CorteIDH responsabiliza al régimen por masacre del 2003 en cárcel de Vista Hermosa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió este jueves una sentencia en la señala como responsable al régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro, por las violaciones de derechos humanos de siete personas privadas de libertad que fallecieron y otras 27 que resultaron lesionadas como consecuencia de un operativo llevado a cabo el 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como Cárcel de Vista Hermosa.
De acuerdo con el organismo internacional, las fuerzas de seguridad del estado, específicamente la Guardia Nacional (GN), violó diversos artículos de la Convención Americana, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
“El Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en este caso –en referencia al caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela— (…) Para el efecto, señaló que las muertes perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, manifestó el organismo en el documento.
Asimismo, la CorteIDH manifestó que Venezuela reconoció que “como resultado” del operativo realizado por la Guardia Nacional, se produjeron las lesiones de las personas privadas de libertad, a lo que agregaron que, de la misma manera, el Estado también asintió la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Igualmente, la Corte Interamericana aseguró que el Estado venezolano se comprometió a cumplir con las reparaciones que se ordenara en la sentencia; además de valorar el reconocimiento, entendió que se debe profundizar en el esclarecimiento de los hechos.
“Las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003, al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida (…) constituyó una violación del derecho a la integridad personal”, expresa la misiva.
El tribunal también concluyó que, en la investigación efectuada, el Estado falló a la debida diligencia y que los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos, no se ha identificado a los responsables ni se ha proveído una reparación a las víctimas.
Finalmente, la Corte determinó que el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura, a lo que agregaron que familiares de las personas fallecidas también resultaron afectadas por la situación.
“Por el sufrimiento y angustia producidos por la pérdida de sus seres queridos y la falta de esclarecimiento de los hechos”, por lo que ordenaron la reparación por parte del Estado venezolano.
Con información de TalCual