PNB retoma el testigo de las FAES en ejecuciones extrajudiciales
Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante el primer semestre del año disminuyeron, en parte por los señalamientos contra las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un brazo de la Policía Nacional (PN), pero se mantienen dentro del espectro de supuestos operativos de seguridad en comunidades.
Un video viralizado en Twitter el pasado 30 de septiembre motivó una actuación rápida del Ministerio Público. En el clip se observa a un joven amarrado a dos columnas en la entrada de un callejón, mientras un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo sostiene y otro le dispara directamente al pecho. Mientras lo van desatando, se escuchan nuevos disparos al aire y se ve el movimiento de otros funcionarios.
Esto ocurrió en el sector La Trilla, de Ocumare del Tuy. La víctima era Dimilson Guzmán Santaella (21 años), quien supuestamente formaba parte de una banda delictiva. Según la minuta policial, el joven se enfrentó a la comisión policial con una escopeta. Pero el vídeo muestra al joven sin camisa, sin un arma cercana, amarrado y rodeado de policías, mientras la persona que graba el vídeo exclama «no están disparando, no hay nadie. Mira cómo mataron a ese pobre hombre».
Ese mismo día, en Twitter también circuló un audio de un oficial de la PNB donde detalla el «método» que deben seguir el resto de los policías para evitar investigaciones de fiscales y garantizar la impunidad a la hora de cometer «un trabajo», el eufemismo usado para referirse a una ejecución.
Ambos materiales demuestra lo que a través de cientos de testimonios han denunciado miles de familiares y vecinos de las víctimas desde el nacimiento de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y, posteriormente, la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): En Venezuela existe abiertamente un patrón de ejecuciones extrajudiciales contra personas en barriadas y comunidades pobres, justificado a través de operativos policiales con la excusa de supuesta «resistencia a la autoridad».
Este patrón se resumió desde la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ratificado a través de la Misión de Determinación de Hechos, de la siguiente manera: las víctimas siguen siendo hombres jóvenes y niños en sectores populares, que no sobrepasan los 35 años, son pobres y afrodescendientes. Los funcionarios de seguridad irrumpen en las viviendas y utilizan la violencia, «incluida la violencia de género, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares».
También se registran denuncias de acoso y violencia sexual en estos operativos, manipulación de la escena del crimen y robo a las víctimas y sus familiares.
Provea y Centro Gumilla, a través de la iniciativa Lupa por la Vida, contabilizaron 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante los primeros seis meses de 2021, una disminución del 48% frente al primer semestre de 2020, cuando se contabilizaron 1.611 asesinatos de este tipo.
Según Lupa por la Vida, esta disminución podría guardar relación con el informe de la Misión de Determinación, presentado en septiembre de 2020, en el que Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol fueron señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.
La disminución, aunque positiva, otorga peso a la tesis de que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado y que, cuando existe voluntad política, se puede orientar a los cuerpos policiales para que sus actuaciones sean menos letales.
FAES desplazada
Para Lupa por la Vida, uno de los principales hallazgos de su monitoreo durante el primer semestre del año fue la disminución radical en la cantidad de veces que los cuerpos policiales intervinieron en sus ejecuciones. En este semestre acumularon 64 operaciones que acabaron con asesinatos, a diferencia de las casi 417 que abarcaron en el mismo período del año pasado.
La ONG considera que esta menor operatividad podría tener que ver con un proceso de disolución progresiva de las FAES, ya que este año han trasladado personal hacia la nueva Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), que fue responsable de cuatro casos de presuntas ejecuciones de este registro.
Con información de Tal Cual