denuncia vecinal, el funcionario ocupante fue casualmente uno de los policías que participó en el arresto de Breijo a finales de 2023, cuando fue procesado por el simple hecho de tomar la fotografía de una bandera con inscripciones árabes.
«Hoy nos encontramos con un hecho dantesco: no solo se lo llevan preso dos años a Tocuyito, sino que el mismo policía que lo secuestró le invadió su apartamento. Ahora le otorgan casa por cárcel y no tiene dónde cumplirla, viéndose en la necesidad de dormir en un colchón en el pasillo frente a su casa en condiciones inhumanas», alertó Rojas.
El septuagenario aseveró sentirse en desamparo institucional. Relató que presenta un cuadro de salud severamente deteriorado a causa de las enfermedades adquiridas durante su reclusión.
Breijo explicó que tiene 22 años residiendo en calidad de arrendatario en ese apartamento y que el funcionario mantiene la puerta con candados, apropiándose de todas sus pertenencias. Al estar obligado a permanecer dentro del perímetro del edificio para no quebrantar la medida judicial de arresto domiciliario, el adulto mayor no puede salir a buscar alimentos ni asistencia médica regular.
Ante este escenario, los residentes del sector y defensores de derechos humanos exhortaron al Ministerio Público y pidieron de forma urgente el apoyo del Consulado de Uruguay para que brinde protección diplomática a su nacional.
El Frente Norte de Caracas emplazó directamente a las autoridades en materia de derechos fundamentales a romper el silencio institucional ante este patrón de expropiaciones irregulares que afecta a los presos políticos. El reclamo se produce pocas horas después de que Delcy Rodríguez sostuviera una reunión con la defensora del Pueblo, Egleé González, para evaluar proyectos de atención ciudadana y asegurar públicamente que los derechos humanos constituyen «la brújula que marca la actuación del Estado». Rojas insistió en que tanto González como Larry Devoe deben intervenir de inmediato para hacer respetar la propiedad privada y la integridad del anciano.
La denuncia sobre las condiciones de reclusión y las irregularidades post-excarcelación coincide además con un clima de fuerte inestabilidad en el aparato penitenciario del interior del país. Esta misma semana, una comisión de la Defensoría del Pueblo tuvo que desplegarse de emergencia en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) debido a un motín generalizado de los privados de libertad en rechazo a los maltratos de los custodios; situación que forzó la destitución del director del penal, Elvis Macuare Guerrero, y el traslado del ministro Julio García Zerpa para contener las protestas. El sistema carcelario se mantiene bajo un estricto escrutinio civil tras confirmarse el fallecimiento ocultado en custodia del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, un caso que avivó las demandas de renuncia contra la jefatura del despacho penitenciario.
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