Provea exige investigar abusos contra manifestantes y desmantelar andamiaje represivo
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) solicitó este viernes 27 de marzo la investigación y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas en el país. A través de un comunicado, la organización alertó sobre un incremento en las agresiones contra el derecho a la manifestación pacífica, la asociación y la libertad personal.
La ONG señaló que la actuación de la fuerza pública muestra un «desapego a una cultura democrática». Según la denuncia, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales y grupos paraestatales derivó en casos de torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y asesinatos de manifestantes durante la última década.
El pronunciamiento de Provea surge tras la denuncia de Ana Yánez, integrante del Comité Nacional de Conflicto, sobre los incidentes registrados el pasado lunes 23 de marzo. Yánez informó que la movilización de trabajadores que exigía aumentos salariales no logró llegar a la sede del Ministerio del Trabajo debido a agresiones de grupos civiles armados.
El dirigente gremial ratificó que el sector laboral mantendrá las acciones de calle para exigir sueldos y pensiones dignas. Asimismo, reiteró la exigencia de derogar el instructivo de la Onapre y el memorándum 2792, instrumentos que los sindicatos señalan como responsables de la pérdida del poder adquisitivo.
Provea enfatizó la necesidad de contar con un Ministerio Público y una Defensoría del Pueblo que operen de manera independiente para erradicar la impunidad en estos casos. La organización recomendó el diseño de políticas de consenso que permitan desmantelar las estructuras de represión y garantizar la vigencia plena de la Constitución Nacional.
Por su parte, la Asamblea Nacional difundió una nueva lista de postulados para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo, tras otorgar una prórroga de 48 horas en el proceso de selección. La renovación de estas autoridades es considerada por las organizaciones civiles como un paso crítico para asegurar la justicia en las denuncias por abusos de autoridad.
Con información de TalCual