Congreso de EEUU analiza crisis de DDHH en Venezuela entre secuelas de los terremotos
La reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio no solo pasa por levantar viviendas, hospitales e infraestructura. También requiere recuperar las instituciones democráticas y garantizar los derechos humanos, en esa idea coincidieron representantes de organizaciones venezolanas e internacionales durante una audiencia celebrada este miércoles 15 de julio en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos.
En la sesión, titulada Human Rights in Venezuela: Status and Opportunity, las organizaciones sostuvieron que la emergencia sísmica dejó al descubierto la fragilidad institucional del país y aprovecharon el espacio para insistir en la liberación de los 598 presos políticos que, según la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), permanecen privados de libertad.
La audiencia fue presidida por los congresistas James P. McGovern, demócrata por Massachusetts, y Chris Smith, republicano por Nueva Jersey, y contó con la participación de representantes de JEP, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y la Heritage Foundation.
«La reconstrucción también debe ser institucional»
La directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, afirmó que Venezuela enfrenta dos crisis que hoy se entrelazan: el prolongado deterioro institucional y las consecuencias del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, que dejaron miles de víctimas mortales y dambificados.
A su juicio, aunque el desastre natural y la crisis política tienen orígenes distintos, ambos dejaron al descubierto la incapacidad de las instituciones para proteger a la población.
«La reconstrucción también debe ser institucional», sostuvo Borges al señalar que el proceso de recuperación no puede limitarse a reparar carreteras, escuelas o viviendas. En su intervención pidió poner a las víctimas en el centro de las políticas públicas, proteger a la sociedad civil, dimensionar la crisis con base en evidencia y garantizar una participación ciudadana efectiva en la reconstrucción del país.
WOLA: los terremotos agravaron una crisis humanitaria
La directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Laura Cristina Dib, recordó que la emergencia humanitaria ya era profunda antes de los terremotos.
Indicó que, de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, 7,2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria antes de los sismos y afirmó que el plan de respuesta apenas había recibido 23% del financiamiento requerido.
Según explicó, los terremotos profundizaron las carencias acumuladas durante años al afectar hospitales y evidenciar las limitaciones del Estado para responder a la emergencia. En contraste, destacó que organizaciones independientes y ciudadanos asumieron buena parte de las labores de asistencia a los damnificados.
Dib instó al Congreso estadounidense a mantener el respaldo a la sociedad civil venezolana y apoyar iniciativas orientadas a recuperar el Estado de derecho, proteger la libertad de prensa y fortalecer el espacio cívico.
JEP: aún hay 598 presos políticos
La directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, participó vía online y reconoció que durante 2026 se registraron avances con la excarcelación de un número importante de presos políticos y la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía.
No obstante, advirtió que persisten problemas de transparencia porque las listas oficiales de las personas beneficiadas no han sido entregadas a organismos internacionales ni a organizaciones de derechos humanos, lo que impide verificar de manera independiente los anuncios realizados por las autoridades.
Tineo informó que Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado la excarcelación de 795 presos políticos, aunque aclaró que solo una minoría obtuvo la libertad plena mediante la Ley de Amnistía. La mayoría continúa sometida a medidas cautelares y mantiene procesos judiciales abiertos.
La organización registra actualmente 598 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre civiles y militares. Tineo insistió en la necesidad de lograr su liberación, derogar las normas que restringen el espacio cívico y desmontar las estructuras que, según afirmó, han facilitado violaciones de derechos humanos.
Denuncian un patrón de persecución
La abogada sénior para América Latina del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, Isabel Carlota Roby, aseguró que las violaciones de derechos humanos en Venezuela responden a un patrón sostenido de persecución política.
Como ejemplo, recordó la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando indicó organismos de seguridad del Estado y colectivos armados actuaron contra manifestantes.
Roby afirmó que en ese contexto al menos 25 personas fueron asesinadas, miles resultaron detenidas y las desapariciones forzadas fueron utilizadas de manera sistemática para sembrar miedo entre la población, conclusiones recogidas en un informe publicado por la organización en 2025.
Al cierre de la audiencia, las organizaciones coincidieron en que la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos no puede desligarse de la crisis institucional que atraviesa Venezuela. A su juicio, la reconstrucción del país exige atender las necesidades inmediatas de los damnificados, pero también fortalecer las instituciones democráticas y las garantías para el ejercicio de los derechos humanos.
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