FundaRedes: “Venezolanos huyen hacia Colombia debido a la violencia de grupos armados y funcionarios en frontera”

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Miles de venezolanos, especialmente habitantes de la frontera, se han visto en la necesidad de desplazarse hacia Colombia huyendo de la violencia de los grupos armados irregulares y de los propios funcionarios de organismos del Estado venezolano, que mantienen una pugnacidad y amedrentamiento de la población por el control del territorio y de las actividades ilegales.

Esta situación del desplazamiento de ciudadanos a causa de la violencia, es detallada en la investigación contenida en el Boletín número 33 de FundaRedes, titulado “Violencia de grupos armados en la frontera, obliga al desplazamiento de venezolanos hacia Colombia” el cual muestra numerosos testimonios y resultados de informes de organismos internacionales que reflejan cómo los habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela han sido sometidos en años recientes a condiciones de violencia e inseguridad que vulneran sus derechos fundamentales.

El informe narra una serie de hechos donde familias venezolanas han tenido que moverse hacia Colombia, en condiciones de riesgo, generalmente a través de pasos ilegales en busca de resguardo de su vida e integridad, casos que han sido denunciados ante instancias nacionales e internacionales.

Dentro de los hechos presentados se encuentra que el 22 de junio de 2019 miles de venezolanos residentes del municipio García de Hevia, del estado Táchira, se desplazaron hasta Puerto Santander (Colombia) debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el grupo paramilitar Los Rastrojos.

 Así mismo menciona otra situación similar que se registró el 15 de febrero de 2020 cuando decenas de familias venezolanas buscaron refugio en el vecino país, también huyendo de combates en la zona.

Otra situación grave es la que se generó a partir de los enfrentamientos armados en el estado Apure, entre la Fuerza Armada Nacional y el Frente Décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde el 21 de marzo de 2021, donde también participaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) generando temor en la población, a partir de las múltiples vulneraciones cometidas, entre las cuales se cuentan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada.

Activistas de FundaRedes estuvieron en la población de Arauquita, en Colombia, donde se encontraban más de  mil venezolanos desplazados por la violencia en Apure, y pudieron recabar numerosos testimonios de las graves afectaciones que sufrieron estas personas, quienes relataron que hubo bombardeos, detenciones, persecuciones, reclutamiento, incluso con ataques contra mujeres y niños.

Otro caso fue denunciado el 28 de agosto de 2020, cuando FundaRedes acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitarle al defensor nacional atención inmediata para las comunidades indígenas vulneradas por la actuación indiscriminada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), células de Hezboláh y las organizaciones criminales denominadas “sindicatos” que arremeten contra los indígenas en el estado Bolívar.

La denuncia también fue presentada en el ámbito internacional ante la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas donde se consignaron los elementos probatorios documentados de los casos.

Igualmente FundaRedes acudió el 11 de mayo de 2021 ante la Fiscalía Superior del estado Apure y el 18 de mayo del mismo año ante la Fiscalía Superior del estado Táchira, con remisión a la Fiscalía nacional, a fin de solicitar una investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sector disidente de la FARC en Apure, además de exigir que se llame a los cuerpos de seguridad a respetar la Constitución y las leyes. (Prensa FundaRedes)

TEXTO BOLETÍN # 33

«Violencia de grupos armados en la frontera obliga al desplazamiento de venezolanos hacia Colombia»

Los habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela han sido sometidos en años recientes a condiciones de violencia e inseguridad que vulneran sus derechos fundamentales. Mientras voceros oficiales alardean del ejercicio pleno de la soberanía, grupos armados irregulares ejercen control sobre territorios que no cuentan con la protección y el control del Estado venezolano que ha dejado un espacio abierto para que ejerzan su poder a través del hostigamiento y el terror impuesto a la población.

La expansión de territorios en manos de estas agrupaciones donde continuamente se desarrollan actividades criminales y atentados contra la vida, integridad y propiedades de la población, representa un incumplimiento por parte del Estado venezolano a sus deberes constitucionales, pues a los órganos de seguridad ciudadana corresponde–de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela– garantizar la efectiva protección a la población ante situaciones que constituyan riesgo, vulnerabilidad o amenaza a su integridad física, sus propiedades o el ejercicio de sus derechos.

