Informe de ONG documenta persistencia de prisión política y torturas en Venezuela
La ONG Justicia Encuentro’y Perdón emitió un informe en el que denuncia la persistencia de la prisión política, la opacidad judicial y el uso del sistema penal como una herramienta de coacción estatal. De acuerdo con el registro estadístico de la organización, actualmente se contabilizan 554 personas privadas de libertad por motivos políticos en el territorio nacional.
El grueso de detenidos está conformado por 486 hombres y 68 mujeres, abarcando perfiles que incluyen a 284 civiles, 190 funcionarios de seguridad activos, 33 exmiembros de cuerpos policiales o militares, 19 dirigentes políticos, tres sindicalistas, un periodista y un defensor de derechos fundamentales.
La ONG alertó sobre las condiciones de vulnerabilidad extrema dentro de los centros de reclusión, documentando que 41 de los internos padecen enfermedades graves sin recibir atención médica adecuada. Asimismo, la lista integra a 19 adultos mayores y registra 18 casos de desaparición forzada bajo la custodia del Estado, además de la detención de 23 ciudadanos extranjeros y 28 venezolanos con doble nacionalidad.
La publicación cuestiona los discursos oficiales de reforma judicial emitidos desde enero por el Parlamento y las recientes declaraciones del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien defendió la efectividad de los planes contra el retardo procesal en centros como la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, tras admitir que operaba bajo condiciones de hacinamiento.
Según la organización, las ofertas gubernamentales se traducen en la imposición de una defensa pública —que abarca el 70% de las representaciones y coopera con la Fiscalía— para validar detenciones arbitrarias.
El informe detalla el curso de las medidas tomadas en torno a recintos emblemáticos de reclusión como El Helicoide. Pese a que el Poder Ejecutivo anunció el pasado 30 de enero la clausura definitiva del establecimiento y su posterior reconversión en un espacio social y cultural, bajo presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, la organización constató que para el 22 de mayo de 2026 la estructura permanecía operativa con más de 20 presos políticos en sus celdas.
Posterior a esa fecha, el 8 de junio, las autoridades ejecutaron un traslado masivo de detenidos hacia cárceles como La Planta, Yare, El Rodeo, Tocuyito, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y Las Crisálidas, en medio de un despliegue policial que generó angustia y la interrupción del acceso a la información para los familiares.
Ante los planes de remodelación estructural impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, los activistas denunciaron una estrategia de «impunidad arquitectónica». Argumentan que las intervenciones físicas y modificaciones en estos espacios buscan borrar de manera deliberada las evidencias forenses y las huellas materiales de torturas antes de que puedan ser evaluadas por peritos independientes.
La ONG advirtió que el riesgo se extiende a otros centros que continúan operativos en 19 estados del país, tales como La Tumba, la sede de la Dgcim en Boleíta, Ramo Verde y Tocorón, los cuales se mantienen sin acceso para los mecanismos de fiscalización internacional desde el año 2017.
El documento resalta el colapso del sistema penitenciario frente a normativas nacionales como el Artículo 272 de la Constitución e instrumentos internacionales como las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, citando como reflejo el motín registrado el pasado 24 de mayo en el Internado Judicial de Barinas (Injuba). En materia de persecución civil, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reportó 122 ataques contra activistas en el primer trimestre de 2026, evidenciando un repunte institucional.
Basado en este panorama, el informe concluye exigiendo la liberación plena de los detenidos y la renovación inmediata de los mandatos de los organismos de veeduría internacional, recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acumula 24 años sin poder efectuar visitas in loco al país y que la Misión Internacional de Determinación de los Hechos (FFM) de la ONU continúa operando sin autorización de acceso al territorio.
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