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Presiones del Gobierno sobre referendo del Esequibo son selectas pero podrían escalar

La Mañana
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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) moviliza a su maquinaria para participar en las actividades relacionadas al referendo sobre el Esequibo, que se celebrará el venidero 3 de diciembre. En medio de la carrera por el mecanismo consultivo, las altas esferas han resaltado a la ciudadanía la importancia de participar y han emplazado a sus estructuras de base, incluso, a hacer un «casa por casa» para «orientar» a quienes no saben del tema y motivarlos a expresarse.

Las autoridades de la administración Maduro han dejado una línea clara: impulsar la participación. La pauta girada por el oficialismo coincide con la denuncia del exgobernador tachirense César Pérez Vivas, quien aseveró que habitantes del estado Mérida fueron amenazados con ser despojados de los beneficios de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) si no participaban en el proceso.

El día del simulacro a algunos trabajadores públicos los emplazaron a participar y reportar su voto junto a su nombre, apellido y cédula de identidad. «Recuerden a su vez que toda la información está registrada y vinculada con nuestro órgano rector lo cual significa que debemos actuar con la verdad y mentir puede traer consecuencias que estarán bajo la responsabilidad de cada trabajador», fue el mensaje que llegó a algunos trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzar que pidieron resguardar su identidad.

Las fuentes comentan que también les dijeron que sus reportes de participación se usará como número base la totalidad de personal que recibe beneficio de alimentación.

A diferencia de momentos electorales anteriores, hechos como los denunciados por Pérez Vivas o los reportados a esta redacción no abundaron, lo que puede significar un cambio en la estrategia del Ejecutivo.

Un funcionario «cargo 99» (libre nombramiento y remoción) de la Gobernación del estado Vargas comenta a TalCual que por ser un puesto de confianza debe votar: «Eso no tengo ni que preguntarlo». La fuente dice hasta el momento solo lo han convocado a él y al personal del cual se encarga a asistir a movilizaciones y actividades sobre el tema, «pero nada obligado».

Lo mismo indican funcionarios policiales y otros empleados públicos. Afirman que —contrario a otras elecciones— en esta ocasión no han recibido la orden expresa de ir a participar en el referendo por el Esequibo.

Daniel Varnagy, doctor en Ciencias Políticas, afirma que «hay un cambio de estilo significativo en el que parecería que el Gobierno se ha dado cuenta que los mecanismos violentos para arengar a la población se convierten en efectos negativos en su propia contra».

Otro factor que marca la diferencia, resalta Varnagy, es que estas «no son elecciones medulares para el sostenimiento del sistema».

Con la postura de Varnagy coincide el sociólogo y analista Damian Alifa. Explica que en esta oportunidad la posición del Gobierno en torno al tema del referendo no es disputada por nadie. «En otras palabras, a pesar de que algunos sectores de la oposición han denunciado el referendo como un distractor de los problemas más urgentes y otros han puesto en duda su utilidad, nadie ha llamado abiertamente a votar por el «no» o a abstenerse».

Alifa afirma que lejos de contraponerse al Ejecutivo algunas figuras opositoras, incluso de la llamada Plataforma Unitaria, han afirmado que votarían, por lo que no hay una posición política que llame a abandonar la disputa por el Esequibo.
«Por otro lado, en los estudios de opinión que se han realizado, se ha visto que, aunque no es un tema prioritario frente a otras preocupaciones más urgentes para la sociedad como el salario, la salud, la escasez de agua o los apagones, es cierto también que la mayoría de los venezolanos tienden a responder que están de acuerdo con que el Esequibo sea parte del territorio nacional».

Amenazas selectas

El abogado Joel García denuncia que a los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensa Pública los han obligado a llenar un formulario de «votantes» para el referendo del 3 de diciembre. «Les dijeron que tienen que votar a juro», afirma a TalCual.

García detalla que el formulario les llegó entre los días 13 y 17 de noviembre, semana en la que se pautó el simulacro sobre el Esequibo.

 

«Cuando gozas de inestabilidad para mantenerte debes cumplir al pie de la letra las instrucciones», añade el abogado, refiriéndose al hecho de que jueces y otros funcionarios no tienen «estabilidad» debido al modus operandi del gobierno de Maduro de escogerlos «a dedo» y bajo carácter transitorio.

 

Líderes de consejos comunales consultados por TalCual indicaron que cuando se supo del referendo, dirigentes estatales les informaron que les harían llegar planillas para registrar a quienes participarán en las actividades relacionadas al referendo, pero estos documentos no han llegado hasta la fecha de publicación de este texto. Aunque desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se ordenó hacer visitas «casa por casa», varios dirigentes dijeron desconocer sobre estos «operativos».