Por tratarse de los territorios de la frontera esta omisión tiene mayor relevancia debido a que es responsabilidad del Estado preservar la soberanía, seguridad, defensa e integridad territorial en los espacios fronterizos, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución. Y al no preservarla atenta contra la identidad nacional y sustentabilidad de la república. El proceso de control criminal ocurre en medio de conflictos de posicionamiento entre grupos armados irregulares, tanto guerrillas, facciones de guerrillas, paramilitares y otras bandas delictivas. En sus pugnas por el control del territorio y las diversas actividades ilícitas estas organizaciones someten a las poblaciones a situaciones que ponen en riesgo la vida, la integridad personal y sus bienes.

Varias veces estas familias se han visto forzadas a escapar en medio de la noche, cruzar los pasos irregulares (trochas) entre Venezuela y Colombia o entre Venezuela y Brasil en búsqueda de refugio al otro lado de la frontera para resguardar sus vidas. El Informe de Actividades para las Poblaciones Indígenas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de marzo de 2020, señala que aproximadamente 5.000 refugiados y migrantes indígenas procedentes de Venezuela se registraron para la fecha en territorio brasileño, y de ellos 3.200 eran solicitantes de asilo; es decir, se identificaban legalmente como personas que habían abandonado su país a la fuerza “debido a un temor fundado de persecución o violación continua de los derechos humanos”.

El 22 de junio de 2019 miles de venezolanos residentes del municipio García de Hevia, del estado Táchira, se desplazaron hasta Puerto Santander (Colombia)debido a los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el grupo paramilitar Los Rastrojos. Otra situación similar se registró el 15 de febrero de 2020cuando decenas de familias venezolanas buscaron refugio en Colombia. El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, confirmó que en julio de 2020 fue recibido un “reporte de la Alcaldía de Cúcuta sobre la llegada de personas desplazadas de algunos sectores de Venezuela”.

En julio de 2020, un documento emitido por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) señala que “la situación de violencia armada se ha agudizado en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, particularmente en la que colinda con el área rural de Cúcuta, su área metropolitana y Tibú, debido a los enfrentamientos entre grupos armados organizados que se disputan el control territorial y el manejo de las economías ilícitas”. Destaca además que “en este escenario, desde mediados de junio hasta mediados de julio al menos 167 personas (50 familias), 120 de nacionalidad venezolana y 47 pertenecientes a una comunidad indígena wayú, se desplazaron desde el estado de Zulia, sector Caño Motilón (Venezuela), hacia zona rural de Cúcuta (Colombia). Ese desplazamiento se da en busca de protección para salvaguardar sus vidas por los constantes enfrentamientos entre los diferentes grupos armados organizados con presencia en el territorio venezolano”.

Las poblaciones indígenas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure han sido despojadas de sus territorios que han sido abandonados por el Estado venezolano, lo que ha llevado a que incluso comunidades yukpas se desplacen a la frontera entre Táchira y Norte de Santander, donde permanecen en condiciones precarias.

El 28 de agosto de 2020 FundaRedes acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitarle al defensor nacional atención inmediata para las comunidades indígenas vulneradas por la actuación indiscriminada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), células de Hezboláh y las organizaciones criminales denominadas “sindicatos” que arremeten contra los indígenas en el estado Bolívar. La denuncia también fue presentada en el ámbito internacional ante la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y ante el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas donde se consignaron los elementos probatorios documentados de los casos.

Huyendo del terror

Apure, estado de los llanos ubicado al sur de Venezuela y limítrofe con el Departamento de Arauca (Colombia),fue escenario de cruentos combates desde el 21 de marzo de 2021entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Frente Décimo de las disidencias de las FARC. A la acción armada se sumaron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo policial que cometió graves violaciones de derechos humanos contra los habitantes de varios poblados, lo que motivó desplazamientos forzados hacia Colombia de por lo menos 6.000 personas. Son desplazados de una violencia inédita en la frontera venezolana que, entre otras cosas, evidencia la ausencia de planificación basada en el análisis de escenarios que prevea daños colaterales. Los enfrentamientos en Apure han dejado civiles y soldados asesinados, mientras se desconoce con precisión el número de heridos, desaparecidos y desplazados.

Activistas de FundaRedes en Apure han hecho monitoreo diario de los acontecimientos, además la organización envió una representación a la población colombiana de Arauquita para conocer de primera mano la situación de los desplazados y sus familias tras recibir reiteradas denuncias de atropellos y violaciones a los derechos humanos ocurridas en medio del conflicto.

En visita a algunos de los refugios, FundaRedes recabó testimonios que están bajo resguardo. Al preguntarles a los desplazados qué los obligó a huir de sus casas, uno de ellos respondió:“El miedo a que nos mataran, lanzaran bombardeo o que nos agarraran, era eso más que todo, que pagaran justos por pecadores; lo primordial fue el miedo a perder la vida, el temor mío fue por mis hijos”. Otro argumentó que había decidido irse de El Ripial porque “estaban reclutando jóvenes”.

