El contralor y la chatarra, por Ernesto Faengo Pérez

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El 16 de agosto de 2018 en sesión ordinaria del concejo municipal de Zamora se aprobó autorizar al alcalde Miguel Perozo a realizar los trámites para enajenar un conjunto de bienes (28) vehículos y maquinarias del municipio, proceso este que transcurrió desde esa fecha hasta el 20 de febrero de 2020 cuando en sesión extraordinaria Nº11 del mismo concejo municipal se aprobó un crédito adicional de ingresos extraordinarios por 940 millones de bolívares producto de la venta de esos bienes muebles y cuyo destino estuvo orientado a reparación de equipos de transporte, comprar equipos de comunicaciones y mobiliario y equipos de alojamiento según la distribución enviada por el alcalde y aprobada sin modificaciones, existiendo la presunción que los concejales incumplieron el mandato del articulo141de la LOPPM.

Esta maquinaria pesada adquirida en la gestión de Alejandro Reyes Alcalá sirvió de mucho al municipio y sus comunidades, esta venta dejó prácticamente destartalado el parque automotor y de maquinarias del municipio. Las dudas requieren una clara explicación, si el proceso se llevó cumpliendo fielmente los preceptos legales, si las valuaciones fueron ajustadas y acordes con las leyes, si las publicaciones para convocar peritos evaluadores, licitaciones y concurso de empresas estuvieron bien, si el precio final de venta era el apropiado y se invirtió conforme a la ley, eso requiere una investigación objetiva e imparcial la cual fue solicitada por el alcalde Millán a la contraloría municipal en el mes de marzo de 2022.

Transcurrido el tiempo y revisando la LOPPM, determinamos algunos indicios que podrían configurar una actuación negligente por parte del contralor municipal, falta de vigilancia y de acciones oportunas en este caso, no haber ejercido un control perceptivo para verificar si el complejo trámite legal de esta enajenación estuvo ajustado a las disposiciones legales, considerando que estas indicios reflejaban una sombra de imparcialidad y objetividad en la averiguación propuesta, de manera racional tres concejales del municipio Zamora propusieron un acuerdo para que el concejo municipal designara una comisión que evaluara este proceso de enajenación realizado en el año 2020 y por cuanto la solicitud de averiguación fundamentada en el artículo 130 de las LOPPM cursaba ante la contraloría municipal, para mayor objetividad e imparcialidad se suspendiera del cargo al contralor con goce de sueldo por el lapso de 60 días como la indica el artículo 90 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y se hiciera la debida participación a la contraloría general de la república y al ministerio público.

La propuesta de tres de los cinco concejales de la alianza democrática sorpresivamente fue negado por los otros cuatro concejales incluidos dos de la Alianza Democrática quedando en consecuencia privada la comunidad de saber si la negociación fue correcta, más grave aún se dejó al contralor actual como director de la investigación cuando sobre él recaen severos indicios de negligencia, falta de vigilancia en la supervisión de estos hechos dañinos al patrimonio municipal que lo inhabilitan porque sería juez y parte con la presunción de no garantizar resultados objetivos y legales de su actuación además que ocupa desde hace más de ocho años el cargo de manera irregular e ilegitima.

Acudiremos a las instancias respectivas buscando la justicia y la equidad que negó una mayoría circunstancial en el concejo municipal, es nuestro deber y obligación como ciudadano y por mandato de la ley en el desempeño del cargo de síndico procurador municipal.

Dr. Ernesto Faengo Pérez