Política

Huelgas de hambre reflejan fracaso de la toma de cárceles y la política penitenciaria

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Alrededor de 50.000 presos en todo el país iniciaron una huelga de hambre el pasado domingo 9 de junio para exigir a las autoridades que resuelvan con celeridad el retardo procesal. Los familiares de los detenidos también reclamaron el 12 de junio en diferentes tribunales del país y añadieron a las quejas las condiciones infrahumanas como el hacinamiento, el deterioro de la salud de los encarcelados, la falta de alimentos y agua.

La protesta pacífica se ha extendido por 51 centros de reclusión, incluidas cárceles que dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario, calabozos policiales y hasta los anexos femeninos. Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, dice que los recintos carcelarios de los estados Nueva Esparta, Apure, Amazonas y Delta Amacuro son los únicos que no se han sumado a la protesta que se mantiene en al menos 17 estados.

El hacinamiento y el retardo procesal en las cárceles venezolanas no son temas nuevos, tienen más de una década, pero especialistas afirman que ambos se intensificaron tras la operación Cacique Guaicaipuro, con la que se clausuraron siete cárceles en el año 2023 tras un intento de desarticular los grupos de delincuencia organizada que operan en estos lugares y con la que se trasladaron miles de presos a otros recintos donde ya había gran cantidad de detenidos.

«Es algo que se veía venir a raíz de la operación Cacique Guaicaipuro porque hizo que aumentara el hacinamiento en otras cárceles y que aumentara el retardo procesal que existe desde hace muchos años», afirma Nieto Palma.

Por su parte, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), expone que desde que Chávez llegó al poder y hasta la fecha, unos 14 ministros han tratado de resolver el retardo procesal y en general el tema de las garantías judiciales, sin poder solucionar nada. «Han hecho que crezca el hacinamiento y han llevado el problema a otras cárceles hacinadas», indica.

En opinión de Prado, «ellos mismos (autoridades) han creado el inconveniente que les está explotando en la cara».

De acuerdo con estimaciones de estas organizaciones, en el país hay aproximadamente 30.000 reclusos en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario y cerca de 40.000 en los centros de detención preventiva de las distintas policías, es decir, hay unas 70.000 mil personas privadas de libertad entre ambos sistemas.

La capacidad instalada de las cárceles es para unos 14.000 presos; lo que se traduce en un hacinamiento de casi 200% en las cárceles y de 300% en los calabozos policiales.

Además del retardo procesal y el hacinamiento, el Ministerio para el Servicio Penitenciario tiene otras deudas con los privados de libertad: malas condiciones alimentarias, desmejoramiento de la salud, corrupción, falta de garantías judiciales, tráfico de armas y drogas dentro de los penales.

Carlos Nieto Palma detalla que la salud y la alimentación han desmejorado considerablemente en las cárceles y en los centros de detención. Afirma que el problema es más grave en estos últimos porque no disponen de espacios para darle comida a los presos y dependen de sus familiares. Añade que en las cárceles la alimentación se limita a una vez al día y se reduce a un bollito de harina de maíz o una taza de arroz solo, «lo que ha hecho que la desnutrición aumente en toda la población penitenciaria».

Prado añade que en la actualidad la principal causa de muerte de los detenidos son las enfermedades porque tampoco se ha resuelto el tema precario de salud. «Se mueren más por tuberculosis, VIH y enfermedades infectocontagiosas que por enfrentamientos».

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Familiares de personas que se encuentran privadas de libertad han realizado varias protestas contra el retraso procesal y los traslados inconsultos de sus parientes.

Nuevos ministros, mismos problemas

La huelga de hambre en las cárceles provocó la destitución de la ministra Celsa Bautista, quien estuvo en el cargo desde febrero de 2023. Sin mencionar las protestas carcelarias, el mandatario Nicolás Maduro designó el pasado martes 11 de junio a Julio Zerpa como nuevo ministro penitenciario, reconoció la corrupción en las cárceles y ordenó al nuevo funcionario hacer los cambios necesarios, reeducar a los detenidos y acabar con la corruptela y el abuso.

En 2013, Maduro implementó un régimen penitenciario en 14 cárceles del país con la intención de reformar el sistema penal. Después en 2019 se anunció el Plan Cayapa que tenía como finalidad atender directamente a los encarcelados en materia judicial, «garantizando sus derechos fundamentales»; esto bajo la gestión de las ministras Iris Varela y Mirelys Contreras, sin embargo, ninguna de estas propuestas han dado frutos y nuevamente se oferta un nuevo plan para mejorar los mismos problemas.

El nuevo ministro formó parte de la comisión presidencial de revolución judicial creada en 2021 en la que también estaban Cilia Flores y Diosdado Cabello. Esta instancia prometió resultados en 60 días. Tres años después los problemas se han recrudecido y Zerpa -con un nuevo cargo- reconoce que existe corrupción dentro de las cárceles, ofrece nuevamente mejorar el sistema penitenciario, pero niega la existencia de líderes negativos (pranes), drogas y armas dentro de estos recintos.

Humberto Prado y Carlos Nieto Palma coinciden en afirmar que los problemas de las cárceles no se solucionan cambiando los ministros y menos si a quienes se pone en el Ministerio de Servicio Penitenciario carecen de experiencia.

Prado condena que de entrada el nuevo ministro niegue la realidad de las cárceles afirmando que no hay pranes y otros inconvenientes. Considera urgente que Julio Zerpa admita la verdad, asuma los problemas y llame a su equipo a los expertos en la materia.

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Sí hay solución para las cárceles

Los especialistas en temas carcelarios aseveran que este problema, que es multifactorial, tiene solución. Humberto Prado recomienda al nuevo ministro, Julio Zerpa, armar un equipo de trabajo calificado, que estudie las peticiones de los presos, evaluar qué se puede cumplir y qué no y comprometerse con ciertas medidas viables.

Para el abogado Prado son necesarias las siguientes cosas para acabar con el retardo procesal en el país: hacer un censo general en cárceles y calabozos policiales para conocer la situación de cada uno de los casi 70.000 detenidos e identificar cuántos están en proceso, cuántos con sentencia definitivamente firme, quiénes tienen retardo procesal, en qué etapa del juicio se encuentran e identificar en qué tribunal están.

Después de ese balance, Prado afirma que es necesario sumar jueces itinerantes y aumentar el número de defensores públicos, identificar dónde se tranca el eslabón y determinar cuántas personas hacen falta en el sistema de justicia para integrarlas y normalizar la situación en los tribunales.

Humberto Prado también sugiere mejorar totalmente el sistema de salud, acceso a agua potable, servicios de educación y trabajo, servicios en el área de cultura y deporte «para que los presos suelten el ocio por actividades positivas». A la Asamblea Nacional le propone aprobar un presupuesto para atender el problema de las cárceles.

A estas medidas que expone Humberto Prado, Carlos Nieto le añade la creación de más recintos carcelarios, pese a que cree que «no hay voluntad política para resolver el problema». Dice que debería haber al menos dos por estado, pero recuerda que hay entidades en el país que no tienen ni una sola.

Nieto Palma recuerda a las autoridades que «los presos son responsabilidad del Estado y es su deber garantizar sus derechos humanos» y propone comenzar por atender el tema de la alimentación y la salud.

Con información de TalCual