Sobre el tema comunitario y los «casa por casa», Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), dice que hay suficientes evidencias de que ese tipo de censos son utilizados como mecanismos de coerción para distribuir los beneficios sociales y para mantener un control sobre la población.

«Así que estamos en un Gobierno que no es democrático y lamentablemente eso forma parte de los patrones de control y de intimidación de la población», agrega.

 

TalCual pudo conocer que a maestros de instituciones públicas les exigieron hacer actividades relacionadas con el Esequibo, pero no les solicitaron participar en el simulacro del referendo.
Varnagy señala que el discurso que ha mantenido el Gobierno en las últimas semanas es una «invitación» a la participación el 3 de diciembre. No descarta que más adelante pueda cambiar el clima y que esas invitaciones a participar que hace el chavismo «sean más fuertes y se conviertan en presión, pero ya no serán como las del año 2003, 2007 o 2014 donde hubo momentos de violencia política».

 

El especialista en temas políticos sostiene que “el sistema político actual no puede llevar adelante los exhortos de forma violenta, puede ser de forma vehemente, pero no tan violenta”. A su juicio, los gobernantes buscan «mostrar que están en el poder y que la gente le hace caso».

Al menos hasta ahora, agrega Varnagy, la estrategia, más que buscar una forma de coacción para participación, es de distracción sobre dos elementos fundamentales: los resultados de las primarias y la situación económica que ha empeorado.

Una opinión similar tiene el sociólogo Uzcátegui, quien cree que este «no es un tema de interés nacional», sino que se intenta  «quitarle el peso político en la opinión pública a las elecciones primarias por la cantidad de gente que participó» y que también se buscar «fortalecer el músculo de la maquinaria electoral oficialista con dinero público de manera abierta» con miras a las elecciones presidenciales, pautadas bajo acuerdo para el segundo semestre de 2024.

Alifa, por su parte, señaa que «el debate público, ya acostumbradamente precario, ha sido bastante pobre en este tema. Una que otras acusaciones mutuas entre el gobierno y la oposición, alguna controversia interesante, pero poco abordada, en relación al papel que debe jugar Venezuela en la CIJ, pero del resto han privado las consignas patrióticas».
Es por esta razón, añade el sociólogo, que el Gobierno «entrampa e inmoviliza» a algunos sectores de la oposición que no quieren mostrarse como opuestos a la defensa del territorio, aunque tampoco quisieran llamar a votar en el referendo. «Por otro lado, no tienen mayor resistencia social a su posición, salvo la apatía frente al tema que tal vez pudiera tener una sociedad agobiada por problemas vitales básicos»,

¿Una nueva lista Tascón?

Defensores de derechos humanos alertan que ,tras la no participación de algunos electores en el referendo consultivo sobre el Esequibo, pueda surgir una nueva «lista Tascón» que discrimine a la población por razones políticas.

Los principales afectados serían los empleados públicos, beneficiarios de bolsas CLAP o de otros beneficios sociales que otorgue el gobierno, efectivos de la Fuerza Armada Nacional y milicianos, así como personas que expresen de manera pública su inconformidad sobre este proceso y puedan llegar a ser tildados de traidores a la patria o sufran algún tipo de represalias.

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y defensora de derechos humanos, cree que todo el despliegue es una campaña electoral que «está orientada claramente a dividir a los venezolanos entre entre patriotas, que apoyan la moción de la revolución, y los apátridas, que son identificados como de la derecha recalcitrante». Enfatiza que desde la no participación en el referendo por el Esequibo, «se puede generar una lista Tascón», donde dice que hay que tener el mayor cuidado.

Rafael Uzcátegui coincide con San Miguel y recuerda que algunos voceros del oficialismo ya han anunciado el deseo de «penalizar de alguna manera» a quienes no participen el 3 de diciembre y explica que con esto se dan «más elementos para temer que sí es probable que se genere una nueva lista Tascón».

No obstante, ambos defensores de DDHH sostienen que en este proceso consultivo los electores tienen libre albedrío, para así lograr quitarle el «carácter de plebiscito que el Gobierno quiere darle a esa consulta y decir que son votos a favor de ellos», explica Uzcátegui.

Por su parte, San Miguel hace un llamado a los venezolanos a participar el 3 de diciembre para cubrir a los empleados públicos y evitar que se construya una nueva lista Tascón con este referendo. Abiertamente, la abogada pide votar «Sí» en las preguntas 1 y 2 y «No» en las otras tres «para que esto también se convierta en una silente rebelión contestataria al poder».

Con información de Tal Cual