“Hola a mi papá se lo llevaron”, fue el saludo de un niño de 9 años de edad cuya familia fue atendida por la organización. Su madre relató a nuestros activistas: “Nos hicieron levantar las manos, a mis hija de 3 años, a mi hijo de 9 años, a mi esposo, a mi suegra  y a mí nos levantaron las camisas, nos revisaron los bolsos que llevábamos; agarraron aparte a los hombres que iban con nosotros que era mi esposo y otro muchacho, y a nosotras las mujeres y los niños nos metieron al porche de otra casa, de ahí se veía todo, las bombas cuando las lanzaban, los militares heridos, todo, todo se veía allí y es algo traumatizante, mi hija no puede ver un militar, no puede escuchar una avioneta porque está como traumatizada porque vivió ese horror”.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, emitió una declaración el jueves 25 de marzo: “Como una lamentable consecuencia de albergar terroristas, 3.961 venezolanos han tenido que desplazarse a causa de una incursión terrorista en su país”.

“El gobierno nos dijo que apenas ellos se fueran nos fuéramos nosotros porque ellos volvían al día siguiente, entonces logré llegar allá y les dije que se fueran, todos salieron esa noche y nos resguardamos en la iglesia, éramos como 80 personas, el pastor nos dio refugio y dormimos ahí esa noche”, relató un habitante de El Ripial.

“A las 6:00 de la mañana llegaron unos aviones y unas tanquetas, y empezaron a bombardear… y por ahí como a las 8:00 de la noche me dijo mi cuñada: Vístase, nos vamos para el otro lado porque esto está muy fuerte y es peligroso que nos maten”, narró un testigo del primer día de los combates.

La Alcaldía de Arauquita (Colombia) aseguró que la localidad cuenta con quince albergues donde se alojan las personas desplazadas que actualmente reciben atención de varias organizaciones humanitarias, como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En uno de estos albergues visitados por FundaRedes un hombre se lamenta: “Tuve que dejar lo poquito que tenía, dejar mi trabajo para poder salvar nuestras vidas”. Huyó de La Victoria en plena noche en compañía de su esposa, cuñado e hijos menores de edad. “Yo no quiero regresar, mis hijos están aterrorizados”, agrega.

Díez días después de iniciado el combate, el 30 de marzo, el Consejo Noruego para Refugiados calculó que cerca de 5.000 venezolanos habían cruzado el río Arauca, que marca el límite binacional en este tramo de la frontera, y que cuatro de cada diez desplazados eran menores de edad. La cifra sigue creciendo a dos meses de iniciado el conflicto.

Muchos refugiados están en albergues informales, alojados por familias en espacios improvisados. “Lo que siente uno es una tristeza”, dijo uno de ellos al dirigir su mirada hacia el lugar donde dejó su casa y sus animales. Quienes aguardan por el fin de conflicto en los albergues de Arauquita sienten que no hay garantías para regresar a Venezuela. Denuncian asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y abusos contra sus propiedades, cometidos por los uniformados venezolanos.

“Como a las 9:00 de la noche se comenzaron a escuchar unos zumbidos por encima de nuestras casas, en ese momento nos tocan la puerta y nos dicen que nos vayamos porque venían las FAES y el CONAS, y que venían sacando a todos los civiles de las casas; yo llamaba a mi mamá pidiéndole por favor que saliera y a esa hora de la noche también salieron y cruzaron el río, demoraron como una hora cruzando”.

El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró haber recibido “denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad venezolana”. La directora del Consejo Noruego para los Refugiados en Colombia, Dominika Arseniuk, denunció que las personas “están aterrorizadas y temen por sus vidas” y pidió a los dos gobiernos implicados que “garanticen la protección de la población”.

“A ese chamo lo trajeron golpeado, le dieron mucho palo, él tenía una herida en la cabeza donde se le podía ver el pedazo de piel levantado; lo tiraron amarrado de manos boca abajo y le daban golpes en la herida preguntando para quién trabajaba, a lo que el chamo respondía ‘yo no sé nada’ y como no decía nada le daban con la base del fusil en la cabeza, lo golpeaban y saltaban encima de la cabeza de él. Ese chamo gritaba, ahí lo dejaron tirado y pusieron unas planchas de zinc al sol un buen rato y después se las tiraron encima; ese hombre gritaba y nosotros todos viendo eso”, relató a FundaRedes una habitante de La Victoria.

