Familiares denuncian que funcionarios del Cicpc fueron detenidos por negarse a adulterar experticia
La detención de un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por supuestamente negarse a alterar peritajes vinculados a los hechos del 3 de enero en Fuerte Tiuna —cuando tropas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores— dio un giro inesperado: ahora se les acusa de un supuesto intento de asesinar al director del organismo, Douglas Rico, en medio de investigaciones y denuncias sobre desapariciones forzadas, torturas y presiones para manipular evidencias.
La información preliminar, difundida por el periodista César Batiz, director de El Pitazo, indica que el 23 de enero de 2026 los uniformados fueron convocados a una reunión por Rico que nunca se desarrolló formalmente. Al salir de ese llamado, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a varios funcionarios por su negativa a modificar experticias relacionadas con lo ocurrido en Fuerte Tiuna.
Las familias confirmaron que entre los detenidos figuran:
- Joharlim Enrique Luzardo Noria, inspector jefe de fotografía forense del Cicpc
- Álvaro Roger Valladares Eslava, inspector adscrito al área técnica
- José Gregorio Rivas Sifontes, comisario jubilado
Aunque los reportes oficiales hablan de aproximadamente 30 funcionarios arrestados, fuentes extraoficiales señalan que la cifra podría acercarse a 80 personas, incluyendo incluso a familiares de los investigadores que fueron detenidos simplemente por acudir a averiguar sobre sus parientes.
Además, reveló que algunos de los detenidos fueron sometidos a torturas, incluyendo métodos de sujeción conocidos como “colgados”, en los primeros días de reclusión, sin que exista hasta ahora un pronunciamiento oficial que explique lo ocurrido.
Familiares informaron que varios de los arrestados fueron trasladados al penal El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, donde este 22 de febrero un grupo de presos políticos inició una huelga de hambre exigiendo su liberación y denunciando las condiciones de detención.
Según la información recopilada, la presión sobre los funcionarios del Cicpc tenía como objetivo que aceptaran modificar elementos clave de las experticias forenses: cambiar trayectorias de disparos, alterar evidencias fotográficas o eliminar pruebas que pudieran revelar responsabilidades internas o contradecir versiones oficiales de los hechos del 3 de enero. Amigos y excompañeros de los detenidos sostienen que la campaña de hostigamiento buscaba “cambiar la ciencia para cambiar la historia”.
Con información de TalCual