Ministra Sanjuán convoca debate nacional para redactar nueva ley universitaria
Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria, anunció la conformación de metodologías y mesas de trabajo para la discusión de la nueva Ley de Universidades.
En un video difundido en redes, la ministra detalló que el proceso contempla reuniones con estudiantes, trabajadores y profesores, así como encuentros regionales y una consulta nacional.
La medida busca incorporar las opiniones de las comunidades académicas, de la ciudadanía y de distintos sectores de la sociedad venezolana en la construcción del nuevo marco legal que regirá la educación superior.
La ministra sostuvo que el nuevo instrumento legal permitirá responder a las aspiraciones de los jóvenes, abordando aspectos clave como la duración de los planes de estudio y la consolidación de posgrados en el país.
«Es muy importante que todos tomen esta ley como algo propio. Esta ley no la van a hacer expertos, esta ley la vamos a hacer los usuarios del sistema», dijo Sanjuán.
Tras el respaldo unánime del Consejo Nacional de Universidades (CNU) el pasado 5 de octubre, se reactivó la discusión de la Ley de Educación Universitaria, según confirmó el ministerio en sus canales oficiales.
La ministra Sanjuán enfatizó que el objetivo final es acordar por consenso un modelo que será presentado ante la Asamblea Nacional, orientado a blindar la gratuidad y excelencia de la educación superior.
«Nueva Ley de Educación Universitaria no es prioridad»
Por su parte, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) sostuvo mediante un comunicado que la discusión de una nueva Ley de Educación Universitaria no representa una prioridad urgente dado el contexto actual.
De acuerdo con el documento, las universidades venezolanas atraviesan una crisis profunda tras décadas de insuficiencia de recursos. Esta situación incluye remuneraciones irrisorias para el personal universitario, el deterioro o desaparición de servicios esenciales y la reducción de las becas estudiantiles.
A ello se suman reiteradas interferencias en aspectos clave de la vida académica y administrativa, como la definición de estructuras internas, la elección de autoridades, la creación de programas académicos y los procesos de admisión.
Como resultado, el número de profesores y estudiantes ha disminuido drásticamente en la mayoría de las instituciones. En algunos casos, la actividad académica se encuentra severamente limitada y, en determinadas áreas, próxima a la paralización total.
La academia enfatizó la urgencia de asegurar financiamiento adecuado, salarios dignos, operatividad en los servicios estudiantiles y el respeto efectivo a la autonomía universitaria, permitiendo a las instituciones trabajar dentro de la legalidad vigente antes de avanzar en discusiones normativas.
TalCual