La organización también ha recogido testimonios que señalan a los cuerpos de seguridad venezolanos de ejecutar con tiros de gracia a civiles y posteriormente hacerlos pasar como guerrilleros cuando en realidad son “falsos positivos”, víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Los gritos de esa gente eran una cosa espeluznante y yo decía ‘los están matando, Dios mío’, era horrible lo que se escuchaba, atravesaron una camioneta y atrás era donde los torturaban. A un chamo sí lo agarraron y lo traían de abajo y quién sabe si lo matarían, a él tuvieron que haberlo matado porque se lo llevaron y al ratico ellos volvieron y decían ‘listo, ya nos deshicimos de él”, relató un testigo de los hechos.

Una mujer relató: “No creí que íbamos a vivir todo ese tipo de guerra, una guerra que no nos pertenecía a nosotros y fuimos parte de ella sin necesidad y, bueno, el gobierno venezolano con todo ese poco de terrorismo, con todo eso que ellos hicieron de robar gente, quemar casas, matar gente es traumatizante y doloroso… Nuestra esperanza es volver a nuestros hogares, pero el detalle es cómo con ese miedo, nada va a ser igual al llegar… Mientras esté el gobierno venezolano dando vueltas y dando esa zozobra la guerra puede que siga, yo le temo al gobierno venezolano por causa de todo lo que hicieron”.

Estas situaciones se desarrollan en medio de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 que implica riesgos adicionales y dificultades de acceso para las instancias gubernamentales y organizaciones humanitarias, lo que deja en mayor vulnerabilidad a la población afectada.

La Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela y el drama de las poblaciones vulnerables es de tal magnitud que a pesar que Apure se convirtió en territorio de enfrentamientos constantes, con el suelo sembrado de minas antipersonas, con bombardeos y ráfagas de ametralladora a cualquier hora del día o de la noche, sigue siendo utilizado por miles de venezolanos para cruzar a Colombia huyendo de la pobreza, de la carencia de medicamentos, de las fallas en los servicios públicos, la hiperinflación y la falta de oportunidades.

La organización no gubernamental Crisis Group –orientada a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales– publicó un trabajo sobre la situación en Apure en el que afirma que “el flujo de refugiados y contrabando de Venezuela a Colombia ha seguido sin pausa; drogas y hombres armados cruzan en sentido contrario”.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población y de responder por la violación de los derechos humanos tanto por acciones de los cuerpos de seguridad bajo su responsabilidad como por las ejecutadas por los grupos armados irregulares que a lo largo de los años se apoderaron de esos territorios ante la inacción oficial. De acuerdo con las denuncias de integrantes de la población civil, los crímenes podrían tener como responsables a agentes del Estado y en medio de este escenario de guerra pueden ser considerados crímenes de guerra o contra la humanidad.

Ante esta situación, FundaRedes acudió el 11 de mayo de 2021 ante la Fiscalía Superior del estado Apure y el 18 de mayo del mismo año ante la Fiscalía Superior del estado Táchira para pedir remisión a la instancia nacional a fin de solicitar se aboque al conocimiento e investigación de las  violaciones de derechos humanos ocurridas en el enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sector disidente de la FARC y ejerza acciones para que los cuerpos de seguridad actúen bajo los preceptos y garantías constitucionales.

La población desplazada es víctima tanto de los grupos armados que operan en la zona como del Estado venezolano que deberá responder por sus acciones y por sus omisiones frente al incumplimiento de los tratados sobre derechos humanos y demás leyes (artículo 19 CRBV).La vida y la integridad personal revisten carácter esencial, en consecuencia, el protocolo II de Ginebra en su artículo 4 prohíbe los atentados contra la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas que no participen o hayan dejado de participar en las hostilidades.

Del mismo modo, conforme al artículo 13 de dicho protocolo, la población civil deberá gozar de la protección general contra los ataques procedentes de operaciones militares (no serán objeto de ataque). Contrario a la norma internacional suscrita y ratificada por la República, las actuaciones de carácter bélicas perpetradas contra los civiles en Apure fueron de tal magnitud que aun cuando no se desplazaron por orden explicita del Estado lo hicieron por razones de seguridad, tampoco se les proporcionaron condiciones aptas y seguras a quienes se movilizaron, tales como alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación, por el contrario, todo eso fue brindado por el país vecino, incumpliendo así el artículo 17 del protocolo II de Ginebra. Es por ello que el Estado venezolano está en mora con la población civil desplazada en medio de este enfrentamiento.

Con información de FundaRedes

La Mañana

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