Hora de cambiar … Por: Douglas Játem Villa

Es bastante difícil encontrar algo nuevo que agregar a todo lo dicho acerca de la trágica situación en la cual ha vivido Venezuela durante los últimos 24  años, la cual es suficientemente conocida, y cada día se hace más difícil decir y hacer algo novedoso. Se ha repetido mucho y se pudiera pensar que no hace falta decir o hacer algo mis.

Se ha llegado al extremo de pensar en la posibilidad de que Venezuela ya no exista como un estado soberano. Sin embargo, los ciudadanos venezolanos no podemos aceptar este triste señalamiento y, por el contrario, tenemos que mantener e intensificar nuestra lucha por la democracia y la libertad, por el bienestar del pueblo y su dignidad. Pero como esto último ya lo hemos anunciado muchas veces, ahora tenemos que actuar en forma diferente, quizás no tanto en el sentido de qué hacer dado todo lo que ya se dijo sobre esto, como mi propuesta pública presentada a fines de 2019, sino con relación a cómo hacerlo.

Me permitiré decir algo sobre “ese cómo”, indicando que no me referiré a los aspectos técnicos relativos a la organización de procesos electorales lo cual es competencia del CNE. Un buen comienzo consiste en forjar una unidad para luchar por la libertad, una que no empiece por buscar un candidato presidencial, sino un Jefe de Campaña de la oposición respaldado, no solo por los partidos políticos, sino también por los diversos sectores de la Sociedad Civil, trabajadores, empresarios, profesionales y científicos, artistas e intelectuales, y también partidos políticos.

Ya llegará el momento de determinar el candidato presidencial. Una unidad que no procure incluir a todo venezolano que se declara opositor, a todo aquel que signifique una candidatura presidencial particular, sino una concentrada únicamente en lograr el cambio de gobierno necesario ajeno a las aspiraciones particulares de algún partido o persona. Se acepta que en principio se resta potencial de crecimiento a la unidad, pero también se acepta que hay “unidades” que restan.

No se trata de discriminar a los partidos, sino de no disminuir las posibilidades de unión y de rechazar los proyectos particulares. Aunque se trata de un asunto algo distinto con relación a la oposición al gobierno, se destaca la necesidad vital de renovar los partidos, especialmente respecto de su papel dentro del sistema político de Venezuela y su relación con la Sociedad Civil. También se  debe tratar correctamente el tema de las sanciones dado que estas no son simplemente “retaliación política”, sino el castigo a conductas y prácticas ilegales e inmorales, incluyendo muchos casos de corrupción por parte de personas involucradas en cuantiosas operaciones al margen de la ley.

Se ha informado que unos 300 mil millones de dólares, propiedad de ciudadanos venezolanos, están depositados en bancos en el exterior, e incluso que esto genera interrogantes acerca de la necesidad de financiamiento para Venezuela. No se debe pretender que por atender una situación humanitaria la cual no se debe ignorar, se dejen impunes estas irregularidades. Además debe tenerse presente que la aplicación de estas sanciones se inició mucho después de la caída de la economía venezolana. Una unidad que no sacrifique los principios y valores políticos y demás, de manera de asegurar el resultado correcto y el buen y legítimo desempeño necesario por parte de quien resulte elegido.

Se debe tener presente que una solución “politiquera”, la cual pudiera incluir algo similar a “borrón y cuenta nueva”, no tiene la capacidad para sustentar el desenvolvimiento del sistema institucional. En esta dirección se considera imperioso asegurar en todo sentido, jurídico y demás, las condiciones de legitimidad y demás de la elección presidencial prevista para 2024, incluyendo su relación con la decisión de la Asamblea Nacional en enero de 2019 relativa a la Presidencia de Nicolás Maduro.

Esto a su vez se relaciona con la necesidad de precisar la naturaleza institucional de la “Presidencia Interina” de Juan Guaidó. Se reconoce el insuficiente conocimiento jurídico que pudiera fundamentar el tratamiento correcto a estos dos asuntos esenciales, pero se considera que ello es de obligatorio cumplimiento. Por encima de la insuficiente credibilidad al respecto, se debe procurar un diálogo revestido de legitimidad y confianza, preservadas, por un lado, por el cumplimiento de los requerimientos institucionales correspondientes a cualquier aspirante a una elección popular, como su legitimidad, y por otro lado, por la calidad moral de las partes en el sentido de que se establezca un período de tiempo determinado para su realización, y se garantice la limpieza del proceso y el respeto absoluto a su resultado.

Se agrega la necesidad de incorporar la Sociedad Civil al diálogo, en forma similar a la aplicada para incluir esa Sociedad Civil en la Comisión encargada de organizar las primarias. Esto significa que no se debe continuar realizando lo que se ha venido denominando diálogo, lo cual se ha traducido básicamente en perdida de tiempo.  

Ya terminando, se está plenamente consciente de la necesidad de combatir y superar la gravísima situación de Venezuela, resaltando el inmenso deterioro económico generalizado, traducido, entre otras cosas, en la inaguantable inflación, todo lo cual exige, a los fines de la recuperación, la conducción por parte de un gobierno capacitado para tal finalidad; la realización de una muy cuantiosa inversión, nacional y extranjera, para generar el indispensable y vital crecimiento económico; el financiamiento de los entes internacionales, y el tiempo, corto y largo, requerido. Obviamente se debe esperar un desenlace positivo con la participación de todos los sectores cooperativos, aunque no de atractiva probabilidad. En último caso, la sociedad civil venezolana puede forjar y alcanzar la requerida fortaleza política para recuperar sus condiciones esenciales de democracia y libertad  dentro del ámbito constitucional.