Provea exige libertad de defensores de DDHH: al menos cinco permanecen detenidos

Provea exige la libertad inmediata de Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, defensores de derechos humanos «injustamente presos en Venezuela».

En el Día de Defensores DDHH, la organización recuerda la labor de todos los activistas y condena que al menos cinco defensores estén presos por ejercer su labor.

Asegura que su detención no son casos aislados. Son «presos de conciencia, casos estancados, sin garantías y recluidos en El Helicoide. Exigimos su liberación», escribió en su cuenta en X.

Provea denuncia las irregularidades y los procesos judiciales sin garantías a los que han sido sometidos los activistas de derechos humanos: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia.

Los casos
Provea explica las circunstancias de la detención y el trabajo desarrollado por los defensores:

Rocío San Miguel. Exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con la oenegé Control Ciudadano. Fue detenida junto a cinco miembros de su familia en febrero de 2024 y acusada de “terrorismo y traición a la patria”. Hoy permanece en El Helicoide, cuatro de sus cinco familiares fueron excarcelados con medidas cautelares y prohibición de hablar del caso.

Javier Tarazona. El profesor, desde la oenegé Fundaredes, alertaba sobre grupos armados en la frontera y documentaba abusos contra docentes. Fue detenido en julio de 2021 tras denunciar amenazas. Está en El Helicoide.

Eduardo Torres. Es abogado de Provea. Defendía a trabajadores y presos políticos hasta su desaparición forzada en mayo de 2025. Su reclusión en El Helicoide fue confirmada tras ocho días de presión. Hoy está preso en la cárcel Yare II.

Carlos Julio Rojas. Es periodista y líder comunitario, fue detenido el 15 de abril de 2024 y está recluido en El Helicoide, acusado de “terrorismo y magnicidio”. Se encuentra aislado, sin defensa privada y con deterioro de salud.

Kennedy Tejeda. Es abogado de Foro Penal. Fue arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo tras intentar brindar asistencia legal a un grupo de personas en un comando de la Guardia Nacional. Estuvo 20 horas desaparecido y fue trasladado a la sede de la Dgcim sin acceso a abogados. Permanece detenido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

Provea exige la liberación inmediata, la realización de juicios justos, el contacto con los familiares y garantizar el derecho de tener asistencia legal.

La organización Foro Penal ha denunciado el intento de criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos por parte de la administración Maduro.

Según su balance más reciente sobre presos políticos en el país, hay 887 personas detenidas por razones políticas y alertó sobre el caso de 60 personas de las que se desconoce su paradero.

Con información de TalCual