Los niños perdidos: el riesgo aumenta en medio del caos y la «buena voluntad»

Dos filas de gente se cruzan y tropiezan incesantemente por las puertas del Parque del Oeste, en Catia. La confusión es mayúscula. Un muro a la derecha se va empapelando con listas improvisadas donde garabatean nombres difíciles de entender. Y en medio de carteles desgastados de tanto revisarlos, las caras de decenas de bebés, niños, niñas y adolescentes: Desaparecidos.

Pegada a una columna hay una mesa de plástico y dos sillas con un papel que dice: CPNNA. Nadie sabe qué significa, pero allí aterrizan a pedir información de todo tipo a las funcionarias del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que están tratando de registrar el aluvión de gente que las sobrepasa.

Apenas alguien se acerca, la respuesta es casi automática: «aquí no hay niños solos, todos los que entran por esa puerta vienen acompañados». Responden una y otra vez lo mismo, debido a un rumor replicado con datos no verificados que se difundieron a través de redes sociales por creadores de contenido que aseguraban que había una cifra de 300 a 400 niños que presuntamente se encontraban en ese lugar, solos sin amparo familiar, e incluso hicieron un llamado a personas voluntarias para que fueran a “acompañar a los niños”.

Representantes de dos ONG -que prefirieron resguardar sus nombres- aseguraron a TalCual que en diversas rondas de reconocimiento dentro del parque, tanto el jueves 25 como el viernes 26, no encontraron ningún espacio en el que se encontraran niños solos y menos una cantidad cercana a 300.

Como referencia, la matrícula educativa de una institución con 300 niños implicaría llenar 10 salones de clase con 30 niños cada uno. Y de ser así, incluso si menos de la mitad son bebés o infantes menores de 5 años, requeriría la atención simultánea de más de 20 adultos, una presencia que sería bastante visible.

El equipo de TalCual hizo dos recorridos en las instalaciones del Parque del Oeste: por carpas y toldos instalados en las caminerías, en las áreas verdes, en las cabañas distribuidas alrededor del parque, dentro de los espacios habilitados como refugios, verificó en horas y días diferentes (entre el jueves 25 y el viernes 26) para constatar esta situación y no consiguió ningún espacio o información oficial o parcial que indicara un posible lugar para albergar a esta cantidad de niños solos. 

Las funcionarias del Consejo de Protección que están en el sitio lo ratifican y explican el procedimiento: todos y cada uno de los niños que ingresa al parque tiene que ser registrado obligatoriamente en ese punto de atención. «Algunos vienen con sus grupos familiares, pero todos tienen que demostrar que son sus adultos responsables». El problema es que se aplica un procedimiento estándar a una situación excepcional: demostrar la tutelaridad con documentos, precisamente lo primero que pierde quien sobrevive a un terremoto. El desafío no es únicamente encontrar a los desaparecidos sino garantizar que cada niño regrese con la persona correcta.

Aunque se trata de un registro prioritario con criterios muy específicos, la urgencia los obliga a escribir el nombre del menor de edad y la persona a cargo para dejarlos pasar. Por todo el parque se multiplican carpas improvisadas con dos, tres o más niños de diferentes edades. Muchos de ellos son bebés en cunas, corrales o carpas de juguete.

Hasta el viernes 26, a las 7:30 de la noche el Consejo de Protección había registrado en un solo día a 49 niños «acompañados de alguien que es su adulto responsable. Aquí no hay niños solos», reiteró la funcionaria. El día anterior, el registro también se aproximaba a 50 niños que habían ingresado durante el día.

Funcionarios de la alcaldía del municipio Libertador informaron que, para la noche del viernes 26, tenían registradas a 690 personas en el refugio -todos provenientes de La Guaira- que funciona dentro del auditorio del Liceo Miguel Antonio Caro, y que aún no habían podido cuantificar a las personas que estaban en diversos espacios del parque porque se trataba de habitantes de Caracas que están haciendo pernocta porque tienen miedo de volver a sus viviendas o por el riesgo que presentan las estructuras. En ningún caso suministraron cuántos de ese número registrado son niños.

