Más de 100 presas políticas esperan por excarcelaciones prometidas por los Rodríguez
Familiares, activistas y estudiantes protestaron este martes 26 para exigir por la libertad inmediata de más de 100 presas políticas que, aseguraron, permanecen detenidas en todo el país bajo condiciones que violan estándares internacionales de derechos humanos.
«Es una cifra alarmante, sobre todo en una situación como esta donde ha quedado en evidencia la política penitenciaria en el país, abusiva, contraria a los estándares internacionales (…) Más de 100 mujeres siguen presas en cárceles donde no tienen condiciones de salud, no tienen condiciones de higiene, donde están sometidas a constante sufrimiento y a constante tortura», alertó el activista Diego Casanova desde las inmediaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una de las dos cárceles exclusivas para mujeres en el país.
Melania Leal recordó que su hermana, Emirlendris Benítez, ya tiene más de siete años privada de libertad tras ser capturada y condenada a 30 años de prisión por el «caso de los drones», como se conoció al supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.
«Ella fue brutalmente torturada, estando embarazada perdió a su bebé y fue condenada a 30 años de prisión sin haber cometido ningún delito (…) Le digo a los hermanos Rodríguez, qué tantas mentiras, qué más sufrimiento para nuestras familias y para ellas que están allá adentro separadas de sus padres, de sus hijos, perdiendo su tiempo», expresó Leal.
Dijo que su hermana, quien sufre de dolores y dificultad para moverse producto de las torturas, recibirá atención médica especializada «cuando salga en libertad» ya que no han recibido respuestas a todas sus solicitudes para un traslado a un centro de salud.
Según el Foro Penal, en los últimos cuatro días apenas se contabilizó una excarcelación de las más de 500 prometidas por las autoridades. Los manifestantes, al grito de «ellas no están solas», increparon a las autoridades a respetar las liberaciones e iniciar averiguaciones sobre las torturas y violencia sexual al que han sido sometidas algunas mujeres presas, como Yanín Fabiana Pernía. También recordaron que al menos cinco madres, como Carmen Teresa Navas o Yarelis Salas, han muerto a la espera de excarcelaciones.

Melania Leal insistió en que todas las presas políticas, especialmente las recluidas en el INOF, deben ser liberadas. «Ya basta de tanto dolor y sufrimiento para las familia. Cuántas madres y padres quieren que sigan muriendo esperando la libertad de sus hijos. Libertad para todos los presos políticos, mujeres y hombres, civiles y militares, basta de tanta tortura psicológica», sentenció.
#Ahora | En el puesto de control del INOF les gritan a las mujeres presas políticas que “no están solas”. Según el Comité por la Libertad de los Presos políticos hay más de 30 mujeres detenidas por razones políticas en esta cárcel. pic.twitter.com/eKc5uku9JI
— TalCual (@DiarioTalCual) May 26, 2026
Yoannis Suárez y Anneris Fajardo se acercaron por primera vez a una protesta de presas políticas para exigir la libertad de la abogada Yazmín del Carmen Fajardo, quien se encuentra detenida desde el 7 de mayo de 2025 por su supuesta vinculación en una operación denominada «Cacique Mara», donde hay otras 16 personas involucradas.
Suárez, madre de Yazmín, pidió a las autoridades, y en particular a Delcy Rodríguez, que revisen el expediente –al cual no ha podido acceder hasta la fecha– «porque está viciado». Los fiscales Marifer Arrechadera y Reinel Rojas acusaron a la joven de presunta asociación para delinquir y tráfico, en modalidad de cooperador, los mismos cargos que tiene su esposo y padre de su hija.
Explicó que Yazmín, de 26 años y quien vivía en San Félix (estado Bolívar) como el resto de la familia, tenía siete meses visitando la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, para llevar comida y paquetería a su pareja, Vladimir Molina, cuando fue llamada por el director del penal para unas «averiguaciones».

De la oficina del director fue sacada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que la trasladaron a la sede del organismo en Boleíta (municipio Sucre, estado Miranda). Allí estuvo 20 días recluida antes de ser trasladada a La Crisálida, otra cárcel para mujeres en Los Teques.
Hace tres meses, comentó la hermana, Yazmín tenía pautada la apertura de juicio ante el Tribunal 21 en funciones de Juicio pero la audiencia fue cancelada por la jueza Gleibis González. «Estamos esperando una nueva fecha y no dicen nada (…) Ni siquiera tienen pruebas, nada, son expedientes fabricados».
Al exponer el caso ante la comisión parlamentaria de seguimiento a la amnistía, Fajardo comentó que la respuesta fue que esos reclamos debían hacerlos los abogados y que «ya fue revisado y tenemos que esperar a los ‘de arriba’. ¿Quiénes son? Creo que usted sabe a quiénes se refieren con eso».
Anneris Fajardo denunció además la afectación que ha significado para toda la familia, en especial para la única hija de su hermana, que tiene cinco años.
«La niña estaba presentando principios de abandono por lo de su padre, y ahora que está la madre es el doble. Está sufriendo muchísimo (…) Hace dos días tuve una videollamada con ella y las palabras de mi sobrina fueron ‘tía, ¿por qué todos mis compañeros y mis amiguitos tienen a su mamá y yo no tengo a mi mamá? ¿Mi mamá me abandonó? ¿Tú también me vas a abandonar?», expresó entre lágrimas.
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