Informe de Un Mundo Sin Mordaza detalla violaciones que afectan calidad de vida de los ciudadanos
La ONG Un Mundo Sin Mordaza presentó el informe anual Venezuela en cifras 2023 sobre las violaciones de derechos humanos en el país. En esta oportunidad se innovó en el enfoque de la división de situaciones temáticas para hacer más entendible el contenido.
En ese sentido se abordaron 14 derechos que corresponden a 10 áreas temáticas, los cuales describen la situación general de Venezuela en el 2023.
El año pasado, la oenegé documentó 33 casos de detenciones arbitrarias de periodistas y ciudadanos, el asesinato de un periodista y 118 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones contra civiles y trabajadores de la prensa que se manifestaron como amenazas en redes sociales, persecuciones, confiscación de equipos, intimidaciones y agresiones, lo que conllevó a un ambiente de miedo y autocensura que limita la libertad de expresión.
El 45,5% de los ataques corresponden a sanciones administrativas, el 22,7% a presiones para el cierre de programas, y el 13,6% implican la confiscación de equipos.
Los medios afectados incluyen el 13,6% de los canales de televisión, el 9,1% de los medios impresos, el 72,7% de las estaciones de radio y el 4,5% de los podcasts.
Además se registraron 12 casos de bloqueos a páginas webs y redes sociales realizados por el Estado y proveedores de servicios de internet, así como ataques cibernéticos y denuncias falsas en redes sociales.
Disparidad en remuneraciones
El informe también analizó las condiciones económicas en cuanto a las remuneraciones del sector privado y el sector público.
En 2023, el salario mínimo, incluyendo bonificaciones, fue de aproximadamente 40 dólares mensuales en el sector público, mientras que en el sector privado el promedio fue de 202 dólares.
Por otra parte, en Venezuela la inflación alcanzó el 193% en el último año que, aunque menor al 305% registrado en 2022, afecta el poder adquisitivo. Simultáneamente, el aumento del dólar oficial en un 106% en 2023 contribuyó a la inestabilidad económica, incidiendo en los salarios, y este a su vez afectó a la adquisición de la canasta básica, estimada en 396 dólares.
Estas condiciones económicas y sociales en Venezuela contraviene varios instrumentos de derechos humanos.
Derechos electorales y servicios básicos
En materia electoral, el informe refleja las limitaciones en la distribución geográfica de las oficinas regionales para el registro electoral, lo cual dificultó el proceso de inscripción para más de 3 millones de personas. Sobre todo para las zonas remotas.
“Para garantizar una participación plena en el ejercicio democrático, era crucial mejorar el proceso de registro y actualización de datos, facilitando el acceso a todos los ciudadanos. Esto implicaba aumentar el número de sedes de registro y considerar el uso de tecnologías de registro en línea o móviles”, destacó la ONG.
Al hablar de los servicios públicos, el estudio evaluó específicamente los rubros de aseo urbano, electricidad, agua potable y gas en el país.
En el caso del aseo urbano se encontró que el 78% de las personas tenía acceso a este servicio. Sin embargo, la calidad y satisfacción del servicio variaba según la región. A nivel nacional, el 66,8% evaluó positivamente el servicio, mientras que el 32,2% lo consideró negativo. Por otra parte se evidenció frecuentes interrupciones eléctricas, con el 54,7% de los encuestados experimentando una o más interrupciones diarias.
El 95% de los encuestados utilizaban gas como fuente principal de cocción. Sin embargo, el uso de métodos alternativos de cocción disminuyó del 54,8% al 50,9%, indicando posibles dificultades en el acceso al gas.
El 64,9% de los encuestados evaluaron negativamente el servicio de agua potable, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Las principales razones de descontento fueron la irregularidad en los intervalos de distribución y la falta de suministro.
Solo el 23% de los encuestados tenía acceso continuo al agua potable, y un 4,9% no tenía ningún suministro. Además, el 22,6% recibía agua dos o tres días a la semana, mientras que otros solo una vez al mes.
El informe también determinó los desafíos que enfrenta el país para la atención médica.
Entre enero y septiembre de 2022, el índice de desabastecimiento de medicamentos y suministros médicos fue del 42%, reduciéndose al 39% en 2023, aunque sigue siendo una cifra significativa que pone en peligro la vida de pacientes con condiciones críticas como la hipertensión.
Además, el 75% de los hospitales enfrentan regularmente escasez de medicamentos antihipertensivos.
La disponibilidad de camas de emergencia operativas se redujo de 37 en 2022 a 34 en 2023. La disponibilidad de personal médico, tanto durante el día como la noche, varía, lo cual podría afectar la calidad y rapidez de la atención médica.