Aprender de la experiencia  

Para muchos funcionarios entrevistados y especialmente para los ciudadanos, el antecedente del Deslave de Vargas en 1999 es un fantasma que orbita en sus memorias. Y el episodio más doloroso que se repite continuamente fue la mala gestión en la protección de los niños, niñas y adolescentes que lograron ser rescatados de los escombros, pero a los cuales se les perdió el rastro después de la tragedia ocurrida hace casi 27 años.

Una consejera de protección señala: «los protocolos existen por una razón. Mucha gente ofrece su ayuda, pero hay un procedimiento de Ley». Por ejemplo, dice que todo niño rescatado de una zona de desastre debe pasar obligatoriamente por evaluación médica, por lo que es muy improbable que un niño rescatado sea llevado primero a un parque como refugio. «Los niños van a un centro hospitalario. Si llegan solos y no logran ubicar a familiares se inicia otro proceso», precisa.

La Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños Niñas y Adolescentes (Asonacop) emitió un comunicado en el que indica que cualquier brigadista, socorrista o sociedad civil que tenga conocimiento de un menor de edad cuyo paradero sea desconocido o esté separado de sus progenitores tiene el deber legal de actuar conforme a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), que en su artículo 124 establece que en situaciones de desastres naturales y calamidades, el Estado debe activar programas especiales de asistencia para proteger a los menores afectados y a sus familias.

La prioridad, insisten, es la reunificación familiar primaria, es decir que bajo ninguna circunstancia son niños en condiciones de adopción inmediata. 

Mientras tanto, el personal de salud ha actualizado listas diarias con los casos que reciben. Una trabajadora del Hospital Miguel Pérez Carreño -que resguardó su identidad- explicó que ante la cantidad de niños que iban llegando, decidieron tomarles fotos y a los que pueden les preguntan datos básicos como sus nombres, el de sus padres y el lugar donde fueron rescatados y lo escriben en sus brazos.

«Anotamos la mayor cantidad de datos de los niños que pueden expresarse claramente, pero algunos están en shock, no saben decir bien cómo se llaman sus padres o sencillamente aún no hablan porque son bebés».

Y en medio de la buena voluntad de muchos trabajadores de hospitales, los rostros de los niños terminan como galería de búsqueda en decenas de estados de Whatsapp y redes sociales tratando de que los ubiquen algunos familiares.

«Eso también es un riesgo porque mucha gente los ve y entre tanto desorden hay gente muy mala. A veces ese niño reconoce a un vecino o alguien cercano que lo cuida y se siente seguro, aunque no es su familia. El problema es cuando lo llevan a un refugio y después se hace más difícil de rastrear. La orden es que no se le entregue a nadie que no pueda demostrar que es su familiar, pero en la práctica no podemos controlar este caos porque son demasiados niños», agrega.

Los hospitales tienen un plazo máximo de dos horas para notificar al personal de guardia del consejo de protección el ingreso de un menor de edad solo.

Búsqueda desesperada 

Una niña lleva en la camisa un cartel con la foto de otra niña. Arriba dice «Se busca». Debajo aparece el nombre: Eriany Urruchurtu. Vivía en un edificio cerca de Playa Los Cocos, en La Guaira. Un poco más adelante, un hombre carga el mismo aviso. Luego otro niño. Ninguno conoce a Eriany, pero sus familiares les pidieron que llevaran la fotografía en un lugar visible. Cualquier persona que la vea puede hacer la diferencia y multiplicar las posibilidades de encontrarla.

Unos metros más allá, dentro del mismo parque, otras búsquedas toman forma. Michelli Enríquez no busca a un solo niño, sino a tres. La madre de los pequeños está hospitalizada en el hospital Domingo Luciani con algunas lesiones. Los niños vivían con ella en un bloque del complejo Hugo Chávez, en Playa Grande, una de las zonas más golpeadas por el sismo y donde rescatistas voluntarios estiman que han muerto cerca de 200 personas. Llegaron separados durante la evacuación y desde entonces nadie sabe dónde están porque no entraron al centro hospitalario con el mismo grupo de personas procedentes de esas residencias.

