Diputado oficialista asegura en la AN que Gobierno tiene a su control 95% de las cárceles
El acuerdo, que contempló el despliegue policial de más de 11 mil funcionarios de seguridad, bajo el argumento de acabar con las bandas delictivas que operaban desde Tocorón, fue presentado a la plenaria por el diputado oficialista Julio García Zerpa, quien aseguró que con la toma del recinto, 95% de los penales del país están bajo el control total del Estado.
El parlamentario hizo seguidilla a las declaraciones que más temprano dio el ministro de Interior y de Justicia, Remigio Ceballos, y también calificó de «impecable» y apegada a los derechos humanos la operación. Aseguró que la toma policial de Tocorón está enmarcada en la llamada revolución judicial que ha anunciado el Gobierno.
Según el parlamentario oficialista, solo 10% de personas que son procesadas y cumplen su condena reinciden en la actividad delictiva, lo que evidencia que Venezuela «tiene uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo».
«Tenemos la determinación de garantizar la paz, la estabilidad democrática y la garantía de los derechos humanos al pueblo venezolano. No permitiremos que ningún ciudadano pretenda perturbar la paz y la soberanía de nuestra República», dijo desde la tribuna de oradores.
El acuerdo fue respaldado por la bancada de oposición. En nombre de la disidencia, el diputado Jesús Brito dijo que todas las medidas que se ejecuten para combatir la delincuencia, las redes criminales serán acompañadas.
«Las armas deben ser usadas por las instituciones del Estado, no por la delincuencia. Los centros penitenciarios son los espacios donde los hombres deben reeducarse y donde se les garantice la posibilidad de reeducar su vida y pasar a la reinserción social y volver como hombres nuevos», dijo.
Sostuvo que los diputados del Parlamento han estado en los penales del país y revisado cada situación y causa de los privados de libertad. Agregó que desde el Legislativo han hecho recomendaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público para que estos privados de libertad tengan acceso «a sus derechos humanos».
Con información de TalCual