En cuanto a los insumos de quirófano, el índice general de desabastecimiento alcanza un preocupante 74%.
En cuanto a la salud mental, los datos recopilados muestran que una parte significativa de la población venezolana enfrenta malestar psicológico, especialmente aquellos con menor nivel educativo.
Muchos expresan dificultades para expresar sus sentimientos, lo cual afecta negativamente las relaciones interpersonales y la salud mental. Además hay un alto nivel de afecto negativo, con preocupación (90%), tristeza (73%) y rabia (79%) predominantes debido a la situación del país, lo que puede generar ansiedad y desesperanza.
En cuanto al derecho al acceso a la educación, en el ámbito de la educación básica y media, los resultados de las pruebas estandarizadas de la edición Secel 2022-2023 revelan un preocupante bajo rendimiento académico. Por ejemplo, en matemáticas, el 78,37% de los estudiantes de educación media reprobaron, evidenciando una falta de competencias básicas en una materia fundamental.
La brecha de aprendizaje entre colegios privados y públicos es notable. El desempeño en habilidad verbal también presenta desafíos, con el 55,04% de los estudiantes reprobando.
En la educación superior, las condiciones de infraestructura son precarias, con problemas frecuentes de suministro de agua, electricidad e internet en la mayoría de las instituciones evaluadas. La falta de recursos especializados como laboratorios y bibliotecas adecuadas, y la insuficiencia de apoyo tecnológico para los docentes limitan severamente las oportunidades de aprendizaje práctico y teórico. Además, la asignación insuficiente de becas universitarias -con una cantidad equivalente a solo 5,6 dólares al mes- no cubre los gastos básicos de los estudiantes, como matrículas, libros y transporte, lo que afecta negativamente su dedicación académica y su rendimiento.
Asimismo se han registrado un total alarmante de 40 violaciones claras a la autonomía universitaria. Se documentaron 148 casos de acoso presupuestario contra las universidades. Este tipo de acoso se refiere a la práctica de limitar de manera injustificada los recursos económicos asignados a las instituciones educativas.
Derecho de migrantes
En cuanto al derecho a la identidad y documentación de las personas migrantes venezolanas y el contexto de la migración venezolana hacia diversos países se ha convertido en un tema crítico y enfrenta serias barreras que afectan a las personas venezolanas en la obtención y mantenimiento de documentos de identificación válidos.
En Chile, más del 70% de los entrevistados carecen de documentos venezolanos vigentes debido a la dificultad para obtener cédulas en los consulados y los altos costos asociados con la renovación de pasaportes, los cuales son válidos solo por dos años después de su expedición.
En Argentina, cerca del 75% de las personas enfrentan la misma situación, con costos elevados y complejidades en la renovación del pasaporte. Algunos optan por esperar a cumplir cinco años de residencia para acceder a la ciudadanía argentina como alternativa.
En México, aproximadamente la mitad de los migrantes carece de documentos venezolanos vigentes. En Colombia, solo el 20% de las personas posee pasaporte, mientras que el 80% restante cuenta únicamente con la cédula de identidad venezolana.
En Ecuador, las barreras incluyen la exigencia de documentos apostillados y altos costos de visas para la regularización migratoria.
En Estados Unidos, aunque todos los entrevistados poseen pasaporte y cédula venezolana, la ruptura de relaciones diplomáticas dificulta los trámites consulares, obligando a muchos a viajar a otros países como México o Canadá para realizar gestiones, implicando costos adicionales.
La falta de estos documentos limita el acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo, y expone a los migrantes a vulnerabilidades y discriminación.
Un Mundo Sin Mordaza registró también el tema sobre los presos políticos. Hasta 2023 lograron identificar 257 presos políticos en el país, de los cuales 146 son militares y 111 civiles.
Por otro lado, las ONG desempeñan un papel crucial en la sociedad civil. Sin embargo, han sido objeto de controversia y desafíos significativos, especialmente con la aprobación en primera discusión de la polémica Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines por parte de la Asamblea Nacional.
Según información de la Asamblea Nacional, se menciona que existen 62 ONG en Venezuela, y se insinuó durante la sesión legislativa que estas organizaciones no tienen fines sociales, sino políticos. Estas afirmaciones carecen de pruebas concretas y han sido vistas por muchos como un intento de restringir la acción de las ONG que critican al gobierno o promueven agendas de derechos humanos y justicia social.
Un Mundo Sin Mordaza concluye que las múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela abarcan desde la restricción de la libertad de expresión hasta deficiencias en el acceso a servicios básicos y problemas de seguridad personal. Estas violaciones no solo afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y el sistema de justicia.
Con información de Correo del Caroní