«El papá buscó en la lista del hospital Pérez Carreño, pero en todos lados hay acceso restringido. Hay mucha desorganización y no veo presencia de los organismos institucionales. Hay mucha colaboración humanitaria, pero de ellos no», afirma Enríquez.

En su caso existe una ventaja. Los padres siguen con vida y conservan, al menos en formato digital, los documentos que permiten demostrar el vínculo familiar.

En uno de los puntos de registro instalados dentro del refugio, una mujer intentó incorporar a dos niños como parte de su grupo familiar. Aseguró ser vecina de ambos y ofreció hacerse responsable mientras aparecían sus padres. Y aunque aceptaron, no podía salir con ellos.

Cuando un niño queda sin padre o madre o cualquier otro representante identificado, el Consejo de Protección debe dictar medidas y, si es necesario, también un abrigo temporal en una entidad de atención o en una familia sustituta mientras se determina quién puede asumir el cuidado del niño.

La norma también establece que si en un máximo de 30 días el caso no logra resolverse, entonces el expediente pasa a un tribunal competente en la materia para que decida cuál va a ser la medida definitiva.

En la práctica, cada niño que llega solo representa un procedimiento distinto. Inés Peña, consejera de protección, explica que hay funcionarios desplegados en los distintos refugios para identificar a todos los menores provenientes de La Guaira y municipio Libertador.

«Tomamos todos los datos y, una vez ubicada la familia, empezamos las investigaciones para poder hacer la entrega, porque el Consejo no puede legalizar algo ilegal. Nosotros damos una medida de protección cuando verificamos que realmente existe la filiación. Tenemos la autoridad para entregar a un niño, pero solamente cuando se comprueba legalmente quién puede recibirlo», explica.

Mientras esa comprobación ocurre, los menores permanecen bajo protección institucional. «Si el niño está aquí y no tiene un representante, el Consejo empieza toda la logística para trasladarlo a una entidad de atención. Empezamos a conversar, preguntamos con quién vivía, cómo se llaman sus representantes, si recuerda algún número telefónico. Intentamos ubicarlos y, cuando llegan, deben presentar el acta de nacimiento u otros documentos que acrediten el vínculo», agrega.

En la mayoría de los casos, esos espacios de resguardo lo manejan organizaciones como Hogar Bambi, Fundana o el mismo Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), que reciben temporalmente a niños que están en una situación familiar sin definirse.

Organizaciones especializadas en atención a la infancia y los derechos de la niñez como Cecodap y otras organizaciones que actúan en prevención de trata de NNA recuerdan a la ciudadanía que el protocolo no se puede omitir «aunque el sistema esté colapsado o lento por la crisis», señala la ONG Mulier y da recomendaciones a las personas que ubiquen a un niño en estas circunstancias: «registrar descripción física detallada, señas particulares, heridas visibles o marcas reconocibles. Nombres, apellidos que pueda identificar de personas con filiación como abuelos y abuelas, tíos, hermanos, si sabe dónde vivía o dónde fue encontrado».

También documentar el traslado e identidad de los funcionarios que hagan el registro: cuál es el organismo al que representa, su nombre, apellido e identificación, a dónde será trasladado, número de placa o patrulla o vehículo en el que lo movilicen y lo más recomendable es informar a organizaciones especializadas o agencias como la ONU, Unicef, Acnur, estos datos para que puedan hacer seguimiento.

La vicepresidencia social a cargo del ministro Héctor Rodríguez, aunque no ha dado datos preliminares de la cantidad de niños que han registrado en esta situación durante las primeras 72 horas, informó que habilitaron dos refugios para niños sin amparo familiar que están operando en el estado La Guaira, en el sector Guaracarumbo y otro en Caracas.

Además, el Idenna habilitó la línea de atención 24 horas a través del número 0424- 8930561 (Whatsapp y SMS) y aseguran que tienen personal desplegado en salas de emergencia y trauma shock, y que está totalmente prohibido dar de alta o el egreso de cualquier menor de edad que no esté con sus padres o representantes estrictamente verificados.

TalCual